PSOE y PP se abren a renovar las altas instituciones excepto el CGPJ

PSOE y PP se abren a la renovación de todos los órganos constitucionales con la excepción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El Ejecutivo de Pedro Sánchez recogió el guante lanzado ayer miércoles por Pablo Casado en la sesión de control en el Congreso que llevó al ministro de la Presidencia y encargado de negociar este asunto, Félix Bolaños, a mantener ya conversaciones por teléfono con el secretario general de los populares, Teodoro García Egea. El líder de la oposición ofreció un pacto parcial, que consistiría en renovar el resto de altas instituciones pendientes –el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo–, pero dejando a un lado el Poder Judicial, faro del conflicto. "Bienvenidos al cumplimiento de la Constitución, aunque sea en parte", se congratularon desde Moncloa, aunque Sánchez les instó a acatar la ley en su totalidad. "No tenga una visión ventajista de la legalidad democrática. Cumpla con los compromisos", le espetó a Casado, quien dejó claro que no tiene intención de mover su posición respecto al CGPJ, para el que exige un cambio para que sean los jueces, y no el Parlamento, quienes elijan a todos los vocales de forma directa.

El escenario, al menos, se destensó el mismo día en que se presentaban en la Cámara baja los Presupuestos de 2022. En el caso del Tribunal Constitucional hace ya casi dos años que concluyó el mandato de cuatro de los doce magistrados, mientras que la renovación del Defensor del Pueblo está pendiente desde hace más tiempo y Francisco Fernández Marugán ejerce en funciones desde julio de 2017. Quedará pendiente la renovación de los veinte vocales del CGPJ, que cumplirá tres años de retraso el 4 de diciembre, al tiempo que el PP advierte de que tampoco informará del día a día ni negociará "todo en el mismo paquete". "A nosotros no nos van a mover de la defensa de la independencia del Poder Judicial, como le ha exigido la Comisión Europea ya por escrito en junio. Es su exclusiva responsabilidad este bloqueo", replicó Casado a Sánchez en el Pleno mientras le reprochaba que incumpliera su promesa de "despolitizar la Justicia". "¿Por qué traiciona su propia palabra y no permite que los jueces elijan a los jueces? Es que no lo entiende nadie", le conminó el dirigente popular en una sesión donde planeó la resaca de los abucheos y peticiones de dimisión que recibió el presidente español durante el desfile del 12-O, acto que la derecha empleó de nuevo para azuzar al Gobierno de coalición. Casado ahondó en su visión apocalíptica: "Le pasará como a José Luis Rodríguez Zapatero y el PP va a tener que rescatar a España por tercera vez".

Un horizonte que Sánchez no comparte: "España no está en bancarrota", subrayó el socialista, recordando que el país crece, crea empleo y tiene una prima de riesgo baja. "Le pido que no haga afirmaciones falsas que contravienen los intereses de España y de los españoles", zanjó . Y añadió Sánchez: "Siempre que gobierna la izquierda hay abucheos a los presidentes de izquierdas. Es como ustedes entienden la convivencia". Varios ministros, como la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, la titular de Defensa, Margarita Robles o el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, lamentaron los reproches vertidos por la derecha, cargando contra Vox por "no ofrecer nada" a la ciudadanía salvo generar "tempestades", y mostrando su enfado con esa "minoría que no se representa más que a sí misma" y que actúa con un "nivel alto de cobardía".

En el cuartel general de los populares sacaron pecho de la jornada al asegurar que Casado ha tenido "iniciativa política" planteando desgajar la negociación de las altas instituciones y centrarse ahora en los otros órganos constitucionales con mandato caducado. "La estrategia y maniobra política de Casado ha funcionado", apostillaron. Fuentes del PP indicaron a Europa Press que ven "disposición al diálogo". "No han salido a insultarnos, lo cuál es ya una novedad importante", precisaron, entendiendo que las negociaciones entre Gobierno y PP tienen que ser "discretas" y que no pueden dedicarse a "radiar" lo que está pasando o cuándo se produce un encuentro entre las partes porque lo importante tiene que ser avanzar. "No vamos a hacer de esto un plato de televisión", insistieron. Con todo, la piedra en el zapato por el CGPJ complicará el camino al entendimiento.

referéndum

Por otra parte, Sánchez fue tajante ante la pregunta de otro socio parlamentario, EH Bildu, al que le dejó claro que no habrá referéndum de autodeterminación en ningún territorio. "Lo peor que podemos hacer es fracturar y dividir a la sociedad con referendos interesados y binarios que no ayudan ni aportan nada", le dijo a la portavoz Mertxe Aizpurua cuando ésta le pidió que deje de actuar "como la derecha y demuestre que este Gobierno, que se define como progresista, actúa como tal". La aseveración del jefe del Ejecutivo español no gustó a algunos partidos catalanes, como a la CUP, que anunció que no se sentarán a negociar los Presupuestos si se niega un referéndum en Catalunya.

Igualmente, durante la sesión, Vox únicamente sumó el apoyo del PP y su socio electoral de Foro Asturias a su intento de reprobar al Gobierno en el Congreso por la gestión de la acogida en el Estado español del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, y solicitar la comparecencia de Sánchez ante el Pleno para explicar cómo se produjo dicha entrada por razones humanitarias.

Los órganos

El Defensor

cuatro años en funciones. El Defensor del Pueblo es el que lleva más tiempo pendiente de renovación. El socialista Francisco Fernández Marugán ejerce en funciones desde julio de 2017 y se necesita que la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Defensor del Pueblo proponga un nombre y tres quintas partes del Congreso le den su apoyo (210 votos), resultado que debe ratificarse en el Senado en un plazo máximo de 20 días.

CGPJ

Desde 2018. El mandato del CGPJ caducó en diciembre de 2018 y la elección de sus 20 vocales exige también el apoyo de tres quintos del Congreso (210 diputados). Doce de los consejeros son magistrados y jueces surgidos de un proceso de selección en la carrera judicial donde los precandidatos deben recabar avales de sus compañeros o de las asociaciones judiciales, aunque la última palabra la tienen los partidos. Los otros ocho son juristas de reconocida trayectoria promovidos por los grupos parlamentarios. La mitad de los 20 vocales se vota en el Congreso y la otra mitad en el Senado, a razón de 6 jueces y 4 juristas por Cámara. Ellos eligen al presidente, un magistrado que a la vez presidirá el Tribunal Supremo y que suele ser pactado por los grandes partidos.

TC

desde 2019. También está pendiente la renovación de un tercio del Tribunal Constitucional, los cuatro miembros que corresponde elegir al Congreso, cuyo mandato de nueve años concluyó en noviembre de 2019. El presidente del Alto Tribunal, Juan José González Rivas, es uno de los que debe ser sustituido. Necesita asimismo un apoyo de 210 diputados. La Constitución establece que de los 12 miembros que integran el Alto Tribunal cuatro son nombrados a propuesta del Congreso, que son los que ahora deben actualizarse; cuatro, por parte del Senado; dos, del Gobierno; y otros dos del CGPJ. Todos por un periodo de nueve años.

T. de Cuentas

Desde Julio. El último órgano que se ha incorporado a esta lista de tareas pendientes es el Tribunal de Cuentas, cuyos 12 consejeros concluyeron en julio su mandato de 9 años. También requiere el respaldo de 210 diputados. Los consejeros son los que eligen a su presidente, un puesto que someten a votación cada tres años. Por eso, este mandato arrancó en 2012 con Ramón Álvarez de Miranda al frente de la institución –lo estuvo seis años– y desde 2018 lo ocupa María José de la Fuente y de la Calle.