Actualizado hace 4 horas
La ocupación de una vivienda en Portugalete que ha generado una movilización vecinal en su contra, ha puesto el foco en la ley actual y en la reforma que está a punto de aprobarse y que permitirá agilizar los juicios por ocupación y garantizar los desalojos exprés, cuando se cumplan ciertas condiciones.
Nueva ley antiocupación
En Onda Vasca, Iñigo Iglesias, del bufete AD Abogados ha explicado que la nueva ley antiocupación modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal para incluir los delitos de allanamiento y usurpación de morada en un procedimiento abreviado, lo que permitirá que estos casos sean juzgados en un plazo máximo de 15 días, frente a los procedimiento actuales que pueden extenderse entre 4 y 9 meses. Con la entrada en vigor de la nueva legislación, el juez tendrá un plazo de tres días para dictar sentencia. El objetivo de la reforma de la ley es agilizar los procedimientos y ofrecer más garantías a los propietarios.
Usurpación o allanamiento
Iglesias ha explicado que existen distintas figuras jurídicas en este tipo de casos. El abogado señala que los procedimientos legales establecidos son rápidos si se trata de allanamiento de morada, cuando se ocupa la primera o la segunda vivienda de una personas, o de usurpación cuando la vivienda ocupada no es residencia habitual de ninguna persona.
El abogado reconoce que el proceso judicial es mucho más largo cuando existe un contrato de alquiler y el inquilino es vulnerable, y señala que la reforma legal no traerá modificaciones a estos casos.
Iglesias afirma que los casos contemplados como usurpación y allanamiento de morada son muy escasos y cree que los plazos legales establecidos actualmente son adecuados y que lo que falla son la falta de medios que ralentizan los procesos.
"No se trata tanto de un problema de plazos legales, porque son razonables, sino de medios. Tú puedes acortar los plazos que quieres en la ley pero es una cuestión de medios. Hay que poner funcionarios, jueces que puedan realizar esa labor y policías que ejecuten el desahucio. Por mucho que modifiques a ley si no poner más medios los plazos van a seguir siendo los que son ahora, que no son tan largos para los casos de usurpación y de allanamiento de morada", ha explicado Iglesias.
El abogado también ha señalado que cuando estos procesos por usurpación se alargan es porque el propietario de la vivienda es una entidad bancaria o un fondo que no actúa hasta que quiere poner en venta o en alquiler la vivienda, con el perjuicio que conlleva este comportamiento al resto de vecinos de la comunidad.
El caso de Portugalete
El profesional del bufete AD Abogados ha explicado por qué los propietarios de la vivienda ocupada en Portugalete no pueden acceder a su interior a pesar de que los ocupas han abandonado la vivienda situada en la calle, Mariano Ziriquiain, gracias a la presión vecinal. Iglesias afirma que al haber dejado los ocupas sus pertenencias en el interior del inmuebles es el juez el que tiene que dar permiso para acceder a su interior y decidir lo que se hace con los enseres para evitar problemas a los propietarios y una posible denuncia de los ocupas.
El abogado considera que la policía está haciendo un buen trabajo al aconsejar a los propietarios no acceder al inmueble para evitar futuros problemas.