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El PNV ha hecho este jueves todo lo posible para que EH Bildu saliera escaldada del debate sobre los precios del alquiler que ha promovido en el Parlamento Vasco. Mientras EH Bildu insinuaba que el PNV está boicoteando el proceso y negando los datos fiscales y catastrales desde las diputaciones que lidera, los jeltzales aprovecharon para sacar a relucir que el proceso no avanza tan rápido como quiere EH Bildu porque la coalición abertzale apoyó una Ley estatal de Vivienda que se olvida de las haciendas forales, del autogobierno y de su sistema específico para contabilizar los datos. Además, le lanzó otro dardo: le dijo que esta ley tendrá un efecto muy limitado en Errenteria, el primer municipio que se ha declarado tensionado, porque solo hay “una” vivienda en alquiler. El PNV contrapuso su acuerdo con el Gobierno español para construir 5.000 viviendas en la zona que han ocupado los cuarteles de Loiola. “Necesitan ustedes 5.000 Errenterias para igualar esto”, lanzó Jonatan Moreno.
EH Bildu apoyó la Ley de Vivienda estatal de Pedro Sánchez, ha defendido que se declaren zonas del mercado tensionado para limitar los precios del alquiler, y este jueves defendió una proposición no de ley para exigir al Gobierno que desarrolle “de forma inmediata” un sistema de precios de referencia, con el objetivo de aplicarlo ya en Errenteria, donde gobierna. Este debate es un caramelo para EH Bildu, porque le permite hurgar y buscar las diferencias entre los dos partidos que componen el Gobierno, PNV y PSE. Los jeltzales no apoyaron esa ley socialista, y Xabier Astigarraga acusó a ambos partidos de boicotearse, pasarse la pelota y no facilitarse los datos necesarios. En los últimos tiempos, se ha señalado de manera expresa a las diputaciones lideradas por el PNV.
Sin embargo, los dos socios acordaron una enmienda que fue la que salió adelante con su mayoría absoluta, y que apuesta por “la necesaria colaboración entre las administraciones competentes, con el fin de generar los índices de referencia de precios del alquiler aplicables en Euskadi para sus zonas de demanda tensionada”. El PNV reconoció sus diferencias con esta ley (cree que invade competencias y que no es una solución mágica), pero quiso dejar claro que nadie en este Gobierno está en contra de declarar las zonas tensionadas. Añadió que las diputaciones no han enviado antes los datos necesarios porque la ley olvidó que hay cinco haciendas. “Y las haciendas vascas tienen un sistema de declaración de renta diferente del estatal. Esto ha supuesto que las haciendas vascas tengan que hacer un trabajo complejo. Pero la culpa no es suya, sino de quien hace una ley y se olvida de que existen los territorios históricos. Ustedes, últimamente, parecen querer acabar con la foralidad y con estos territorios históricos. No sé si su apoyo a esta ley obedecía a esta estrategia, o fue simplemente un descuido”, dijo.
El PSE, "cuanto antes"
Desde el PSE, Adrián Fernández aseguró que es el Ministerio de Vivienda el encargado de elaborar este índice pero que, en el caso de los tres territorios históricos, “es fundamental que las diputaciones forales proporcionen los datos al Ministerio”. “Es verdad que son datos de una complejidad técnica muy elevada, pero ello no quita que desde hace mucho tiempo tanto el Gobierno vasco como el de España se hayan puesto en contacto con las diputaciones para colaborar en todo lo necesario, con el único objetivo de poder tener cuanto antes los índices de precios”, dijo, para apelar a “la colaboración interinstitucional”.
“Y aquí es fundamental que cada administración haga el trabajo que le corresponde: los ayuntamientos deben pedir ser declarados zonas tensionadas; las diputaciones deben proporcionar cuanto antes los datos fiscales y catastrales y prestar la máxima colaboración para que los índices puedan ser elaborados por el Ministerio a la mayor brevedad; y el Gobierno vasco debe continuar liderando”, añadió. Y, en lo que pareció un desmentido a sus socios del PNV, dijo que las zonas tensionadas están funcionando en Catalunya, que los precios bajan y el saldo neto de los contratos es “positivo” pese a “los mantras de la derecha”.