Cuando hoy concluía el plazo para registrar enmiendas parciales al proyecto de Ley de Memoria Democrática, que está llamada a sustituir a la Ley de Memoria Histórica de Zapatero, el PSOE y Unidas Podemos han hecho saltar la sorpresa al anunciar un acuerdo para que los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura sean imprescriptibles y "no amnistiables", al prevalecer el derecho internacional frente a la Ley de Amnistía de 1977. Se trata de un guiño a la denominada mayoría de la investidura de Sánchez, sobre todo ERC, para que de su apoyo a la nueva Ley de Memoria, pero que no ha resultado suficiente. El portavoz de la formación republicana, Gabriel Rufián, ha calificado este paso de "engaño" y ha reclamado modificar la Ley de Amnistía.
En una rueda de prensa, Rufián ha valorado que el PSOE no quiere cambiar esa ley porque eso supondría "reconocer un error que se cometió hace más de 40 años". Así, mientras el diputado morado Enrique Santiago ha celebrado el acuerdo alcanzado para que la Ley de Amnistía "no pueda ser utilizada como una excusa para no perseguir" este tipo de crímenes; el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, ha mantenido la negativa de su partido a derogar esta normativa porque "no sería la panacea" y "las leyes penales desfavorables al reo no se pueden aplicar de forma retroactiva".
EH Bildu también deja claro en sus enmiendas que apuesta por la derogación de la Ley de Amnistía del 77, de modo que no prescriban los crímenes de guerra ni de lesa humanidad. Apuesta asimismo por la anulación de las condenas del franquismo y por la responsabilidad económica e indemnización del Estado a las víctimas. La coalición pide además declarar el 18 de julio como Día de condena del golpe fascista, en "recuerdo y homenaje a todas las víctimas que se derivaron de él".
UNA TREINTENA DE ENMIENDAS
PSOE y Unidas Podemos han pactado una treintena de enmiendas al articulado del proyecto de ley, incluyendo una destinada a derogar diversos aspectos de la Ley de Amnistía con el propósito de evitar la "impunidad" sobre los "crímenes de lesa humanidad" cometidos durante la dictadura. Pero en lugar de derogar esta norma clave en el período de la Transición, apuestan por marcar una senda para sortearla mediante una amplia interpretación de la aplicación del derecho internacional y humanitario en el Estado. En concreto, los dos socios del Gobierno plantean que "todas las leyes", incluida la Ley de Amnistía, "se interpretarán y aplicarán" conforme al derecho internacional y humanitario, según el cual "los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescribibles y no amnistiables". Ahora necesitan el apoyo de otros grupos para que salga adelante en la Comisión Constitucional del Congreso.
Esta modificación es la de mayor alcance y con mayor relevancia jurídica y simbólica, pero hay otras significativas y con posibilidades de lograr luz verde, como cambiar el nombre del Valle de los Caídos a Valle de Cuelgamuros para quitarle así las connotaciones ligadas al franquismo, tras la exhumación en 2019 de los restos de Franco.
Las enmiendas de socialistas y morados también incluyen ampliar el censo de víctimas del franquismo para incorporar a las víctimas de la Transición, de 1978 a 1982.
Además, los descendientes de los brigadistas internacionales podrán solicitar la nacionalidad española y se creará una oficina de víctimas de la dictadura y un Centro de Memoria Democrática con participación de las víctimas y sus organizaciones. Se incorporará un banco de ADN para identificar y localizar a víctimas enterradas en cunetas, así como casos de los denominados bebés robados.