Perú promete a la ONU investigar las denuncias de violencia policial

El Gobierno peruano aseguró ayer ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que investigará posibles “excesos” de las fuerzas del orden en la respuesta a las actuales protestas, aunque afirmó que sobre todo han sido grupos minoritarios de manifestantes quienes ejercieron “violencia indiscriminada”. “Si ha habido algún exceso se va a investigar”, aseguró en su intervención en el Consejo el embajador peruano ante la ONU en Ginebra, Luis Chuquihuara, quien destacó que no obstante las autoridades han intentado “responder dentro de los estándares internacionales de resolución de conflictos de esta naturaleza”.

“Perú está comprometido con las protestas sociales pacíficas, pero cuando lamentablemente algún sector minoritario de los manifestantes ha incurrido en violencia contra bienes del Estado o contra otros ciudadanos, las fuerzas del orden han tratado de restaurar la paz social”, declaró el diplomático. El fiscal superior provisional, Daniel Jara, agregó que ya se han iniciado seis investigaciones por la muerte de 18 personas y catorce heridos en protestas en las regiones de Ayacucho, Junín, Apurímac y Lima, así como por la agresión al periodista Aldair Mejía cuando cubría los incidentes en la ciudad de Juliaca.

Examen en plena crisis

Perú fue sometida ayer al examen periódico sobre la situación de sus libertades fundamentales por parte del Consejo (formado por 47 estados miembros de la ONU), el primero en cinco años para el país y que coincide en esta ocasión con la grave crisis producida tras el fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo. Por videoconferencia desde Perú, la delegación institucional peruana ante este examen, liderada por el nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello, comenzó lamentando la pérdida de vidas humanas (más de 60 hasta el momento) pero aseguró que “la protesta no puede confundirse con acciones delictivas”.

Tello denunció en este sentido ataques violentos en el marco de las protestas a centros de salud, instituciones judiciales, pequeñas y medianas empresas con pérdidas millonarias, a medios y periodistas, y bloqueo de carreteras que quebró “el derecho a la libertad de tránsito”.

El ministro subrayó que pese a la violencia las actuales autoridades peruanas reconocen las exigencias de los manifestantes, que “forman parte de una deuda histórica con regiones y sectores de la población marginados”.

Elecciones anticipadas

También indicó que algunas de las exigencias de reformas políticas y electorales de las protestas están siendo ya respondidas, entre ellas el adelanto de elecciones, que se celebrarían en abril de 2024, si esto es aprobado en segunda votación por el Parlamento. “Nuestro compromiso es conducir una transición política con los brazos extendidos a todos los actores legítimos sobre la base del diálogo”, aseguró el titular de Justicia, quien añadió que se ha creado una comisión para atender a las víctimas de las protestas.

La revisión periódica incluyó la intervención de más de 60 estados, aunque sólo algo más de una veintena comentaron la reciente crisis, expresando en general preocupación por la pérdida de vidas humanas y pidiendo a Perú que investigue el uso desproporcionado de la fuerza.

La delegación de Reino Unido habló directamente de “abusos policiales y de las fuerzas armadas en las manifestaciones y protestas”, aunque también consideró “inaceptables” los casos de vandalismo por parte de manifestantes violentos.