Representantes de la organización de derechos humanos Pro-Búsqueda, fundada en 1994 por el jesuita vasco Jon Cortina, pidieron este jueves a la Justicia de El Salvador que agilice las investigaciones en los casos de crímenes cometidos durante la guerra civil (1980-1992), con causas penales actualmente abiertas.
Uno de esos casos, según dijo en una conferencia de prensa la directora de Pro-Búsqueda, Ana Julia Escalante, es el de las hermanas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, quienes sufrieron desaparición forzada, cuya causa penal lleva 27 años y aún no se ha dictado sentencia.
"Pedimos a la Justicia de El Salvador que analice y promueva aquellas diligencias para superar la fase de instrucción en la que se encuentran varios casos, como, por ejemplo, el de las hermanas Serrano Cruz", apuntó.
La causa penal en este caso, que fue abierta tras la denuncia de la madre de las víctimas, es conocida por el Juzgado de Primera Instancia del departamento de Chalatenango (norte) contra militares de Batallón Atlacatl.
De acuerdo con el testimonio de Suyapa Serrano Cruz, hermana de las víctimas, "unos soldados se llevaron a sus hermanas durante un operativo acaecido en 1982 en el cantón Los Alvarenga, jurisdicción de Nueva Trinidad", al norte de El Salvador.
El Salvador ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en dos ocasiones por la desaparición forzada de niños en operaciones militares: en 2005 por el caso de las hermanas Serrano Cruz y en 2011 por el caso Contreras y otros, ambos ocurridos en 1982.
La petición de Escalante se da a propósito del 41 aniversario de la masacre de cientos de civiles a manos del Ejército y la desaparición forzada de más de 150 niños, hechos que siguen en la impunidad.
Estos asesinatos y desapariciones se registraron en mayo de 1982 y fueron perpetrados por miembros de los batallones Ramón Belloso y Atlacatl durante una operación conocida popularmente como la "guinda (escape o carrera) de mayo" en el marco de la guerra civil (1980-1992).
"Año con año, la conmemoración de la guinda de mayo ha ido retomando un significado que es poner sobre la mesa la importancia de reconocer los daños causados a las familias", aseguró Escalante.
La activista lamentó que el Estado salvadoreño "no retome este tipo de casos" y que "seamos las organizaciones y las familias de las víctimas las que nos unamos para generar denuncia".
Escalante instó a la Fiscalía a "continuar realizando investigaciones que descarguen a las víctimas de la responsabilidad de búsqueda, lo que implica superar las barreras que han mantenido impunes a los responsables de los hechos".
La guerra salvadoreña, que enfrentó al Ejército, financiado por Estados Unidos, y a la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), dejó un saldo de 75.000 muertos, unos 8.000 desaparecidos y al menos 12.000 lisiados.
Actualmente existen procesos penales abiertos en el caso del asesinato de san Óscar Arnulfo Romero (1980), la masacre de unos 1.000 campesinos en la remota localidad de El Mozote (1981), el asesinato de seis padres jesuitas (1989), cinco de ellos españoles, y dos de sus colaboradoras, entre otros hechos.