El Gobierno vasco expresó ayer martes su preocupación por la situación financiera “complicada” que atraviesa Siemens Energy –dueña del fabricante de aerogeneradores Siemens Gamesa–, empresa que ha solicitado un aval al Ejecutivo federal de Alemania y al parecer también al Gobierno español. El portavoz del ejecutivo vasco, Bingen Zupiria, señaló que la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, está manteniendo conversaciones con el CEO de la compañía que le ha trasladado que “en ningún caso” ha solicitado un rescate.
“Lo que sí ha hecho es solicitar un aval al Gobierno de Alemania y creemos que también se ha solicitado un aval al Gobierno de España”, indicó. Y reconoció que la problemática que afecta a esta empresa tiene dos planos, uno técnico que tiene que ver “con los procesos internos de trabajo de la compañía” y otro financiero derivado de esas dificultades técnicas. Además, añadió, a ello se suma la inestabilidad del mercado “con vaivenes que generan incertidumbre en el sector”.
Siemens Energy, matriz de Gamesa, cuya sede social está en Zamudio, lleva varios años con cuantiosas pérdidas por los problemas del sector eólico europeo en general, agravados por el mal funcionamiento del rotor de su aerogenerador terrestre más grande, que ha llevado a cancelar pedidos y a indemnizar a clientes por retrasos en las entregas. Ante esta situación, y tras conocerse la solicitud del aval, se supo también que el Gobierno alemán, Siemens y un consorcio de bancos han alcanzado un acuerdo por un importe de unos 15.000 millones de euros para salir al rescate de Siemens Energy. En concreto, el Gobierno alemán concederá una garantía de 7.500 millones de euros a Siemens Energy, que forma parte de esas líneas por un total de 15.000 millones de euros acordadas con bancos privados y otras partes interesadas. El compromiso del Gobierno federal se asume a condición de que se realicen las contribuciones de los demás actores, informó en un comunicado el Ministerio de Economía germano.
En las últimas semanas, el Gobierno alemán ha mantenido intensos contactos con Siemens Energy y Siemens, el principal accionista de esa compañía, y bancos privados. El requisito previo del Gobierno era que todas las partes interesadas participaran adecuadamente en la protección de la empresa. Así, el acuerdo para asegurar las líneas de garantía necesarias por un importe total de 15.000 millones de euros prevé ahora que los bancos privados conceden a Siemens Energy una línea de garantía por un importe total de 12.000 millones de euros. Siemens Energy obtendrá otros 3.000 millones de euros en negociaciones con otras partes interesadas.
De los 12.000 millones de euros que los bancos privados prestan a Siemens Energy, el Gobierno alemán proporciona una garantía proporcional de 7.500 millones de euros para una línea de garantía de 11.000 millones de euros; mientras que un consorcio bancario asume como parte de su propio compromiso una parte de 3.500 millones de euros de la línea de garantía.
Además, los bancos privados también se hacen cargo de una línea de garantía de 1.000 millones de euros sin garantía del Gobierno federal, que está garantizada por un tramo de primera pérdida de Siemens AG. El primer tramo de pérdidas tiene prioridad en caso de daños. Asimismo, Siemens Energy y Siemens tienen la intención de negociar la venta de acciones en una empresa conjunta con una entrada de efectivo para Siemens Energy de aproximadamente 2.000 millones de euros.
Igualmente, se aplica la habitual prohibición de dividendos y, para el consejo de administración, de bonus. Este acuerdo está sujeto a la finalización exitosa de los procesos de revisión necesarios por parte del Gobierno federal, la participación del Bundestag alemán y la aprobación de los órganos y organismos pertinentes de Siemens Energy y Siemens. La compañía, que presenta mañana los resultados de su ejercicio fiscal, anunció el pasado mes de agosto unas pérdidas netas atribuidas de 3.632 millones de euros en los nueve primeros meses de su año fiscal (entre octubre y junio), lo que suponía quintuplicar los números rojos de 711 millones de euros que se anotó en el mismo periodo del año anterior, derivado de los problemas de puesta en marcha en Siemens Gamesa.