Podemos multiplica sus contradicciones para desmarcarse de la Ley de Educación

Desde que PNV, EH Bildu, PSE y Elkarrekin Podemos-IU acordaron las bases de la futura Ley de Educación, el grupo de Miren Gorrotxategi ha dado la sensación de ser el eslabón más débil de la alianza. Para algunos, es el menos convencido con el acuerdo, porque sufre fuertes presiones sindicales que condicionan su labor política y que han llevado a este grupo a rebuscar argumentos para desmarcarse de la futura ley. Pero Elkarrekin Podemos-IU, por su parte, asegura que, si llegara a votar en contra de la Ley de Educación que se presentará en las próximas semanas en Consejo de Gobierno, será porque la consejería de Jokin Bildarratz no está siendo leal a las bases pactadas. En los últimos días, el argumentario público de este grupo ha girado en torno a la idea de que el Gobierno no pone coto a la escuela concertada, la escuela privada que recibe fondos públicos y que supone aproximadamente la mitad de la red. Pero lo ha hecho incurriendo en contradicciones que debilitan su posición.

Toda esta polémica parte de la singularidad del sistema educativo vasco, con un fuerte peso de la concertada. El pacto educativo apuesta por una red potente que suma los esfuerzos de la pública y de la concertada, pero fijando condiciones a esta última para que ponga fin a la segregación del alumnado con menores posibilidades económicas. Para poder imponerle esas condiciones, tiene que entrar dinero público en esas aulas de las ikastolas y de Kristau Eskola, de manera que formen parte de la red educativa y deban rendir cuentas. Tampoco la ley estatal, la Lomloe, borra del mapa la red concertada. 

La Lomloe es la reforma educativa que lanzó la exministra Isabel Celaá y que después fue aprobada por el Gobierno español de coalición, ya con Unidas Podemos en su seno. ¿Dice la Lomloe que se debe retirar o minorar el apoyo económico de la Administración pública a la red concertada? En el artículo 81 sobre la escolarización, por el contrario, se pide dotar a los centros, “públicos y privados concertados”, de los recursos “necesarios” para poder escolarizar a los niños y niñas con dificultades económicas.

Dotar de los recursos "necesarios" a ambas redes

Esta ley salió a colación la semana pasada. En el Parlamento Vasco, Miren Gorrotxategi puso sobre la mesa el cobro de cuotas encubiertas en algunos centros concertados. El Gobierno vasco coincide en que la educación concertada debe ser gratuita para que el cobro de cuotas no sea una barrera que impida el acceso de los alumnos más vulnerables. Se trata de poner fin a la segregación social. Va a tomar medidas para que solo se pueden cobrar cuotas por servicios no educativos como los comedores. Pero, durante su intervención, Gorrotxategi recordó que la ley ya prohíbe desde hace años el cobro de cuotas, y citó, entre otras, la Lomloe. Esa ley encierra en su interior un artículo, el 81.4, del que Gorrotxategi no habló, y que choca con la acusación general al Gobierno vasco de “blindar” a la escuela concertada. 

El artículo dice que corresponde a las administraciones educativas asegurar una acción preventiva y compensatoria, garantizando las condiciones más favorables para la escolarización de todos los niños cuyas condiciones personales o sociales supongan una desigualdad inicial para acceder a las distintas etapas de la educación. En el artículo 81.4, establece que “las administraciones educativas dotarán a los centros públicos y privados concertados de los recursos humanos y materiales necesarios para compensar la situación de los alumnos que tengan especiales dificultades para alcanzar los objetivos educativos, debido a sus condiciones sociales”.

Aulas de dos años

Este artículo hila con una controversia anterior: la oferta presupuestaria del consejero Pedro Azpiazu al grupo PP+C’s, que recogía inversión para concertar las aulas de niños de dos años. Esta medida va en sintonía con la orden de conciertos aprobada el 21 de junio en Consejo de Gobierno, y con el decreto de admisión y escolarización publicado el 14 de noviembre, según el cual debe velarse por la escolarización de los alumnos vulnerables de dos años, algo que solo puede hacerse si las aulas privadas son concertadas, para exigirles a cambio esos compromisos.

La paradoja surge cuando Elkarrekin Podemos-IU critica que se ofreciera al PP esa concertación, como si fuera algo nuevo o poco publicitado. No solo lo conocía de antemano sino que, en una pregunta por escrito al consejero Bildarratz, llegó a apremiarlo para que concertara las aulas de dos años. En una pregunta registrada por escrito el 22 de septiembre por su parlamentaria Isabel González, este grupo pidió explicaciones por la “no concertación de las aulas de dos años”. Recordaba para ello la orden del 21 de junio y que, en julio, el Consejo de Gobierno solo resolvió la concertación del personal complementario. “¿Cómo justifica el Departamento de Educación el haber modulado la estructura de unidades del personal complementario de apoyo educativo y no la concertación del tercer curso del primer ciclo de la etapa de educación infantil, tal y como recoge la orden del 21 de junio de 2022, por la que se convoca la renovación de los conciertos educativos para los cursos escolares comprendidos entre 2022-2023 y 2027-2028?”, solicita, en una pregunta que parece tener un tinte de reproche por no haber concertado ya las aulas de dos años.

En una respuesta por escrito del consejero Bildarratz, del 20 de octubre, anuncia a Elkarrekin Podemos-IU que “la propuesta se encuentra modulada en el anteproyecto de Ley de Presupuestos para el ejercicio 2023 y, por ello, se procederá a su concertación a partir del curso 2023-2024”.

Desde la consejería y desde otros partidos se ha evitado hacer sangre con Podemos-IU con la aspiración de reconducir lo sucedido, y desde el Gobierno hablan solo de meros malentendidos. El grupo de Miren Gorrotxategi parece haber preparado el terreno para desmarcarse de la futura ley en un contexto marcado por las dos jornadas de huelga convocadas por Steilas, ELA y LAB. Su desmarque le permitiría, además, buscar un flanco para diferenciarse de EH Bildu en puertas de las elecciones municipales y forales de mayo.