El consejero de Educación, Jokin Bildarratz, acusó ayer a las empresas de transporte escolar que no están prestando este servicio en Bizkaia y Araba de “utilizar como rehenes a las familias” y les ha instado a que “lo reconsideren y reconduzcan”. “La educación es un servicio público básico y el transporte es esencial para dar ese servicio público; no se puede jugar así con las familias”, afirmó poco antes de participar en la apertura del curso académico 2023-2024 de Dantzerti-Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Euskadi.
En declaraciones a los medios de comunicación, Bildarratz recordó que en un Estado de Derecho “todos tenemos derechos y también obligaciones y deberes, entre ellos cumplir la ley: la orden emitida por el Gobierno Vasco para que presten el servicio de transporte escolar es un acto administrativo de ejecución forzosa”, remarcó.
Tras recordar que las empresas pueden recurrir dicha orden, destacó que “no cumplir la ley” resulta “negativo” para las familias y los alumnos, pero también para las empresas, porque “tendrá consecuencias”. Sobre estas consecuencias aseguró que el Departamento jurídico de Educación está “evaluando y midiendo cada caso, porque no todas las empresas son iguales ni están en la misma situación”, y reiteró que “las empresas deben saber que en un Estado de Derecho las normas se cumplen”. Según dijo, durante la jornada de ayer la incidencia de prestación del servicio fue “similar” al pasado viernes: 100% en Gipuzkoa; cerca del 60% en Araba, y 10% en Bizkaia.
Tras cuestionarse de nuevo por qué “con las mismas condiciones” se da esa diferencia entre Bizkaia y Gipuzkoa, indicó que el departamento trabaja en este momento en cómo “compensar” a las familias que carecen del servicio de autobús. “Cuando tengamos algo concreto, lo haremos saber”, aseguró.
Sin diálogo
Bildarratz reconoció que en la actualidad “no existe diálogo” con las empresas y añadió que Educación “hará todo el esfuerzo posible” por solucionar este conflicto, que ya se produjo también el año pasado y se resolvió la víspera del inicio de las clases. Este curso las empresas rechazaron mantener las rutas del año pasado por entender que no son rentables mientras el Gobierno Vasco no suba el precio que abona.
El Gobierno Vasco emitió entonces una orden que les obliga a prestar el servicio hasta que se adjudiquen las rutas del curso 2023-2024, para lo que paga a quienes cumplen la orden el coste real del transporte, más el 6% del beneficio empresarial. Algunas asociaciones de madres y padres como el AMPA de la ikastola Etxaurren, ubicada en Ayala en Araba no han llevado a sus hijos a clase en señal de protesta y hoy acudirán andando por la carretera “para visibilizar lo que supone estar en esta situación” de “privación del derecho al transporte escolar” y reivindicarán a las parte “una solución inmediata”.
No parece que la salida al conflicto esté cerca ya que las empresas no han aflojado su postura pese a los distintos reveses administrativos. La Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) ha incoado expediente sancionador por un posible acuerdo entre las empresas de transporte escolar para no presentarse a las licitaciones convocadas para este.
Según la información recabada en la fase de información reservada, la AVC considera que existen “indicios racionales” de una infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, respecto de las conductas de 25 entidades de transporte escolar en el territorio de Araba, 45 en Bizkaia y seis en Gipuzkoa. – NTM