El Gobierno español quiere que los gravámenes a la banca y las empresas energéticas pasen a formar parte del paisaje fiscal de manera permanente. Y el Gobierno vasco vuelve a alzar la voz para recordar que las haciendas forales tienen reconocida su soberanía en materia de impuestos en virtud del Concierto Económico, y necesitan una solución que les permita recaudar ese dinero, pero también definir el alcance de esas tasas. El lehendakari Pradales ha puesto este martes sobre la mesa estas exigencias precisamente en Madrid, en el encuentro Metafuturo de Atresmedia, donde avisó de que, si las tasas se vuelven permanentes, va a exigir que se conviertan en impuestos para poder concertarlas y que Euskadi haga “lo más conveniente” con ellas.
El PNV ya acordó su concertación el año pasado con Pedro Sánchez, y también pactó incentivos para que esas tasas no impidieran que las empresas acometan inversiones para la transición ecológica, ya que desde el sector habían dicho que esas actuaciones se verían amenazadas. Parece que ese sigue siendo el espíritu en el PNV, que sigue apelando a la mesura en un país industrial como Euskadi. El presidente del EBB, Andoni Ortuzar, se expresó este martes de manera muy gráfica: “Ojo con matar a la gallina de los huevos de oro”. Los votos del PNV son imprescindibles para Sánchez, de modo que necesitará su apoyo para sacar la medida adelante. Ni siquiera está garantizado que lo consiga, ya que Junts podría votar en contra.
¿De dónde viene esta controversia? Las tasas (y no impuestos) se aprobaron en el año 2022, en el contexto de la crisis energética y la subida de los precios. En ese momento, el Gobierno español apostó por endurecer la política fiscal para que las empresas que estaban obteniendo “beneficios caídos del cielo” contribuyeran también al gasto público. El PNV entendía el concepto y la intención, y compartía que todos arrimaran el hombro en la crisis. Pero había dos grandes problemas para Sabin Etxea. El primero, que el Estado aprobó esas figuras fiscales deprisa y corriendo y, para acortar la tramitación, las presentó como “prestaciones patrimoniales públicas no tributarias”, y no como impuestos. Ese formato impidió que las haciendas forales pudieran actuar como con cualquier otro impuesto, es decir, no pudieron sentarse con el Gobierno español en la Comisión del Concierto Económico y concertarlos para recaudar ese dinero y gestionarlo. La situación era especialmente sangrante porque buena parte de la recaudación que iba a llenar las arcas de Madrid era vasca, de empresas como Iberdrola. Entonces se tuvo que pactar un parche, una solución menos convencional: una compensación económica de 400 millones para Euskadi.
En diciembre de 2023, en el marco de un decreto anticrisis del Gobierno español, el PNV acordó que los gravámenes a la banca y las energéticas se integraran en el sistema tributario y que fueran concertados con la CAV y conveniados con Nafarroa, y que se creara un incentivo para las inversiones estratégicas. Ese incentivo respondía al segundo problema que había detectado el PNV y que este martes volvió a citar Ortuzar en TVE porque las energéticas ya están trasladando que los planes de inversiones se están resintiendo. Según dijo, estas empresas hacen inversiones que repercuten sobre todo en la industria auxiliar y los bienes de equipo, de modo que la fiscalidad debe ser “estricta” pero con cuidado de no “matar a la gallina de los huevos de oro”.
La exigencia del lehendakari
Ahora, en el plan enviado a Bruselas, el Gobierno español contempla la extensión de los impuestos aprobados en un primer momento para dos años y prorrogados después a un tercero. A finales de este año iban a dejar de tener efectos. Esta extensión se trata de vehiculizar con una enmienda a un proyecto de ley sobre las multinacionales, pero el plazo de enmiendas se ha prorrogado hasta la semana que viene. Esta discusión ha provocado tensiones en el seno del Gobierno español, ya que Sumar presiona para que no se rebajen los impuestos con exenciones o devoluciones.
El lehendakari defendió su posición: “A mí me parece que gravar las ventas y no los dividendos de las compañías no es el modelo más adecuado. Pero si se consolidaran estos gravámenes como impuestos permanentes, exigimos que se puedan concertar, porque tenemos capacidades fiscales propias”. Pero, más allá de recaudar los impuestos, el lehendakari aspira a que Euskadi pueda “definir” su alcance, decidir sobre su contenido normativo, porque afectan a sectores que generan mucho empleo en la comunidad autónoma.