Unidas Podemos acusó ayer lunes al PSOE de tener “bloqueadas” las negociaciones sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año que viene en aspectos esenciales para la formación, como es la reforma fiscal “pendiente”, actuaciones de refuerzo de servicios públicos, el impulso a la ley de familias y el desbloqueo de la normativa estatal sobre vivienda. A su vez, la vicepresidenta Yolanda Díaz admitió que las posturas en la coalición están alejadas en cinco bloques, entre ellos la fiscalidad.
En este contexto, el partido morado celebró que los socialistas hayan rectificado y vean ahora “con buenos ojos” el impuesto a las grandes fortunas que rechazaron en junio, aunque avisó a su socio de que no es suficiente y que tratarán de convencerle para que su carácter sea permanente, en lugar de temporal, porque la justicia fiscal “no es de quita y pon”. Así lo trasladaron los coportavoces estatales de Podemos, Pablo Fernández e Isa Serra, quienes mostraron su preocupación por las conversaciones sobre el anteproyecto de nuevas Cuentas públicas en el seno del Ejecutivo, al considerar que no avanzan. Serra recalcó que estos Presupuestos son cruciales para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Ucrania, abordar diversos problemas estructurales del país que están pendientes y dar un “horizonte de certezas” en el tramo final de legislatura, de cara a demostrar que están preparados para impulsar más avances sociales y volver a gobernar “con más fuerza”.
Por su parte, la titular de Trabajo reconoció que están “muy lejos” en la negociación para sacar adelante los nuevos Presupuestos. “No me gusta dar esta idea, pero la tengo que transmitir. Estamos muy lejos en la negociación”, manifestó Díaz antes de asistir a una comparecencia ante la Comisión de Trabajo del Congreso. La precursora de la plataforma Sumar incidió en que las diferencias con su socio de coalición se concentran en torno a cinco cuestiones: fiscalidad, medidas de conciliación, plan de choque contra la inflación, medidas para la transición ecológica y política social.
Respecto a la fiscalidad, además del nuevo impuesto sobre las grandes fortunas sobre el cual no hay acuerdo aún, la vicepresidenta reivindicó un tipo mínimo efectivo en el Impuesto sobre Sociedades del 15% y endurecer en el IRPF las rentas procedentes del capital frente a las del trabajo. Otras medidas que se están negociando giran en torno a la conciliciación de las familias, medidas para afrontar la inflación, algunas ya puestas encima de la mesa, y la transición ecológica. Díaz llamó a revertir recortes aprobados por el PP en materia de protección social durante la pasada crisis y mejoras en ayudas sociales.