El reloj corre hacia el 30 de junio, fecha que señaló el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, como tope para conseguir desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial. En caso de no lograr el consenso, activaría un plan B que buscaría, a través de las Cortes, cambiar el método de elección de los integrantes del órgano de gobierno judicial, que lleva cinco años y medio sin ser renovado.
Si bien al PP no le sentó nada bien el tono de amenaza, los liderados por Alberto Núñez Feijóo parecen haber captado el mensaje y ya desde hace unos días, participan en contactos discretos –todas las partes prefieren no hablar de negociación a las claras– para tratar de buscar una fórmula de consenso.
Sin llegar a reconocer expresamente la participación de su formación en las conversaciones, el portavoz de los populares, Borja Sémper, aseguró ayer que su partido mantenía la disposición a alcanzar un acuerdo, aunque sintió la necesidad de matizar que Génova “no se bajará de su demanda de que el CGPJ mantenga su independencia”.
El PP tira de argumentario
Según Sémper, “el acuerdo que podamos alcanzar tiene que tener estos requisitos, que por cierto son requisitos también exigidos por la Unión Europea, por la inmensa mayoría también de los Estados miembros de la Unión Europea”.
Lo cierto es que las respuestas del portavoz del PP responden más al argumentario y a las consignas de comunicación. Si finalmente se llega a una posición común, ninguno de los firmantes del acuerdo pondrá en duda que el nuevo Consejo esté contaminado por ideologías partidistas y falte al principio de separación de poderes.
Desde el PSOE, la consigna lanzada en las últimas horas es de confianza en que habrá una solución compartida antes del próximo domingo.
“Quiero reafirmar mi optimismo y el optimismo del PSOE para que la renovación sea un hecho, para que la justicia y el poder judicial vuelvan a la normalidad que nunca debió haberse perdido y que dentro de unos días esto sea una realidad”, afirmó ayer la portavoz de la Ejecutiva Federal socialista, Esther Peña.
Un paso más allá que el PP, Peña no tuvo empacho en admitir que “en las últimas horas” ha habido intercambios de impresiones entre representantes de los dos partidos. “Lo dejo claro con tres palabras, confianza en llegar a un acuerdo, optimismo en que sea más pronto que tarde, y discreción en los contactos que se están teniendo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial y volver a la normalidad tras más de 2.000 días”.
Pacto global
De acuerdo a lo que se ha ido publicando –con mucha verosimilitud– en los últimos días, la baza negociadora del PSOE consiste en incluir en la negociación la renovación de varios órganos, más allá del CGPJ, en los que el PP corre el riesgo de perder su actual representación ventajosa.
Se mencionan, en concreto, el Consejo de Administración de RTVE, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, o la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, cuyos mandatos están caducados o muy próximos a caducar.
Sería una salida más o menos airosa para los populares, si bien acarrearía un gran coste tanto mediático como interno.
Por el primer lado, la prensa de la derecha ha convertido la cuestión del CGPJ en una suerte de Non plus ultra. El mensaje repetido incesantemente en las terminales conservadoras es que propiciar el desbloqueo de la renovación del poder judicial equivaldría no ya a una cesión, sino incluso, a una traición.
A ese frente, a Alberto Núñez Feijóo se le ha abierto uno más delicado en el flanco interno. La presidente de la Comunidad de Madrid y del PP de la región, Isabel Díaz Ayuso, no pierde oportunidad para manifestar su total disconformidad con cualquier pacto de desbloqueo con el PSOE.
En la versión más fina, Ayuso ha advertido a su teórico superior en el organigrama de que aceptar la fórmula de los socialistas supondría “la estocada final a la separación de poderes”. Con un lenguaje más directo, la líder de los populares madrileños afirma entre bambalinas que cualquier acuerdo con el PSOE sobre esta materia sería “una bajada de pantalones”.
Por lo tanto, no es descabellado pensar que en la resolución del embrollo por parte de Feijóo va a pesar más la contestación de su opositora interna no declarada que cualquier otro razonamiento.
Es un gran dilema porque, vencido el ultimátum de Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno español podría apretar el botón nuclear, propiciando en el Congreso un cambio en la forma de elección del CGPJ que fuera perfectamente aceptado por la Unión Europea. Y entonces el PP se quedaría sin barcos y sin honra.