El Gobierno vasco advierte de una "contradicción reseñable" en el fallo sobre la homologación de títulos universitarios extranjeros

Tras la decisión del Tribunal Supremo de anular la transferencia a Euskadi de la homologación de los títulos universitarios extranjeros, el Gobierno vasco ha lamentado el impacto que supone el fallo del Alto Tribunal.

En este sentido, el consejero de Universidades, Ciencia e Innovación ha apuntado que la sentencia deja tres principales damnificados: la competencia del estatuto, quienes tenían previsto solicitar la convalidación de sus títulos universitarios y la propia comunidad vasca al perder el talento de determinados perfiles profesionales. Antes de hace la valoración sobre los perjuicios que supone la sentencia del Supremo, remitida al Ejecutivo vasco el pasado viernes, Juan Ignacio Pérez Iglesias ha destacado que su departamento ve “una contradicción entre la sentencia y el mecanismo de aprobación” de dichos títulos.

En este sentido, ha explicado que el procedimiento para la homologación de títulos se inicia a instancia de las universidades quienes, posteriormente, trasladan la propuesta al Gobierno vasco. “Se evalúa la conveniencia del título en términos de si va a aportar al panorama socioeconómico”, ha comenzado explicando. Un proceso, según ha insistido, en el que juega un papel clave UNIBASQ, la Agencia de Calidad del sistema universitario vasco. “Una vez se ha acreditado, si lo supera – en referencia al examen que se realiza para establecer la conveniencia de su homologación-, que no siempre ocurre, vuelve al departamento y se autoriza el título”, ha resumido.

En definitiva, se trata de un proceso cuyo peso recae en el departamento de Universidades, Ciencia e Innovación, mientras que el Ministerio le da “valoración oficial”. Este último paso es “un trámite”.

Contradicción reseñable

“Además de esta contradicción, se derivan unas consecuencias para la capacidad de autogobierno y, por otro, están las expectativas frustradas de los solicitantes hasta que no se arbitre una solución intermedia”, ha añadido Pérez Iglesias. Preguntado por el número de solicitudes recibidas durante los quince días en que estuvo vigente la competencia, hasta que fue suspendida de manera cautelar, el consejero ha apuntado que fueron cerca de 200 las personas que pidieron la homologación de sus títulos universitarios.

“Ahora tendrían que trasladar los expedientes de nuevo a Madrid", ha recalcado el consejero, quien ha apostillado que en la sede del Ministerio “hay una cola que dura años” hasta que se vean resueltas dichas demandas. Sobre el número de demandantes que podrían haberse beneficiado de dicha homologación, Pérez Iglesias ha cifrado el número de expedientes en la horquilla de los 600- 800. “Teniendo en cuenta no es difícil de estimar que no andarán lejos de los 600-800 expedientes”, ha estimado.

Acciones a adoptar

Desde el primer momento en que tuvo conocimiento del fallo, el Ejecutivo de Pradales ha valorado la sentencia como una intromisión clara en el ámbito político. Por ello, avanzó que estudiaría interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional dada la trascendencia de dicha competencia, encaminada a dar respuesta a las necesidades que Euskadi tiene de determinados perfiles profesionales, como es el caso de ingenieros, médicos o enfermeras.

En lo que respecta a las posibles medidas a adoptar por parte del Gobierno vasco para tratar de revertir esta situación, la portavoz María Ubarretxena ha avanzado que están trabajando con el Ministerio de Política Territorial para dar una respuesta tanto en el corto plazo como con vistas a futuro.

“Estamos trabajando para que esto se solucione, esta semana tendremos una decisión tomada”, ha asegurado en respuesta a si el Gobierno vasco recurrirá al Tribunal Constitucional. “Al margen de poder acudir a este, estamos valorando otras acciones a más largo plazo”, ha avanzado. En cualquier caso, ha clarificado, serán unas decisiones “acordadas y consensuadas entre ambos Gobiernos”.

"Tenemos una necesidad de profesionales, no sólo en el ámbito sanitario, también en otros ámbitos, y muchas personas van a ver frustradas sus aspiraciones", ha advertido. Ubarretxena ha explicado que hay "muchísimas personas extranjeras que se están dedicando ahora mismo al cuidado de las personas mayores porque tienen títulos universitarios que no los pueden homologar". "Estamos hablando de mujeres ingenieras, abogadas, dentistas que no pueden ejercer su profesión porque no tienen ahora mismo ese título homologado en Euskadi", ha señalado.

Respecto al ámbito sanitario, la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, ha recordado que el consejero de Salud ya ha insistido en que hacen falta profesionales y ha defendido que "el Departamento y el Gobierno vasco lo que están intentando buscar es una solución para paliar esta falta de profesionales" poniendo sobre la mesa del Ministerio "diversas soluciones que a corto plazo se le han ocurrido al Gobierno vasco para intentar solucionar" este déficit de profesionales, como la propuesta de reducir a tres años la formación de médicos de familia.

La sentencia del Supremo

El Tribunal Supremo emitió hace cuatro días la sentencia con la que quedaba anulada en su totalidad el Real Decreto por el que se traspasaban a Euskadi funciones y servicios de homologación y declaración de equivalencia de títulos obtenidos en el marco de sistemas de educación superior extranjeros a un título universitario oficial español. En dos sentencias la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo se concluyó que si para el Tribunal Constitucional "la actividad administrativa de verificación de las condiciones de expedición de títulos profesionales asociados a enseñanzas universitarias ha de ser competencia exclusiva del Estado, por las mismas razones (…) ha de serlo la consistente en verificar la procedencia de la homologación de títulos universitarios extranjeros, ya que requiere comprobar la enseñanza gracias a la cual se han obtenido".

Fachada del Tribunal Supremo EP

En el momento en el que el Tribunal Supremo decretó la suspensión cautelar del traspaso a la CAV de las funciones para la homologación de títulos extranjeros en julio de 2024, el Ejecutivo vasco ya reivindicó que se trata de una competencia contemplada en el Estatuto y legalmente asumida por las instituciones vascas.

Sin embargo, el tribunal se planteó si el Acuerdo que recoge el Real Decreto impugnado era una ampliación de funciones y servicios en materia de enseñanza a la CAV o si, por el contrario, se trataba de una transferencia extra-estatutaria, contraria a la Constitución.

Para resolverlo, recurrió a la doctrina del Tribunal Constitucional (en sentencia invocada en el proceso relativo a las profesiones de abogado y procurador) sobre la competencia estatal en materia de expedición de títulos que subraya que corresponden al Estado, no solo la regulación, sino también aspectos ejecutivos, como son los relativos a la comprobación de los niveles de exigencia de la formación necesaria para obtenerlos. Esto se traduce, según quedó recogido en la sentencia, en que la competencia, aun siendo ejecutiva, es del Estado. Por tanto, "no caben traspasos de funciones y servicios a las Comunidades Autónomas en los términos en que se ha efectuado por el Real Decreto 366/2024 y el Acuerdo que contiene".