Prisiones vascas más humanas

Desde que asumió la gestión penitenciaria, el objetivo del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco ha sido el de ir dando pasos para hacer realidad la implantación de un modelo propio que dejara atrás las carencias del anterior gestionado por el Estado español y que tuviera como objetivo principal, propiciar que las personas que deban cumplir una condena de cárcel en Euskadi lo hagan en condiciones dignas, respetando sus derechos y recibiendo una formación y acompañamiento que les ayude a reintegrarse en la sociedad una vez hayan cumplido su pena.

Uno de los pilares fundamentales del modelo penitenciario vasco es fomentar que las penas impuestas se cumplan en un régimen de semilibertad, lo que ayuda a la inclusión social del interno, así como a su futura reinserción.

Fomento de la semilibertad

Para lograrlo, se han forjado alianzas con otras instituciones y con el tercer sector para constituir una red de pisos de acogida para internos e internas en semilibertad o de permiso que no dispongan de recursos habitacionales. Allí los condenados pueden cumplir las penas en tercer grado. También se ha potenciado las penas y medidas alternativas, como los trabajos en beneficio de la sociedad.

Actualmente, un total de 221 personas se encuentran en libertad condicional, y el porcentaje de condenados en régimen de tercer grado penitenciario sobre el total de la población penada es del 31%. Este porcentaje es mucho menor entre los presos de ETA. De las 425 personas acogidas a este tercer grado, solo 22 están vinculadas al terrorismo.

El otro gran objetivo del modelo penitenciario vasco es lograr la integración laboral de los internos una vez recuperen la libertad, y a través de Aukerak se han creado talleres productivos y se ha renovado el catálogo de acciones formativas, incluyendo formaciones que facilitan la obtención del Título de Formación Profesional. Con estos cambios, 200 personas se han sumado a estos talleres que dan empleo a aproximadamente el 47% de la población penitenciaria. El objetivo es emplear al 50% de las personas privadas de libertad.

Superando carencias

Desde que el Gobierno vasco asumiera la gestión de los centros penitenciarios, han sido muchos los retos que la administración vasca ha tenido que afrontar debido a las carencias del modelo anterior. En primer lugar, la antigüedad de las instalaciones ha obligado a tener que afrontar numerosas remodelaciones en las tres prisiones vascas.

Además, las infraestructuras no estaban preparadas para que se pudiera desarrollar el modelo penitenciario vasco con total garantía, por lo que ha sido necesario acometer reformas para crear espacios donde se habilitaran centros de integración social, departamentos para régimen cerrado o unidades de madres.

El modelo vasco pretende cubrir con recursos propios las necesidades de todos los internos en Euskadi. Hasta hace dos años la población reclusa era trasladada a centros de otros puntos del Estado. Como es lógico, con la nueva política, la población penitenciaria en Euskadi ha aumentado ya que se acogen a más personas de las que pueden ser trasladadas a centros de otros puntos del Estado. El Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales espera poder solucionar esta situación con la entrada en funcionamiento del Centro Penitenciario de Gipuzkoa, que abrirá sus puertas en 2024 tras el cierre de la antigua instalación.

La falta de personal en los centros penitenciarios también ha ido resolviéndose a lo largo de los dos últimos años. La insuficiente plantilla transferida mermaba las capacidades de los centros, en especial, del de Araba. El traspaso de la gestión conllevó la integración en la Administración General de Euskadi de 675 funcionarios.

Tras llegar a acuerdos con los sindicatos para la continuidad transitoria de sus condiciones laborales, se arbitraron medidas para la cobertura en comisión de servicios, o mediante bolsas de trabajo, de las vacantes. Además, se están cumpliendo los pasos previos para convocar una Oferta Pública de Empleo (OPE).

Fin a las vulnerabilidades

Todo esto mientras se impulsan medidas para paliar posibles vulnerabilidades. Se han impulsado medidas para que exista igualdad de trato de las personas trans. Existen módulos de respeto. Se han implantado medidas para que la igualdad de género sea un hecho, y se ha suscrito un convenio con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas, además de las que ya existía con otras confesiones como la católica o la musulmana.

Con respecto a la situación de las mujeres internas, se han llevado a cabo distintas iniciativas enfocadas al autoconocimiento, la capacitación emocional, la adquisición de habilidades de comunicación y autocuidado, empoderamiento o conciencia de género. Además, se han habilitado espacios amigables para minimizar el impacto sobre sus hijos e hijas.

Otro apartado sobre el que se está profundizando es el de la Justicia Restaurativa. Más de un centenar de victimarios y de víctimas de diversos perfiles participan en diferentes programas, preservando siempre dos principios básicos ineludibles como son la voluntariedad y la confidencialidad.

Y tras dos años de gestión, el que viene será el año de la apertura del nuevo centro penitenciario de Gipuzkoa, de la estabilización de la plantilla y de la consolidación definitiva de los programas de inserción.