El PNV votará finalmente en contra de la Ley de Vivienda de Sánchez por suponer un "grave ataque al autogobierno vasco y catalán". Y su anuncio viene con golpe de efecto porque ha pactado actuar en bloque con Junts per Catalunya y PDeCAT. Tras la aprobación de esta ley en el Congreso de los Diputados con el apoyo, entre otros, de ERC y de una EH Bildu que niega que el proyecto invada las competencias vascas y acusa al PNV de buscar una coartada, los jeltzales van a protagonizar una rueda de prensa conjunta con el PDeCAT y también con Junts per Catalunya para defender su voto en contra.
Esta imagen reconstruye al menos por hoy la unidad entre el PNV y las dos familias de la antigua Convergència, no solo con el PDeCAT, la rama más posibilista con quien todavía en 2019 se firmó un documento de cooperación en ámbitos como Europa; sino también con Junts, con quien la unidad resulta más insólita y había quedado maltrecha tras la etapa de la declaración unilateral de independencia de 2017, la mediación fallida del lehendakari entre el expresident Puigdemont y el expresidente Rajoy, y tras la apuesta de Junts por la confrontación con el Estado sin renunciar a la unilateralidad. El PDeCAT y Junts también han recuperado la unidad tras la escisión del grupo y se ha escenificado un cierre de filas total entre el nacionalismo vasco y catalán al margen de EH Bildu y ERC. Los portavoces del PNV, Aitor Esteban; de Junts, Míriam Nogueras; y PDeCAT, Ferran Bel, van a comparecer en el escritorio del Congreso.
El PNV endurece así su voto desde la abstención en comisión al voto en contra en pleno. Este movimiento se ha producido tras haber lanzado el guante al Gobierno español para negociar y no haber detectado la misma voluntad.
Las claves de la ley
Estos tres grupos ascienden a 14 escaños. La Ley de Vivienda deberá aún someterse al Senado y no entrará en vigor hasta que finalice toda su tramitación. El pacto con EH Bildu y ERC da carta de naturaleza a una regulación exhaustiva para declarar las zonas tensionadas en las que podrá limitarse el precio del alquiler, en lugar de dejar en manos de las comunidades la regulación de sus propios requisitos y limitarse a ofrecerles una percha. Podrán declararse zonas tensionadas en aquellos lugares en los que el precio del alquiler y los suministros básicos supere el 30% de la renta media de los hogares, o donde el precio del alquiler o venta haya superado en tres puntos el IPC en los últimos cinco años. Se establecerá un índice de contención de precios para los grandes tenedores de vivienda (pueden considerarse como tales los que posean más de cinco inmuebles), y los contratos de pequeños propietarios no podrán superar el límite marcado por su anterior alquiler.
Además, se dará continuidad durante este año a la limitación de la subida del alquiler del 2% que se puso en marcha tras el estallido de la invasión de Ucrania, en 2024 será del 3%, y en 2025 se aplicará un nuevo índice que no podrá superar el IPC. El PNV había planteado la posibilidad de ofrecer una percha que habilitara a los ayuntamientos para limitar los pisos turísticos a través de ordenanzas municipales, pero el PSOE se ha negado argumentando que eso sí supondría invadir las competencias autonómicas, mientras que Unidas Podemos sí se prestaba a ello pero condicionando nuevamente el margen de maniobra autonómico e imponiendo que el número límite de pisos fuera del 2% de la población de las zonas tensionadas.
Pedro Sánchez ha convertido la vivienda en su ariete para las elecciones municipales y en varias autonomías del 28 de mayo y ya avanzó hace unos días al PNV que no se iban a poder entender. El presidente español, al mismo tiempo que niega la invasión competencial, admite que su deber es "alinear" las políticas de vivienda en el Estado. El partido jeltzale es socio de investidura de Sánchez y en el segundo punto de su acuerdo se recoge el compromiso de negociar con el Gobierno vasco para evitar la judicialización y resolver las discrepancias. La consejería de Autogobierno de Olatz Garamendi, por su parte, no confirmará si recurrirá la ley al Tribunal Constitucional o no hasta que termine su tramitación en las Cortes estatales. El PNV cree que la actitud de EH Bildu se explica en parte en su intención de homologarse como socia de Sánchez.
"La nacionalización del autogobierno"
Durante el pleno del Congreso, Oskar Matute, de EH Bildu, ha centrado su intervención en justificar su apoyo y negar que se esté produciendo una invasión competencial, con el argumento de que el problema es que "las derechas" no quieren regular el mercado y utilizan este pretexto, un discurso que repitió ERC para rebelarse contra Junts y PDeCAT. Tras asegurar que esta ley, desde el punto de vista social, "es un paso corto, pero necesario porque la alternativa a esto es la desregulación" y que los grandes propietarios sigan haciendo negocio con un derecho, Matute defendió que el texto simplemente habilita a las comunidades, y que el PNV no ha tenido voluntad en los últimos años de hincar el diente al debate en el Parlamento Vasco. Dijo que en 2015 se aprobó una Ley de Vivienda con el voto en contra del PNV, que los portavoces del Gobierno vasco "dijeron que provocaría un efecto llamada de orden mundial", y que ya se pueden tomar medidas contra los pisos turísticos en Euskadi.
El jeltzale Iñigo Barandiaran ha recordado las palabras del propio Sánchez, quien ha avisado de que las comunidades deberán cumplir la ley y que su función es alinearlas, lo que deja poca duda sobre las intenciones del Gobierno español de extralimitarse. El PNV solo pedía un paraguas para que las comunidades pudieran actuar. Ha criticado a los partidos que se consideran soberanistas y que, sin embargo, han "legitimado" una de las invasiones competenciales más "fuertes" que se recuerdan y han aceptado la "nacionalización del autogobierno".
Barandiaran ha puesto en valor que en más de cuatro décadas sin ley estatal Euskadi ha tomado unas medidas propias que hubieran sido imposibles con esta ley. Ha citado el reconocimiento del derecho subjetivo a la vivienda, un parque de alquiler protegido con 26.000 viviendas (el 16% del Estado, cuando Euskadi representa el 4,5% población), el impulso a las reservas de suelo con los ayuntamientos para la vivienda protegida, las ayudas de 300 euros mensuales para jóvenes... "Es mejorable, pero es la realidad", ha zanjado.
La defensa gubernamental
Desde Unidas Podemos, la líder de Podemos Euskadi, Pilar Garrido, ha avisado de que hoy no termina nada, y habrá que seguir empujando para que las comunidades utilicen "el 100% de esta ley". A su juicio, decir sí a esta ley es decir sí a los vascos, y rechazarla es dar carta blanca a los fondos buitre. Ha avisado también a Sánchez de que hacen falta dotaciones presupuestarias y le ha afeado que se "venga arriba" con sus anuncios sobre la Sareb.
La defensa del proyecto por parte del Gobierno español se la han repartido las ministras de Derechos Sociales (Ione Belarra, de Unidas Podemos) y de Agenda Urbana, Raquel Sánchez (PSOE). Belarra ha puesto el foco en la presión social y los colectivos antidesahucios como motor, y Sánchez ha defendido que la ley tiene "solidez jurídica" y no va contra nadie.