Presenta una querella contra varios policías por torturas en los Juzgados de Pamplona

La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua) informó este martes de la presentación de cuatro nuevas querellas criminales contra más de 30 agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por delitos que van desde la lesa humanidad al asesinato y la tortura de represaliados por la dictadura franquista.

Una de las denuncias ha sido presentada en los Juzgados de Pamplona por las torturas padecidas en su día por María Concepción Edo Gil, durante su estancia en la Comisaría de Policía de la capital navarra, tras haber sido detenida por repartir octavillas del sindicato Oposición Sindical Obrera (OSO).

Los hechos ocurrieron el 19 de junio de 1973 cuando la querellante tenía 19 años. Edo recuerda que ella misma lanzó desde el edificio de Telefónica de Pamplona una cantidad importante de octavillas relacionadas con la huelga de la empresa Motor Ibérica que la gente recogía del suelo. “La calle era nuestra”, rememoró.

LESIONES DE POR VIDA

Edo relató que al volver a casa se encontró con que había mucha gente y repentinamente se vio rodando escaleras abajo. Ya en Comisaría, sin ser asistida por los médicos, le llamaron “zorra, guarra y puta”, y le pegaron entre varios policías “de la cabeza a los pies”, ensañándose con el vientre y el abdomen.

Explicó que de la experiencia salió marcada de por vida, con el útero y la vejiga desplazados, varias vértebras descolocadas y lesiones crónicas con necropsia en un tobillo. Tras un mes en el hospital por las palizas que le propinaron agentes de la policía, que también le profirieron insultos vejatorios y sexuales, le acabaron diagnosticando poliartrosis por los golpes.

Edo ha decidido presentar la querella porque considera que es necesaria para que “salga a la luz y se investigue lo sufrido por tantos presos”, y ha hecho un llamamiento a las mujeres y hombres represaliados por el franquismo para que se sumen. “Espero que la mía sea un pequeño grano de arena para que se juzgue a los que torturaron”, señaló. Su querella recoge los nombres de los agentes de la Policía José Blanco Martín y José Bernardo Barba Martín, quienes le apuntaron con una pistola en la sien y le infligieron las torturas relatadas, así como contra el resto de sus compañeros que hasta ahora no han podido ser identificados, sus superiores y los miembros del Tribunal de Orden Público que la procesaron, juzgaron y condenaron.

Edo fue acusada de pertenecer al Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), una organización terrorista disuelta en 1978, y de propaganda ilegal. Tras su paso por Comisaría, estuvo en las cárceles de Pamplona, San Sebastián y Yeserías (Madrid), antes de ser puesta en libertad en enero de 1975.