El alcalde de Donostia, Eneko Goia, ha solicitado al Gobierno Vasco que declare toda la ciudad zona tensionada en lugar de hacer distinción entre los barrios. Esta petición busca evitar diferencias entre los barrios y problemáticas en torno al mercado del alquiler. Desde el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Gipuzkoa lo ven igual, aunque consideran que lo de lo barrios no se trata más que de "un efecto anestésico de la problemática ya que los arrendatarios se van moviendo".
En Gipuzkoako Kale Nagusia de Onda Vasca hablábamos con José Luis Polo, el presidente del Colegio, él nos contaba que en Donostia es imposible encontrar un piso por debajo de 850€ "y eso mismo pasa también en Pasaia y en Errenteria porque la gente se mueve". En la capital hay muy poca vivienda y, en muchas ocasiones, confesaba Polo, los propietarios tienen miedo de los impagos en los alquileres de larga duración por lo que optan por los alquileres temporales, algo que recrudece la situación del mercado inmobiliario.
"Nosotros hemos llegado a tener cola en la puerta dela inmobiliaria por el alquiler de una vivienda a 700€ y también hemos tenido que llegar a quitar un anuncio de la web porque se saturó de las peticiones que recibió la vivienda a 800€".
Para el presidente del Colegio el concepto de zona tensionada es interesante como herramienta teórica pero duda de su eficacia y dice que "topar los precios es un error". Para él es necesario analizar e involucrar a Hacienda en la toma de decisiones y observaba la necesidad de tener en cuenta las características de cada uno de los perfiles de los alquilados para no generar desfases y, sobre todo, no entender el mercado inmobiliario de San Sebastián como algo estanco ya que el mercado se mueve en la zona metropolitana que incluye a Pasaia, Errenteria, Lezo, Hernani, Lasarte-Oria y Usurbil que se verían directamente afectadas por la limitación de los precios de la capital.
Por otra parte, Polo destacaba que estas medidas no tienen un efecto directo y que es necesario incidir en las medidas fiscales y la seguridad jurídica.