El lehendakari y el presidente canario no arrojan la toalla. La conferencia que organizó el Gobierno español a mediados de diciembre con los líderes autonómicos no sirvió para acordar un reparto de los menores migrantes que llegan al Estado solos, sin la compañía de un adulto. Pero el problema sigue sobre la mesa, las islas han recibido en los últimos días a 2.000 personas más, y los menores son ya 5.812 en Canarias. La comunidad autónoma vasca, como territorio de tránsito hacia otros puntos de Europa, se ha convertido en un embudo por el endurecimiento de los controles fronterizos del Estado francés desde el 1 de noviembre, una situación que va para largo y se prolongará en principio hasta el 30 de abril. El canario Fernando Clavijo, con el apoyo de Imanol Pradales, había llevado una propuesta de desbloqueo a la conferencia de diciembre, una fórmula de reparto extraordinario entre las comunidades a la espera de buscar una solución definitiva para que se alivie mientras tanto esta presión y se pueda atender con dignidad a esos niños y niñas. Y esa misma propuesta se la han vuelto a enviar por carta a los líderes autonómicos.
El Gobierno vasco, nada más arrancar el año, confirmó este jueves en una nota de prensa que Pradales y Clavijo han enviado a las y los presidentes autonómicos la propuesta de distribución extraordinaria que plantearon en diciembre. Se puso sobre la mesa como salida alternativa, en vista del choque que mantienen el Gobierno español y el PP sobre la reforma de la Ley de Extranjería. Lo que se plantea es otro camino, un reparto extraordinario, a la espera de acordar un sistema definitivo en la conferencia sectorial. Y se propone hacerlo en tres meses, con la figura jurídica oportuna, lo que deja todo el abanico abierto, incluido un decreto.
La iniciativa apuesta por la “corresponsabilidad territorial” y exige un Plan Estratégico de Migración que recoja una memoria económica; que la comunidad autónoma vasca sea considerada como frontera norte tras el cierre de la muga el 1 de noviembre y que esa categoría lleve consigo una mayor dotación económica; y un modelo de distribución de los menores basado en cinco indicadores, un modelo que ha propuesto Canarias y que respalda el lehendakari (población total, media de menores acogidos por cada 100.000 habitantes en los últimos seis meses, PIB per cápita, desempleo, y número de menores acogidos en los últimos cinco años). Se apuesta, asimismo, por la cooperación con los países de origen.
¿Competencia de quién?
Está por ver si se desbloquea la situación en un momento en que las partes en conflicto parecen lavarse las manos. El Estado, por un lado, aseguró este jueves por boca del ministro Ángel Víctor Torres que el Gobierno español se encarga de los mayores de edad, mientras que la competencia para atender a los menores no sería suya, sino de las comunidades autónomas. Es cierto, pero solo es así en una segunda fase, en la fase de atención social a estos niños y niñas. Pero, en una primera fase, la puramente policial o aduanera, es el Estado quien controla las fronteras y vigila las entradas. Por tanto, lo que se le pide es que, en esa fase de entrada, ponga algo de orden y concierto en el reparto de los menores. Por otro lado, algunas comunidades del PP se oponen y, desde el flanco opuesto, el PSOE culpa del bloqueo al PP y reta a Coalición Canaria a romper sus acuerdos con los populares.
Una puerta abierta... en parte
En realidad, la propuesta, según dijo el lehendakari tras la conferencia de presidentes, no fue rechazada de manera frontal. De hecho, dejó caer que Catalunya y Aragón estaban interesadas. Y el Gobierno español evitó darle un portazo. Hasta ahí, viendo el vaso medio lleno, podría decirse que la puerta está abierta. Pero también es cierto que el ministro Torres reivindicó sus propios intentos, recalcó que la reforma de la Ley de Extranjería sería el procedimiento con mayor seguridad jurídica, y vino a decir que, si fuera posible una alternativa vía decreto, el Gobierno de Sánchez ya la hubiera puesto sobre la mesa. Además, en ámbitos socialistas se preguntan si realmente un decreto con un reparto obligatorio para todas las comunidades contaría con el respaldo de Junts, que lleva meses negociando con el Gobierno español la delegación integral de las competencias migratorias para poder autogestionarse en ese terreno. Pero Clavijo desliza que, si lo que se propone es un reparto extraordinario, Junts sí podría entrar. De ese modo, se salvaría el bloqueo que sí persiste en la reforma de la Ley de Extranjería, rechazada por PP, Vox y Junts.
Sin perder el tiempo
Clavijo defendió que esta carta pretende “no perder ni un minuto más” y abrir la propuesta “al debate y a las aportaciones de los presidentes y las presidentas de las comunidades y ciudades autónomas”. El presidente canario alerta de que la “situación es insostenible y no podemos seguir esperando a que el Gobierno español tome la iniciativa”. Lo que pretenden la comunidad autónoma vasca y Canarias es que se terminen los reproches y se entre en el carril de las soluciones, que se salga de este bucle con una propuesta de desbloqueo que se puede corregir y enriquecer. En este sentido, Pradales no ha llegado a decir públicamente qué cifras concretas de PIB baraja para hacerse cargo de más o menos menores, o qué ratios de acogida por población le parecen asumibles.
Lo que sí ha hecho es dar a entender que la comunidad autónoma está desbordada, particularmente Bizkaia, que ha tenido que declarar la situación de excepcionalidad para activar nuevos recursos y tiene que hacerse cargo de unos 600 menores. Esta situación se contrapone a la de otros territorios, algunos de ellos vecinos, que acogerían a un número testimonial de menores.