La Comisión de Igualdad del Congreso aprobó ayer lunes la ley trans y de derechos LGTBI con el apoyo de los partidos del Gobierno y sus aliados parlamentarios, pero el PSOE no ha logrado que se introduzca su enmienda para endurecer el cambio registral de los menores, que no ha sido respaldada ni siquiera por el PP.
La propuesta socialista pretendía que los menores de 12 a 16 años necesitaran el aval judicial para poder cambiar el nombre y el sexo en el Registro Civil, una exigencia que el texto del Ministerio de Igualdad contempla únicamente para los menores de 12 a 14 años.
El PSOE buscaba con este texto, según recogía en la justificación de la enmienda limitar la autodeterminación de género en los menores de 16 años para “reforzar las garantías” para ese tramo de edad, de acuerdo con “el interés superior del menor”.
La oposición de Unidas Podemos a esta iniciativa dejaba al PSOE en manos del PP para poder aprobarla e incluirla en la norma. Finalmente, los populares ni siquiera se abstuvieron, sino que votaron en contra de la enmienda en la comisión de Igualdad, junto al resto de grupos representados en el órgano. Solo el PSOE apoyó su propia propuesta.
Este mismo escenario se ha vivido con otra de las enmiendas polémicas registradas por el principal partido en el Gobierno, con la que quería establecer que en caso de revertir el cambio de sexo en el registro, se tendría que obtener aprobación judicial a través de un expediente de jurisdicción voluntaria.
La ponencia de la ley, el órgano donde los grupos parlamentarios acuerdan las enmiendas presentadas, acabó el pasado 30 de noviembre sin acuerdo sobre las propuestas que el PSOE ha realizado a una ley que fue aprobada por su partido en el Consejo de Ministros.
Antes de fin de año
En la sesión de ayer lunes Unidas Podemos consiguió vetar, con 13 votos a favor, 23 en contra y ninguna abstención, la enmienda socialista sobre la necesidad de aval judicial para cambiar el nombre y el sexo en el DNI para los menores. Ahora ese texto será el que se vote en el Congreso, casi con toda probabilidad, porque aún podrían existir cambios debidos a pactos o enmiendas de última hora.
La votación de las enmiendas es el primer examen de esta norma que debe pasar después por el Pleno de la Cámara baja. Aunque la Comisión de Igualdad cuenta con competencia legislativa plena, el PP solicitó una avocación para que se produjera un segundo debate y votación en el hemiciclo del Congreso. De este modo, está previsto que la Cámara baja vote esta ley en Pleno antes de fin de año.
Retroceso de derechos
Antes del Pleno, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, reconoció que su formación está en la línea de la ley vasca y, por ello, “más cercana a la que defiende Podemos”. “Estamos a favor de que se apruebe una ley. Es un debate ideológico en torno a ver quién lleva determinadas banderas, alimentado por un sector concreto del PSOE”, indicó, y añadió que los jeltzales se sitúan “en la línea del proyecto de ley inicial”.
Ya durante el debate, la diputada de EH Bildu Bel Pozueta instó al PSOE a retirar las enmiendas que limitan los derechos de los menores trans y de las personas LGTBIQ+ migrantes. “No vamos a apoyar ninguna medida que conlleve un retroceso de derechos de las personas trans”, aseguró.
La coportavoz estatal de Podemos, Isa Serra, subrayó que la ley trans debe salir adelante antes del próximo 2023 y que la manifestación del pasado sábado, con todo el colectivo LGTBi unido para demandar su aprobación “sin ningún recorte”, debe concienciar al PSOE para respetar el texto que salió del Consejo de Ministros. “No vamos a aceptar ningún retroceso de derechos”, aseveró.