PSOE y Junts han registrado esta mañana en el Congreso una propuesta de Ley Orgánica de Delegación de competencias en materia de inmigración a Catalunya. Según se estipula en dicha proposición de ley, los Mossos d'Esquadra gestionarán la seguridad de puertos, aeropuertos y las zonas críticas en cooperación con el resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Guardia Civil y Policía Nacional). Así se recoge en el documento conjunto emitido por este martes por PSOE y Junts tras la consecución del acuerdo a última hora de ayer para la delegación de las competencias migratorias a Catalunya. De este modo, en el texto se establece que Catalunya se configurará a partir de ahora como “ventanilla única” en su territorio a la hora de conceder autorizaciones de estancia de larga duración, residencia temporal, así como la residencia de larga duración.
Letra pequeña
Además, serán los Mossos quienes gestionen las devoluciones de extranjeros, en aquellos supuestos en que tengan prohibida la entrada, y se encargará de expedi el documento de identidad, a partir del Registro del NIE del Estado español. Ambas formaciones han pactado, también, el incremento del número de mossos en 1.800 efectivos, hasta alcanzar la cifra total de 26.800 agentes.

Salvador Illa visita la sede central de los Mossos d'Esquadra.
La Generalitat asumirá y ejercerá también la competencia sancionadora de los procedimientos administrativos, incluida la resolución y ejecución. De este modo, instruirá y ejecutará aquellas expulsiones que no requieran expediente. En cuanto a aquellas que sí lo precisen, estas se resolverán y ejecutarán a partir de la propuesta de expulsión formulada por la Generalitat, previa valoración de los criterios orientativos que establezca la Junta de Seguridad de Catalunya.
Negociación
La negociación para el traspaso integral de estas competencias llevaba encallada desde hacía meses y los principales obstáculos se centraban, precisamente, en el control de fronteras, la expedición de los Números de Identidad de Extranjeros (NIE) y la apertura de expedientes de expulsión. El Ejecutivo español siempre ha defendido que el control de fronteras es una competencia estatal, aunque ya se había mostrado abierto a incorporar algunos retoques, tal y como ha quedado reflejado en el acuerdo final, con el aumento de la presencia de Mossos en puertos y aeropuertos. Una vez sellado el pacto y retirada la cuestión de confianza al presidente español por parte de Junts, el Ejecutivo español confía en que se allane el camino para aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE), con el voto a favor de los de Puigdemont.