La Comisión de Instituciones del Parlamento Vasco ha aprobado este jueves el dictamen del proyecto de ley de Protección de Datos Personales y de la Autoridad Vasca de Protección de Datos, con el apoyo del PNV, PSE-EE y PP.
Al informe de ponencia ha votado en contra EH Bildu y se ha abstenido Elkarrekin Podemos. Este dictamen deberá ser ratificado posteriormente en pleno, donde se aprobará la ley que lleva en tramitación parlamentaria desde hace casi un año.
Esta nueva ley adaptará la normativa autonómica de protección de datos al reglamento europeo y a las leyes estatales sobre esta materia y la principal novedad es la creación de la Autoridad Vasca que modifica la naturaleza y las competencias que tiene hasta ahora la Agencia Vasca de Protección de Datos.
Así será la nueva Autoridad Vasca de Protección de Datos
La futura Autoridad estará facultada para investigar, de oficio o a instancias de parte, cualquier posible irregularidad en el tratamiento de datos personales y tendrá capacidad sancionadora.
Cuando las infracciones sean imputables a autoridades, altos cargos y personal directivo se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco una "amonestación" al responsable, y las sanciones impuestas a administraciones e instituciones públicas serán comunicadas al Ararteko.
En virtud de la directiva europea y de la ley orgánica española, las sanciones que se podrán imponer podrían llegar hasta el millón de euros en los casos más graves.
La Autoridad Podrá realizar inspecciones periódicas, circunstanciales, de oficio o a instancia de las personas afectadas y también planes de auditoría preventiva para analizar el cumplimiento con las normativas vigentes.
Para recabar la información necesaria sus inspectores podrán acceder a locales, examinar soportes o sistemas de información que contengan datos personales, requerir el envío o ejecución de programas, aplicaciones, procedimientos o documentación que gestione el tratamiento de dato.
También podrán acceder al domicilio de la persona inspeccionada con su consentimiento o con la correspondiente autorización judicial.
Las administraciones públicas o las personas sujetas a la investigación estarán obligadas a colaborar y a proporcionar los datos requeridos.