Si algo ha dejado claro Imanol Pradales desde su proclamación oficial como candidato a lehendakari del PNV, es que quiere dar otro tono al debate y distinguirse por un discurso sosegado, sin entrar en polémicas y en positivo, centrándose en sus propuestas. En un momento en que las voces críticas con el PNV estaban acusando al partido de mostrarse distante con los problemas de la ciudadanía, Pradales sigue dando un enfoque social a sus planteamientos, para trasladar la idea de que está recogiendo el guante de las demandas más extendidas. Lo hizo al fijar como prioridad la mejora de Osakidetza y la atención en los ambulatorios, y lo ha vuelto a hacer este martes, incluso, al referirse al autogobierno pendiente de ser gestionado por Euskadi, donde ha puesto el foco en las transferencias más sociales y del ámbito laboral. En una entrevista concedida a Onda Vasca, cuando se le preguntó qué reivindicaciones trasladaría al presidente Pedro Sánchez en una primera reunión si consiguiera convertirse en el próximo lehendakari, mencionó las transferencias de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, recogida en el artículo 18 del Estatuto de Gernika, pero también las materias del artículo 12, porque “el mundo del trabajo y la Seguridad Social necesitan un impulso donde tengamos capacidades propias para poder construir un marco singular teniendo en cuenta la realidad sociolaboral de este país”.
El artículo 12 recoge las materias donde la comunidad autónoma debería tener la competencia sobre “la ejecución de la legislación del Estado”. En el punto 12.2, se recoge la “legislación laboral, asumiendo las facultades y competencias que en este terreno ostenta actualmente el Estado respeto a las relaciones laborales; también la facultad de organizar, dirigir y tutelar con la alta inspección del Estado, los servicios de este para la ejecución de la legislación laboral, procurando que las condiciones de trabajo se adecuen al nivel de desarrollo y progreso social, promoviendo la cualificación de los trabajadores y su formación integral”. Dentro de este artículo y del referido a la Seguridad Social, las fichas que han confeccionado durante décadas los servicios jurídicos del Gobierno vasco concretan varias competencias: la gestión del Fogasa, para gestionar el pago de los salarios pendientes a los trabajadores de empresas insolventes o en situación de concurso; el Instituto Nacional de la Seguridad Social para reconocer el derecho a prestaciones como la de incapacidad, riesgo durante el embarazo o cuidado de menores afectados por cáncer; y el Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo.
Pradales recordó que PNV y PSOE firmaron un acuerdo para hacer posible la investidura de Pedro Sánchez que recoge compromisos más inmediatos, como las tres transferencias que se tienen que concretar en torno al mes de marzo (trenes de cercanías, convalidación de títulos universitarios extranjeros y segunda fase de acogida de refugiados), y que en el plazo de dos años se tienen que transferir todas las materias del Estatuto, un punto donde mencionó expresamente los artículos 12 y 18. Añadió como tercer punto las bases para un futuro autogobierno más amplio.
Atención más humana en los ambulatorios
En materia sanitaria, concretó algo más su apuesta por mejorar la atención en los ambulatorios. Cuando habló de eliminar filtros, se refería a dejar atrás algunas prácticas que se consolidaron durante la pandemia del coronavirus, y propiciar que la atención sea “presencial” para poder mirar a la cara a las personas, sobre todo, aquellas más vulnerables, como los niños y niñas y las personas ancianas. “Hay que humanizar la atención primaria”, concretó. Insistió en mejorar de la mano de los profesionales, que son quienes mejor conocen los desafíos y tienen que aportar claves para solucionarlo, y volvió a aclarar que no está “enmendando la plana” al lehendakari, porque el propio Urkullu había avanzado en el pleno de política general de septiembre su intención de mejorar en ese ámbito. De hecho, en otra respuesta, reivindicó el legado de Urkullu, quien “deja una Euskadi mucho mejor”, con más personas ocupadas y mayor PIB.
Sobre las huelgas
Sobre la elevada conflictividad laboral, coincidió en que, si la comunidad autónoma supone un 5% de la población del Estado, puede llamar la atención que concentre el 50% de las huelgas que se convocan en el Estado, y que se concentren además en el ámbito público y parapúblico. A partir de ahí, reconoció que la huelga es constitucional y legal, pero debe ser “el último recurso” porque en primer lugar se debe exprimir al máximo la opción de alcanzar un acuerdo y, sin embargo, “quizás hemos entrado en unas dinámicas y en una mala cultura en que la huelga es el primer recurso”. Pero, también en este caso, Pradales quiso realizar una reflexión en positivo y asegurar que “deberíamos poner los focos en ver cómo mejorar las condiciones del conjunto de los trabajadores”, de los autónomos, de los cooperativistas o de las pequeñas empresas, “y no focalizar en lo público”.