El PNV y el PSE han tumbado en el Parlamento una iniciativa para disolver la Comisión Ética Pública y sustituirla por un "órgano independiente que preserve el anonimato de los denunciantes" y resuelva los "conflictos de interés, incompatibilidades y puertas giratorias" en función de "principios éticos".
El debate ha llegado a la Cámara vasca de la mano de EH Bildu, que ha pactado después una enmienda transaccional con Elkarrekin Podemos-IU. El texto no ha salido adelante porque solo sido respaldado por estas dos coaliciones, ya que PP+Cs se ha abstenido y PNV, PSE y Vox han votado en contra.
En la iniciativa se constataba "la falta de medios" para "poner límites a las puertas giratorias y detectar casos de conflictos de interés", se planteaba la sustitución de la citada comisión por un ente independiente y se criticaba la "tardanza" del Gobierno vasco en regular la protección de los denunciantes de posibles casos de corrupción.
El parlamentario de EH Bildu Josu Estarrona ha afeado a PNV y PSE su "negativa cronificada" a impulsar nuevas medidas contra estas prácticas y ha cuestionado la eficacia de la citada comisión, que solo en 2 de sus 80 expedientes ha percibido incompatibilidad cuando un ex alto cargo del Gobierno Vasco ha pasado al sector privado.
Ha denunciado que este órgano "alarga los plazos hasta un año" cuando le interesa pero "da el pase de oro, como en 'Got talent'" cuando un cargo de confianza quiere empezar a trabajar en una empresa privada sin esperar los dos años que exige la ley para este tránsito.
Control externo al Gobierno
Ha relacionado este hecho con la composición de la comisión, ya que 3 de sus 5 integrantes pertenecen al Ejecutivo, y por ello ha defendido su disolución y la creación de una nueva entidad compuesta por profesionales independientes de manera que haya, ha dicho, un verdadero mecanismo de control.
Desde Elkarrekin Podemos-IU, David Soto ha instado a "dar una vuelta a la composición de la comisión y a cómo se accede a ella" porque en su configuración actual es "ineficaz". La "impunidad" en torno a las puertas giratorias es "preocupante" y hay que poner medios para "atajar la lacra" de que un alto cargo del Gobierno esté "al día siguiente" en una empresa privada.
Soto ha censurado además que el Ejecutivo no proteja el anonimato de las personas que denuncian irregularidades y ha lamentado que ahora "deprisa y corriendo" está dando pasos para regular esta cuestión "obligado" por una directiva europea, que le da de plazo hasta el 13 de junio para hacerlo.
Luis Gordillo (PP+Cs) ha abogado también por "acabar con la autoevaluación" por parte del Gobierno Vasco y ha defendido la creación de una "agencia independiente de valoración de las políticas públicas" y de otra agencia para seleccionar personal directivo para la Administración.
Estas medidas, ha asegurado, supondrían "una auténtica transformación" en el control de la gestión y de los cargos públicos y "no serían meros cambios estéticos" como los que a su juicio proponen EH BIldu y Elkarrrekin Podemos-IU.
PNV y PSE defienden el trabajo de la comisión
Desde los grupos de Gobierno, el jeltzale Jon Andoni Atutxa ha acusado a estas dos coaliciones de "querer reducir a escombros" el sistema de control del Gobierno vasco y de dar a entender que todo el trabajo desarrollado hasta la fecha "no vale de nada", aunque ha admitido que el sistema es "mejorable".
La socialista Miren Gallastegui ha lamentado la "presunción de culpabilidad" que padecen los cargos políticos y, aunque ha reconocido también que los sistemas de control pueden mejorarse, ha relacionado la iniciativa debatida este miércoles con la proximidad de las elecciones forales y municipales.
"Este tipo de asuntos dan carnaza y dan 30 segundos en el telediario", ha apuntado en este sentido.
La única parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha votado en contra de la proposición pero no se encontraba en el salón de plenos durante el debate por lo que no ha participado en el mismo.