La puerta de su vivienda se abre, y asoma el semblante risueño de María Ángeles Otegi. Casi parece otra persona. El rostro jovial de esta vecina de Usurbil desmiente su edad, 81 años. Refleja la mujer un estado de ánimo bien distinto al que mostraba el martes en el Boulevard donostiarra, cuando compareció ante los medios de comunicación un tanto aturdida junto a Stop Desahucios para denunciar que un prestamista con sede en Madrid quiere poner fecha y hora para la ejecución hipotecaria de su vivienda. “Yo podía haber pagado la deuda de mi hijo, pero el prestamista no me lo comunicó en ningún momento”. La pensionista, madre soltera, se sienta en el sofá, donde charla con este periódico.
La primera impresión al ver el salón, presidido por una chimenea frente a una barra americana de madera, es similar a la que devuelven esas acogedoras estancias de las casas rurales, tan amplias. Se trata de un ático de 90 metros cuadrados, bien situado, con tres dormitorios, todo exterior. En esta vivienda reside Otegi desde hace tres décadas. Una vida que discurría con aparente normalidad, hasta que llegó el fallecimiento de su único hijo, de 56 años.
Es el único momento en el que se empaña la mirada de Otegi. No quiere ponerse triste, pero no puede evitarlo al recordar las consecuencias del infarto fulminante. La comunicación del juzgado le llegó tres meses después. La mujer había avalado con su vivienda el préstamo que solicitó su hijo. “Él trabajaba afuera, y yo tampoco conocía exáctamente cuál era su situación económica”, reconoce la mujer, que no dudó en echar una mano a su hijo en una situación compleja, “como hubiera hecho cualquiera”.
Sin saber exactamente que había detrás de ese préstamo, brindó todo su apoyo. “Mi hijo se muere, pasan tres meses, y nadie me comunica que nada. Yo podía haber pagado esas cuotas. Nunca he tenído deudas, pero el prestamista no me informó de esa posibilidad”, señala la pensionista en su descargo. A Otegi le acompañan los abogados voluntarios de la plataforma, para quienes no tiene más que palabras de gratitud. “Pon en el reportaje que me están ayudando sin cobrar nada”, sonríe, y tiende el brazo sobre los hombros de Maite Ortiz, a quien le acompaña el letrado José María Erausquin.
Salir a flote tras tocar fondo
Lo bueno de tocar fondo es que siempre hay alguna mano a la que aferrarse. “Doy gracias a todo el pueblo por la ayuda que me está prestando. En casa estamos haciendo la fachada. Es un gasto de 40.000 euros, por el cual estoy pagando 2.861 euros al mes. Un matrimonio que vive abajo ya me ha dicho que me va a ayudar”, cuenta esta mujer nacida en Sagüés, en el barrio donostiarra de Gros, que atrás dejó también otra etapa de su vida en Altza.
“Cuando me dijeron lo del desahucio, no me apetecía que lo supiera nadie, solo se lo dije a una amiga”. La pensionista tuvo conocimiento de la petición de subasta de su vivienda habitual en 2021. “En el propio juzgado me dijeron que me pusiera en contacto con Stop Desahucios”, dice mirando a sus abogados. Fue de esta manera cómo trabó contacto con Ortiz y Erausquin, los mismos letrados que pusieron en jaque a toda la banca española, pioneros en la batalla judicial que llevó a Europa el IRPH, la cláusula en las hipotecas de millones de familias en el Estado.
Se enfrentan en esta ocasión a otra batalla, aunque de fondo guarde ciertas similitudes. La lectura que ambos hacen de la situación que está viviendo María Ángeles es la siguiente: el prestamista, Reno Amusement SL, con sede en Madrid, en ningún momento le comunica a la vecina de Usurbil cuál es la situación y sí realmente va a abonar las tres cuotas que adeuda por el préstamo de su hijo “porque en realidad está deseando que no le pagues”, asegura Erausquin.
