Sólo lleva un día en vigor pero la ley de Amnistía y su aplicación por parte de los jueces está generando más de un quebradero de cabeza como era previsible. En realidad debemos separar dos planos dentro del ámbito judicial. Por un lado las causas abiertas en los juzgados de Catalunya y por otro aquellas causas que instruye el Tribunal Supremo empezando por la del propio Carles Puigdemont. Y son estas últimas las que generan dudas en algunos juristas.
Juanjo Álvarez: "Si (Puigdemont) pisara hoy o en estos cinco días suelo español sería detenido"
En ONDA VASCA, el catedrático de Derecho Internacional Privado de la UPV-EHU, Juanjo Álvarez, reconoce que es una ley "singular y muy especial". Pero precisamente pone el acento en cuatro magistrados: el juez Marchena, el magistrado Llarena, la jueza del caso Tsunami Democratic y el presidente del Tribunal de Cuentas. Matiza Juanjo Álvarez que lo que ha hecho por ejemplo el juez Pablo Llarena es dictar una providencia. "Es razonable. Han dicho que van a escuchar a las partes para que se pronuncien sobre las dudas que genera la ley", señala y en su opinión, es razonable y no es incorrecto hacerlo.
Y es que señala el catedrático, la ley ya está en vigor pero "toda aplicación exige una interpretación de la misma. La ley tiene mandatos muy claros. Aunque se consulte al TC y al Tribunal europeo, debes levantar medidas cautelares", subraya. Es decir, "una orden de busca y captura debe quedar en suspenso", añade.
La pregunta que debemos hacernos, afirma este experto, es ¿qué pasa si el juez dice que ese artículo de la ley es inconstitucional? "Si lo hace puede paralizar la aplicación. Incluso si un juez italiano dice que es contraria a derecho europeo puede negarse", matiza.
Preguntado sobre qué ocurriría si hoy Puigdemont decidiera volver a Catalunya, Juanjo Álvarez lo tiene claro. "Si pisa suelo español hoy o en estos cinco días la realidad es que sería detenido porque Llarena no ha alzado esa medida cautelar", afirma. "Si hoy atravesara la frontera sería detenido. Dentro de cinco días, el juez tendrá la opinión de todas las partes y tomará la decisión", explica. Y en ese momento, añade, la única forma de no levantar la orden de detención es decir que la ley es contraria al derecho europeo.
En estos días, remarca, el juez va a decidir por qué delito realmente puede mantener la persecución contra esa persona. Ni rebelión ni sedición son posibles, así que sólo queda malversación y desobediencia. Para Juanjo Álvarez, "sólo cabe mantener malversación siempre y cuando haya buscado su propio beneficio. La ley lo dice muy claro pero los fiscales del Supremo no lo ven. Ahí es donde está el debate", apunta.
José Antonio Marín Pallín: "Puigdemont puede venir a España"
Pero no todos los magistrados opinan lo mismo. En ONDA VASA, el juez emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín ha sido tajante. "Lo que hay es una insólita rebelión de parte de las togas frente a un acto del legislativo" sentencia. "Que el juez Llarena de conferencias me parece bien pero que use su ideología para saltarse la ley me parece peligroso. Cuando tomamos posesión juramos guardar la Constitución y el ordenamiento jurídico", recuerda.
Una dura crítica de este magistrado ante una ley que recuerda es "muy clara". "Me asombra que un juez que debe ser garantista y pro libertate para que nadie sea indebidamente detenido, se lo salte de esta manera. No puede saltarse la orden. Puede llegar a cometer detención ilegal o de derechos fundamentales. Si está en España no hay riesgo de fuga y por tanto no hay causa legal que autorice ordenar la detención o ingreso en prisión. Lo demás es proyectar ideología jurídica", remarca.
En su opinión esto podría suponer un "desacato". Sí está de acuerdo con Juanjo Álvarez en que abrir un período de consulta con las partes es razonable. "Lo contempla la ley", afirma pero a su vez recuerda que el que decide en última instancia es el juez. "Hay más de 40, 50, 60 causas abiertas en Catalunya y los jueces catalanes pueden inmediatamente acordar la amnistía sin restricción. Les corresponde a ellos y es irreversible", matiza.
Algo que en su opinión no tardará en llegar. "No creo que el Ministerio fiscal recurra y los beneficiados tampoco. Se va a producir doble efecto perturbador. Se verá que el Tribunal Supremo tiene encarnizamiento que me asombra porque ya ha recibido reveses de los jueces europeos. ¿Quieren uno más?, pregunta.
Y lanza una advertencia a quienes mencionan la posibilidad de acudir al Tribunal europeo. "Esos que dicen que se van a Luxemburgo porque puede afectar al derecho de la Unión, lo van a rechazar de plano. Si el TC dice que es inconstitucional qué pinta Luxemburgo", insiste.
Para Martín Pallín, no levantar las medidas cautelares es "vulnerar la Constitución". Otra cosa es, añade, el delito de malversación. Pero en este aspecto también lo considera inviable. "Sería escandaloso que el Supremo se saque de la manga una interpretación donde dice el legislador que tiene que haber ánimo de enriquecimiento, a ver cómo construyen ese ánimo de lucro. Sería tergiversación", advierte.
De hecho se confiesa asombrado por quienes argumentan que el procés y la consulta del 1 de octubre se pagó con fondos europeos. "No salgo de mi asombro. En la página 57 verá que en el dinero de los gastos electorales enumera de dónde proviene y en ningún caso vienen de fondos europeos. Ninguna sentencia firme dice que provenga de esos fondos", subraya.
El magistrado emérito del Supremo dice que prefiere pensar en que la sala actuará con "sensatez y que no habrá enroque". "No hay otra salida que aplicar la ley", remarca. E insiste. "El señor Puigdemont puede venir a España. No se puede acordar su prisión preventiva. Si lo que quieren hacer es un escarmiento tipo nacional catolicismo que se le vea esposado a algo, me parece que también es una conculcación de los principios constitucionales. Que no enreden demasiado", señala.
Para terminar ponía un ejemplo de la aplicación de una ley por parte de la justicia aunque no guste. "Nosotros aplicamos la amnistía del 77 cuando el comité de derechos humanos de ONU nos ha dicho ya que debemos anular la ley del 77. La aplicamos sabiendo que su contenido dejaba en libertad a torturadores como 'Billy el Niño'. Lo acatamos porque venía del Parlamento", sentencia.