Protectoras denuncian el incumplimiento de la Ley Foral de Protección Animal

Una representación de las asociaciones protectoras de animales Egapeludos y Katx Felina denunciaron ayer en el Parlamento el incumplimiento generalizado que se da de la Ley Foral de Protección Animal y responsabiliza al Gobierno Foral por su falta de ejecución, coordinación, control y desarrollo reglamentario.

Acompañado por Almudena Narváez, de Katx Felina, el representante de Egapeludos Eneko Erce puso en evidencia las “dificultades” que tienen los ayuntamientos para llevar a cabo esta ley, una situación, aseguró, motivada por los “incumplimientos” por parte de un Gobierno de Navarra que “no ayuda a estas entidades locales”.

Además, denunciaron que la labor de coordinación por parte del Ejecutivo es nula produciéndose una situación de “caos” marcada por la “improvisación y estado de confusión” entre las entidades locales, protectoras y profesionales veterinarios que actúan “cada cual como cree oportuno, dado que no hay un liderazgo”.

Esta situación, aseguró, se produce también por el incumplimiento del Gobierno en su obligación de control dándose una total impunidad por parte de aquellos ayuntamientos que no cumplen y tampoco tienen “ningún tipo de penalización” por ello. “Estamos invitando a los que cumplen a incumplir”, advirtió Erce.

Un aspecto clave en la ineficacia de esta ley, aprobada en abril del 2019, es que no ha contado con un desarrollo reglamentario hasta el pasado mes de noviembre a pesar de que se establecía un año de plazo para ello, lo que supone 902 días de retraso en los que “la ley era papel mojado”, señaló.

Erce matizó que no en todos los casos los incumplimientos responden a una falta de voluntad de los ayuntamientos, sino a su escasez de recursos. Esto “es especialmente grave teniendo en cuenta que esta Ley Foral obliga al Gobierno a garantizar la suficiencia financiera que permita el desarrollo y ejecución de las obligaciones que atribuye a las entidades locales”, puntualizó.

Asimismo, entre los ayuntamientos que sí han recibido alguna ayuda se encuentran cantidades de 500 o 1.000 euros, cifras con las que “es imposible provocar los necesarios cambios estructurales”, recalcó.