Tras meses de dimes y diretes, una aprobación finalmente resuelta en agosto del pasado año, una puesta en marcha que no ha dado los frutos esperados –el balance oficial del Consejo General del Poder Judicial sitúa en 978 las condenas reducidas, de las que 104 han implicado la excarcelación del agresor– y un enconado enfrentamiento desde entonces entre los socios que forman el Ejecutivo de Pedro Sánchez, la reforma de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual –conocida como ley del solo sí es sí– encara su recta final con unos acontecimientos que ni el más avezado de los analistas hubiera imaginado. Tanto que los socialistas mantienen fluidos contactos con el PP para sacar adelante la reforma de la normativa, que esta semana encara la negociación de las enmiendas. La votación final, en la que el objetivo del PSOE es alcanzar la barrera de las 176 papeletas a favor en el Congreso de los Diputados, queda para este mismo jueves.
Fuentes consultadas por Europa Press entre los socialistas consideran que las cuestiones técnicas planteadas por los populares para dar su apoyo a la norma están bien planteadas. El PSOE no contempla hablar sobre un posible aumento de penas y solo aceptaría las enmiendas técnicas. Lo cierto es que con este aire a favor del PP –principal partido de la oposición– al partido del presidente Sánchez se allana enormemente el camino para lograr esa modificación de la ley, una posibilidad a la que se abrieron desde el principio los socialistas pero que contó con el rechazo frontal de Unidas Podemos. Como los morados se mostraron reacios a la modificación, el PSOE presentó en solitario una proposición de ley para llevarla a cabo. En su primer trámite en el Congreso, la toma en consideración, Unidas Podemos votó en contra, aunque el PSOE la sacó adelante con, entre otros, el respaldo del PP, un apoyo que podría volver a darse.
Desde hoy mismo, el Congreso de los Diputados inicia la última fase de la tramitación de la reforma de la ley con la puesta en marcha de la ponencia, donde los grupos parlamentarios deberán negociar las enmiendas presentadas al texto impulsado por el PSOE. Los socialistas ya señalaron que no negociarían las enmiendas presentadas por Unidas Podemos junto a ERC y Bildu porque a su juicio no daban respuesta al problema de la norma. Pedro Sánchez volverá a hacer gala esta semana de la geometría variable al abrazar la idea de que la reforma se aprobará “con el apoyo de los grupos que estén dispuestos a respetar el corazón de la ley, pero a resolver desde un punto de vista jurídico y técnico estos efectos indeseados” y, si se puede contar “con el apoyo de la derecha, para el bien de una causa feminista, bienvenido sea”.
PSOE y PP han mantenido algunos contactos en los que, por ahora, no han cerrado un acuerdo. Fuentes de los populares también confirmaron que es posible alcanzar una entente. Ponen también sobre la mesa cuestiones como la reintroducción de la agresión sexual por engaño o abuso de confianza o autoridad para menores de 18 años y mayores de 16, o su propuesta para la ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores, para evitar que aquellos que cometan delitos de agresión sexual se vean perjudicados en la aplicación de las medidas de seguridad en comparación con las penas aplicables a los adultos. Al mismo tiempo, el PP ha exigido la dimisión de la ministra Irene Montero después de que Sánchez pidiera perdón por las excarcelaciones en Vocento.
CRÍTICA DE PODEMOS
Algunas voces de Unidas Podemos criticaron ayer el enésimo requiebro de Sánchez, que no duda en apoyarse en una esquina u otra del tablero político para sacar adelante sus propuestas. La ministra de Igualdad, Irene Montero, lanzó un dardo al PSOE a través de la red social Twitter para referirse a que “las leyes feministas no se negocian con el PP”. A su juicio, resulta “imposible de explicar que las alianzas para la Ley de Vivienda –tejida por PSOE, Unidas Podemos, EH Bildu y ERC– no valgan para los derechos de las mujeres”. El primer examen a la reforma llega mañana, cuando a las 09.00 horas se celebre la Comisión de Igualdad. Si el dictamen de la ponencia es ratificado, el pleno del Congreso lo votaría ese mismo jueves.