El hijo de Otegi había solicitado un préstamo hipotecario de 61.000 euros. Una operación que, ya desde inicio, revela una situación desesperada. “No sabemos para qué pudo necesitar ese dinero, pero sí sabemos que tenía otro préstamo pendiente. De hecho, la escritura detalla que se iban a destinar del orden de 30.000 euros para pagar otra deuda anterior”, explica Ortiz. Es por ello que la mitad de los 61.000 euros ni siquiera llegó a percibirlos, a lo que hay que restar otros 7.000 euros cobrados por la comisión de apertura.
650 euros mensuales, sólo de intereses
Los abogados tratan de trasladar a la opinión pública que nadie que no se encuentre “en una situación desesperada” aceptaría tales condiciones. El acuerdo pasaba por amortizar el préstamo en cinco años, con un interés del 12,5%. Así, el hijo de María Ángeles debía abonar 59 cuotas destinadas solo a pagar los intereses, a razón de 650 euros mensuales. En la cuota final, la cantidad prestada, los 61.000 euros.
Los abogados resaltan que, aunque no se trata de una deuda elevada, los altos intereses son los que disparan finalmente la cifra. En resumen, se pide un crédito de 61.000 euros, "del que solo ves la mitad de lo solicitado", por el cual se acaba pagando en torno a 100.000 euros al cabo de cinco años. De entrada, “es algo difícil de cumplir en una persona que está pidiendo dinero para afrontar económicamente otro préstamo que no ha pagado. De alguna manera, el acreedor ya sabe que no va a salir bien, que no le va a pagar, pero se asegura -y ahí entra la segunda parte- el cobro de todo ello incluyendo la garantía, que en este caso es la vivienda de María Ángeles”.
Erauskin abunda en esa misma dirección. El prestamista, dice el letrado, incluye en la escritura una clásula a efectos de subasta -de quedarse con la vivienda en caso de impago- por la cual se puede adjudicar la casa por el 60% del valor de tasación. “Y no estamos hablando del valor real de la casa, sino del valor que le dan ellos en un supuesto acuerdo entre las partes que aparece al final de las escrituras, y que luego ningún notario lee”. En este caso, el valor de tasación fue de 150.000 euros.
Tras el impago de las tres cuotas, Reno Amusement SL reclama sin previo aviso a Otegi la totalidad del crédito, e insta una demanda de ejecución hipotecaria de la que no estaba al corriente la vecina de Usurbil. “No le avisaron porque lo que realmente les interesa es la casa”, recalca Erauskin, quien denuncia este tipo de prácticas. Entre otras razones, porque el motivo del lanzamiento es el impago de tres cuotas, lo que supone la aplicación de una cláusula que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró abusiva.
El problema al que se enfrenta la defensa es que el hijo de María Ángeles recurrió en su día esa cláusula de vencimiento anticipado, que el juez no consideró que fuera nula por abusiva. De modo que la vecina de Usurbil no puede interponer un nuevo recurso porque se considera "cosa juzgada".
Así, el prestamista podría llegar a adjudicarse su vivienda por 90.000 euros -el 60% de la tasación de la escritura del préstamo-, cuando en el mercado libre su coste real oscila entre los 280.000 y 300.000 euros, según los cálculos de la plataforma Stop Desahucios.
La abogada Ortiz ha presentado un escrito ante el juez para que el acreedor concrete el número de cuotas impagadas para poner el préstamo al día. “Hacerme esto cuando podía haber pagado”, resopla la vecina de Usurbil, que no tiene más que palabras de gratitud por el apoyo que está recibiendo. Cita entre otras personas a Agurtzane Solaberrieta, la alcaldesa del municipio, que le ha acompañado en las transacciones bancarias de estos días. “Puede que algunas nos salvemos, pero luego nos llevamos las manos a la cabeza cuando conocemos noticias de suicidios por casos así, de desahucio”, se lamenta Otegi. “Tranquila Mariángeles; a tí no te van a desahuciar”, trata de calmarle su abogada.