PNV y PSE plantean ayudas para la pobreza energética y los refugiados

El lehendakari acudirá este viernes al pleno del Parlamento Vasco sobre las consecuencias de la guerra de Rusia contra Ucrania con la idea de ofrecer una red amplia que dé cobertura a las personas y las empresas afectadas, actuando en esos dos frentes. Y esa intención se va a reflejar, de saque, en los ejes de las 43 propuestas de resolución que tienen pensado registrar en el pleno los dos partidos que componen el Gobierno vasco, PNV y PSE, que pretenden que nadie se quede sin paraguas ante este chaparrón.

Es un número muy amplio de propuestas que toca una multitud de ámbitos y puede facilitar el consenso con los grupos, porque se abre así el abanico para negociar en muchas de áreas de trabajo. Destacan las ayudas para afrontar la pobreza energética y el alza en los precios de la energía, una respuesta integral para dar cobertura a los refugiados que llegan desde Ucrania, medidas de liquidez para las empresas, y mantener los complementos en los ERTE.

El PNV ya avanzaba el miércoles que, tras una primera respuesta más inmediata, de resistencia ante esta guerra y centrada en el tejido económico, la intención ahora era dar un enfoque más social al plan, aunque sin descuidar el ámbito del empleo. El PSE también deslizaba la idea del escudo social, que se verá reflejada en esas propuestas.

A falta de que se conozcan este viernes las iniciativas, y a falta también de lo que pueda dar de sí la negociación que se abra con los grupos en el pleno, las medidas van a tocar distintos palos.

FORMACIÓN PARA REFUGIADOS, EMPRESAS Y ALQUILER...

Sus ejes serán, entre otros, la asistencia a las personas refugiadas con programas formativos y cobertura educativa, las ayudas para la pobreza energética y las personas en riesgo de exclusión, una defensa de la coordinación institucional, la compra centralizada de energía, un emplazamiento a que se acelere la implementación de los fondos europeos y la aprobación de los proyectos estratégicos (PERTE), la competitividad, incentivar medidas de ahorro y eficiencia energética, la puesta en marcha de actuaciones para dinamizar la economía y el empleo, y la ampliación de los recursos para proporcionar liquidez a las empresas y el aplazamiento del pago de sus alquileres.

Se va a defender también la puesta en marcha de ayudas a las empresas de economía social afectadas por esta situación, y mantener los complementos en los ERTE, que ya se desplegaron desde la comunidad autónoma durante la fase más dura de la pandemia del coronavirus. Se actuará dentro de las competencias vascas, y con la intención de complementar las medidas adoptadas desde el Estado español.

La portavoz de EH Bildu, Maddalen Iriarte, con el lehendakari Urkullu, en foto de Efe

BONO ENERGÉTICO DE EH BILDU

El pleno monográfico de este viernes lo ha suscitado EH Bildu. En términos generales, los grupos coinciden en que hay que tomar medidas para proteger a las personas, y también para incentivar la economía y el empleo, aunque en la letra pequeña cada uno plantea sus propias recetas. Hay coincidencias en algunas medidas, pero también discrepancias en las cuantías monetarias o en la forma exacta de llevarlas a cabo. Pero esa preocupación generalizada por los precios de la energía y el impacto en los más vulnerables, la intención de dar cobertura social a los refugiados de Ucrania, y también la puerta abierta a arañar fondos de los remantentes del Gobierno vasco da cierto terreno de juego para que la sesión no termine en agua de borrajas.

Este pleno llega también tras la ronda de contactos del lehendakari con los partidos del Parlamento Vasco, con la excepción de la autoexcluida Vox. EH Bildu presentará propuestas de resolución que se inspiran en los ejes que puso sobre la mesa Maddalen Iriarte en ese encuentro. Planteó un bono energético de 250 euros, aumentar las cuantías y flexibilizar las condiciones para acceder a otras prestaciones sociales, activar 500 millones en créditos blandos, actuar en el campo de las ayudas directas, e impulsar un pacto por el empleo y los salarios.

Plantea financiar el plan recurriendo a los 1.877 millones de euros en remanentes que tiene como colchón el Gobierno vasco para afrontar imprevistos, para las caídas en la recaudación fiscal y para reducir la deuda.

El Gobierno vasco contempla la posibilidad de recurrir a parte de ese remanente para financiar las medidas que se aprueben este viernes, pero no dejará la caja vacía porque, en ese caso, Euskadi dejaría de contar con un colchón para los tiempos de vacas flacas y para cumplir lo presupuestado si se produjera un boquete en la recaudación de impuestos.

En cuanto al pacto de rentas, es un debate que está pendiente en el Estado, que tiene la competencia para elevar el salario mínimo, y donde Euskadi solo puede hacer recomendaciones a sus agentes sociales, a patronal y sindicatos, para que realicen una reflexión en la mesa de diálogo social. No se prevé que el lehendakari centre su intervención en un punto donde solo puede expresar una voluntad o una aspiración. Es, además, un asunto espinoso en el que no ha aflorado un consenso. El sindicato ELA no aceptará una subida que no se ajuste por completo al IPC. Otros sectores hablan solo de la inflación subyacente, del 3,4%, una vez restado el impacto de los precios de la energía.

¿REFORMA FISCAL DEL PP?

Otro de los debates que está en el aire es la reforma fiscal. El Gobierno vasco se remite a que los territorios forales son los que tienen la competencia pero, entrando al fondo del asunto, rechaza la rebaja de impuestos que pide el PP con el argumento de que deben garantizarse los servicios públicos, y se remite a la reflexión más pormenorizada y no coyuntural que tendrá que hacerse con vistas a 2023.

ELKARREKIN PODEMOS-IU Y LA EMPRESA PÚBLICA 

Las propuestas de Elkarrekin Podemos-IU han sido las que más han hecho fruncir el ceño en ámbitos del Parlamento y parece que, de manera sibilina, se dirigen a ellos las críticas de ausencia de realismo que han lanzado voces jeltzales y socialistas. Fuentes de la coalición explicaron a este periódico que sus propuestas de resolución se basarán en el documento con 48 medidas que trasladó Miren Gorrotxategi a Urkullu.

En él aparecen el cheque de cien euros por hijo, una empresa pública de energía renovable; incrementar el Impuesto de Sociedades en un 10% a las eléctricas o establecer un recargo y redistribuir el ingreso entre familias, pymes e industrias; firmar un pacto sobre los precios de la luz, el gas y el combustible; y complementar con 250 euros las pensiones inferiores a mil euros.