La ministra de Justicia, Pilar Llop, advirtió ayer de que "apostar por el regulacionismo de la prostitución implica convertir al Estado en proxeneta" y defendió que "una sociedad democrática no puede consentir que esto ocurra". Llop participó en el acto 8M. Más Feminismo. Mejor democracia organizado por el PSOE en Valencia. La ministra afirmó que "el abordaje abolicionista se tiene que hacer desde todas las administraciones y no dándole el enfoque que se ha dado en el Ayuntamiento de Alicante" puesto que, apuntó, "va en contra de la protección de la libertad y la seguridad de las mujeres". "Las administraciones debemos trabajar por la sensibilización social, la asistencia y la recuperación de las víctimas", manifestó, tras señalar que "la clave y la llave para conseguir la sociedad libre e igualitaria que necesitamos y deseamos está en la educación".
Una cuestión de democracia Por su parte, la secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, apostó por abordar la cuestión de la prostitución "como una cuestión de democracia que se debe de afrontar de forma conjunta" y señaló que "este es el último reducto de misoginia que queda en esta sociedad, y tenemos que enfrentarnos a ella desde el punto de vista legal". "Necesitamos del ejército de nuestra militancia para conseguir cambiar el país", destacó Fernández, al tiempo que reiteró que los socialistas van "a levantar la bandera abolicionista y dar esta batalla" aunque se queden solos. La vicesecretaria general y portavoz de Igualdad del PSPV-PSOE, Ana Domínguez, remarcó las acciones que se pueden llevar a cabo desde el punto de vista local, las cuales "tienen que estar enfocadas en castigar al putero y acompañar a las mujeres prostituidas para que tengan un proyecto de vida y oportunidades como el resto de la sociedad". Domínguez señaló también la necesidad de "llamar a las cosas por su nombre: las mujeres prostituidas son víctimas".