PNV y Junts exigen al Estado que respete sus competencias ante la nueva Ley de Juventud

Nada más conocerse el reparto de ministerios del Gobierno español, el PNV torció el gesto por la creación de dos carteras en materias que no son competencia del Estado: Vivienda, y Juventud e Infancia. Este movimiento le hizo ponerse en guardia, ante la posibilidad de que el Estado diera el paso de aprobar leyes que invadan competencias autonómicas. De hecho, ya había sucedido en la anterior legislatura en materia de vivienda, cuando todavía no se había desgajado como ministerio en solitario. Y, salvo que se establezca alguna salvaguarda competencial, esa misma situación podría repetirse en materia de juventud, con la diferencia de que, en esta ocasión, el Gobierno necesita los votos de todos sus aliados y no podrá aprobar ninguna ley sin amarrarla con ellos. La ministra del área, Sira Rego, de Izquierda Unida, ha comparecido este miércoles en comisión para exponer sus planes para la legislatura y ha encendido todas las alarmas entre los grupos nacionalistas vascos y catalanes al anunciar la primera Ley de Juventud estatal de la democracia. 

Muy fino tendrá que hilar la ministra en esa ley para evitar el choque competencial, una tarea que se presenta como la cuadratura del círculo. Rego, además, planteó una “visión amplia y completa de derechos”. El PNV avisó de que no podrá erosionar las competencias, y Junts se preguntó directamente cómo va a poder garantizar el Estado ese respeto competencial si plantea una ley en estos términos. En el caso vasco, el choque, a falta de que se concrete la ley, puede ser total. El Estatuto de Gernika reserva de manera categórica esta materia como “competencia exclusiva” de Euskadi en su artículo 10.39. El artículo 10 desglosa el listado de competencias exclusivas, y en esa lista aparecen la “política infantil, juvenil y de la tercera edad”.

Además, el Parlamento Vasco ya aprobó en 2022 su Ley de Juventud y está a un paso de sacar adelante la de Infancia y Adolescencia. La Ley de Juventud vasca apuesta por adelantar la edad de emancipación hasta los 28 años en 2030 y, en ese sentido, el 20 de febrero entrará en vigor la ayuda de 300 euros al mes durante dos años para facilitar que accedan a la vivienda las personas de entre 25 y 29 años. Precisamente sobre la emancipación habló la ministra, cuando aludió de manera expresa a la edad de acceso a la vivienda, y citó como primer eje de su futura ley “los derechos económicos y la cobertura social, de empleo y vivienda”. Esta es una materia ya regulada por Euskadi.

La propia ministra, en un mensaje que ya es habitual en el Gobierno español, reconoció que las comunidades tienen competencias. Pero sigue adelante. ¿Con qué argumento? Con la vocación de “coordinar” y de desarrollar el artículo 48 de la Constitución española que prevé promover las condiciones para la participación de la juventud en el desarrollo económico o social. No es, sin embargo, un título competencial. “Por eso anuncio que vamos a trabajar en la primera Ley de Juventud de nuestro país”, avanzó.

En concreto, admitió que “una buena parte” de las materias “tienen que ver con competencias que tienen encomendadas las comunidades autónomas” y su intención es la de propiciar la “coordinación”. Con mayor o menor intensidad, todos los nacionalistas vascos y catalanes reivindicaron las competencias. Pero fueron PNV y Junts quienes marcaron con claridad los límites, rechazaron que el Estado coordine sin tener competencias, y se opusieron a cualquier "tutela", como ya sucedió en la anterior legislatura con la Ley de Vivienda. La diferencia es que ahora sus votos son indispensables y el Gobierno español no podría recurrir en exclusiva a EH Bildu o ERC.

El PNV recuerda que la competencia es vasca

La jeltzale Maribel Vaquero aseguró que “son las comunidades autónomas, e incluso las instituciones locales, las competentes” en la materia. “Tendrá que gobernar sin erosionar las competencias”, porque esa actitud definirá la colaboración más o menos positiva que pueda tener con su grupo. “Acaba de anunciar la primera Ley de Juventud, y Euskadi ya tiene una desde 2022, en base a un Estatuto de Gernika que dice que es competencia exclusiva de la comunidad autónoma vasca. Así como Euskadi, habrá comunidades autónomas que tengan sus leyes, porque es competencia autonómica”, dijo, para recordar también que el Parlamento Vasco va a aprobar en unos días la Ley de Infancia y Juventud, pactada entre PNV, PSE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU. A partir de ahí, Vaquero se centró en pedirle cuentas y exigirle que cumpla “solo lo que compete al Estado”, en cuestiones como los menores no acompañados.

Rego le respondió que su compromiso es la "cogobernanza" desde "el máximo respeto al ámbito competencial". "Vamos a aprender mucho de las leyes autonómicas a nivel territorial", llegó a decir. Reconoció también que IU, su propio partido, ha participado en la aprobación de las leyes vascas al respecto.

Junts: "¿De qué manera va a garantizar ese respeto?"

Desde Junts, Pilar Calvo coincidió en que “Catalunya también tiene una Ley de Juventud”. “¿Cómo podrán respetar las competencias en sanidad, educación o vivienda? ¿De qué manera se va a garantizar ese respeto competencial para que podamos dar ese respaldo?”, preguntó. Desde ERC, Jordi Salvador repitió que la “competencia de Catalunya es exclusiva”.

Bildu vigila, pero aplaude el compromiso de Rego

EH Bildu también avisó de que estará vigilante, aunque con la diferencia de que sí pareció dar por bueno el matiz de la ministra, que habló de coordinación con las comunidades y reconoció que las competencias son autonómicas. Bel Pozueta valoró “positivamente que en el aspecto competencial tenga una actitud de pleno respeto a las competencias que tanto la CAV como Nafarroa tenemos”. “Estaremos muy atentas en el devenir de este ministerio”, avisó. No obstante, a diferencia del PNV, también dijo valorar “muy positivamente que se haya creado un ministerio”, porque espera “que conlleve poner los derechos de la infancia como prioridad”. El PNV cuestiona la existencia del ministerio y de una ley estatal en una materia que es autonómica.

El PP, desde la oposición y con otro espíritu, recriminó igualmente al Gobierno español que legisle sobre una competencia que es autonómica. El PP, que cuando ha gobernado en España ha actuado de la misma manera y ha provocado otros conflictos competenciales, esgrime ahora el autogobierno para convertirse en un contrapoder frente a Pedro Sánchez.

¿Otro choque con Sumar?

Si no se establece una salvaguarda competencial como las que prevé el pacto de investidura entre el PNV y Pedro Sánchez, se avecina otro conflicto competencial con un ministerio que no es socialista, sino de Sumar. Ya hace unas semanas, la imposición del uso de las mascarillas en los centros sanitarios, otra medida de Sumar, provocó un choque jurídico con el Gobierno vasco. La Ley de Vivienda, por su parte, es socialista.

Rego apostó por un “proceso previo de participación con la juventud en la elaboración de esta ley”, una ley que tendría cuatro ejes: derechos económicos y cobertura social, de empleo y vivienda; participación política; salud mental y bienestar; y crisis ecosocial y justicia intergeneracional.