Política de acoso

Tras la sentencia que condenó a Ismael Álvarez por acoso sexual, lo que le obligó a dimitir como alcalde de Ponferrada (León), unas 3.000 personas convocadas por nueve regidores pedáneos del PP se manifestaron para defender al político, mientras que 300 salieron a la calle en apoyo a la acosada, Nevenka Fernández, el 7 de junio de 2002. Ismael eres el mejor, se leía en una de las pancartas de respaldo en unas movilizaciones que discurrieron de forma pacífica hasta que al final tuvieron que ser separadas por la Policía mientras se enfrentaban verbalmente, coreando los nombres de ambos.

Las agresiones sexuales se incorporaron al Código Penal en 1995, y en el ámbito de la política están estrechamente ligadas a este caso, que supuso la primera condena a un dirigente en activo por este motivo. También porque la que fuera concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Ponferrada tuvo que arremeter contra torres muy altas, incluyendo la incomprensión social, el repudio de su partido y un juicio dantesco, del que todavía resuena esta intervención del fiscal: “Usted no era una empleada de Hipercor que tuviera que dejarse tocar el culo para asegurar el pan de sus hijos. ¿Por qué aguantó?”. Acabó siendo apartado del procedimiento.

El hecho de que quedara bautizado para la posteridad como caso Nevenka en lugar de caso Álvarez, arrojando así una sombra de duda sobre la víctima, es la muestra más palpable del largo camino que quedaba por recorrer y del cambio que todavía pugna por asentarse en la sociedad española. El primer edil fue condenado a pagar una multa de 6.480 euros y a indemnizar a Nevenka con 12.000 euros pero permaneció en Ponferrada donde siguió con sus negocios e incluso fundó un nuevo partido. La joven tuvo que exiliarse en Dublín, donde asentó su vida familiar y profesional.

Ostracismo social Años después del caso que comenzó el 26 de marzo de 2001, cuando Nevenka Fernández anunció que había denunciado al entonces alcalde de Ponferrada en defensa de su “dignidad”, las acusaciones de violencia sexual contra Iñigo Errejón que desveló el pasado octubre la periodista Cristina Fallarás se han saldado por ahora con su inmediata dimisión como diputado y portavoz de Sumar en el Congreso, su ostracismo social y el fin de su actividad política.

Este señalamiento incluyó una denuncia formal por agresión sexual presentada por la actriz Elisa Mouliaá por hechos ocurridos en 2021, y fue muy sonado el interrogatorio que realizó a ambos el juez instructor del caso, Adolfo Carretero, complaciente con el acusado y agresivo con la víctima, a la que no paró de cuestionar. “Me asombra que en el siglo XXI decir la palabra culo pueda ser un escándalo”, se justificó después. Moncloa reivindicó la necesidad de habilitar juzgados especializados en violencia sexual.

La reciente salida a la luz de más denuncias por acoso sexual contra el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero, por ahora no sustanciadas en sede judicial, ha supuesto un recordatorio de la ineficacia de los protocolos internos de los partidos políticos para prevenir y erradicar estos comportamientos. El partido no suspendió de militancia al profesor y las personas que están detrás de estas revelaciones han sufrido los ataques de parte de la militancia de la formación.

Se han dado pasos pero el camino se revela muchas veces especialmente empedrado en un Estado en el que un partido como Vox es negacionista de la violencia machista. Se trata de una característica inherente a la formación de Santiago Abascal que ha llegado a salpicar al PP, sobre todo cuando ambos compartían gobiernos de coalición en comunidades autónomas.

Fiel reflejo de lo asentada que ha permanecido esa violencia son las declaraciones que realizó a micro abierto, el 20 de octubre de 2010 en Onda Cero, el exalcalde de Valladolid Javier León de la Riva (PP) sobre Leire Pajín: “Cada vez que le veo la cara y esos morritos pienso lo mismo, pero no lo voy a decir aquí”.

Un auténtico escarnio tuvo que sufrir Irene Montero cuando era ministra de Igualdad, e incluso antes, como diputada de Podemos. Durante el debate de la moción de censura a Mariano Rajoy en 2017, el popular Rafael Hernando provocó ampollas al hacer referencia a su relación personal con Pablo Iglesias. “Algunos dijeron que Irene Montero estuvo mejor que usted, pero no seré yo quien lo diga, por lo que pueda provocar en esa relación”, lanzó desde la tribuna de oradores.

Dimisión o expulsión

Hay numerosos casos de violencia sexual en la política que se han saldado con la dimisión, forzada o voluntaria, o la expulsión de dirigentes como el que fuera concejal en Badajoz por Vox, Javier Liso, por amenazas. Carlos Flores Juberías siguió militando en ese partido tras ser condenado por violencia psíquica habitual y recibir una veintena de faltas por coacciones e injurias a su expareja.

Juan Luis Cepa (PSOE), implicado en un caso de abuso de menores, dimitió como portavoz de Agricultura y Ganadería del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León y procurador de Salamanca. El pasado noviembre, la Fiscalía acusó al también socialista Ángel Hernández, exprocurador por Soria, de coaccionar y maltratar a la que fuera su pareja sentimental y de agredir a agentes de Policía tras ser detenido en febrero de 2024.

Mucho antes de que estallara el caso Errejón, Más Madrid expulsó en 2019 a Pablo Soto al ser acusado de acoso sexual. Pere Nolasc Ramis Fontarnau, exsecretario de organización de ERC en Castellbisbal (Vallés Occidental), fue condenado en abril de 2017 a más de 27 años de cárcel por exhibicionismo, 13 delitos de captación de menores con fines pornográficos y tenencia de material pornográfico infantil.

Mayor eco tuvo en 2022 el caso de Miguel Ángel Bustamante, diputado en el Congreso que fue expulsado de IU y que renunció a su escaño tras una denuncia de su mujer por maltrato habitual. El año pasado, el exedil de Rivadavia Juan Carlos Fernández (PP) fue detenido por amenazar y zarandear a su pareja.