La abogada Maite Ortiz está acompañando personalmente a María Ángeles Otegi en el particular calvario que vive desde que el juzgado le informó de la amenaza de ejecución hipotecaria que se cierne sobre ella. “Puede tratarse de una operación legal en la medida en que el deudor acepta esas condiciones y firma. Puede ser legal, pero no es honradamente ético lo que está viviendo María Ángeles”, opina.
“Se están aprovechando de la situación de desesperación de las familias para conceder unos préstamos en unas condiciones leoninas. En su derecho están, pero personalmente no me parece honrado: obtienes un beneficio económico muy elevado aprovechándote de la desgracia ajena. Moralmente no es algo que se pueda alabar”, denuncia la abogada.
Este tipo de operaciones avaladas por padres y madres ya mayores, que tratan de ayudar a sus hijos poniendo como garantía del préstamo sus viviendas “están a la orden del día”. Las sucesivas crisis han provocado que crezcan las dificultades económicas de tantos autónomos en la cuerda floja, que tratan de reflotar sus negocios a través de este tipo de préstamos.
De los impagos debido a estas complejas situaciones, tal y como ha denunciado esta semana la plataforma Stop Desahucios, ha comenzado a aflorar el drama de los avalistas jubilados, que se extiende por Gipuzkoa. Son ya al menos siete las personas afectadas de las que tiene conocimiento la asociación, tres de ellas octogenarias.
“El otro día, en la rueda de prensa, no dije nada porque estaba emocionada”, reconoce Otegi. “No me encontraba bien, pero se me acercaron personas jóvenes que me dijeron que estaban viviendo la misma situación por la que estoy pasando yo. Tuvieron conmigo palabras de ánimo, y me dijeron que estuviera tranquila”. De las palabras de la vecina de Usurbil se adivina un sector de la sociedad que parece sufrir una precariedad intergeneracional.
Código de Buenas Prácticas Bancarias
"En esa situación hay compañeros y compañeras que provienen de Kutxabank, y de fondos buitre como Promontoria Coliseum, Coral Homes y Zima Finance", denuncia Stop Desahucios. Ortiz señala que, con todas salvedades, cuando son entidades bancarias las que reclaman “suele darse una situación de un poco más de tranquilidad, en la medida en que suelen ser más próximas, lo que facilita la negociación”.
En estos casos se suele evaluar la posibilidad de aplicar el Código de Buenas Prácticas Bancarias. Así, hay personas afectadas que pueden respirar algo más tranquilas, sabiendo que, quizá, se les ofrezca pagar una cuota de carencia durante cinco años, como puede ser el euribor más 0,5%, a la espera de que remonte su situación económica.
“Se puede plantear la posibilidad de que, en el caso de que la vivienda se la adjudique la entidad, los padres que avalaron el préstamo puedan acceder a un alquiler social el tiempo que les quede de vida. Al ser entidades bancarias ya reconocidas, es más fácil el acceso de la plataforma antidesahucios para negociar una alternativa”. Cuando son prestamistas de fuera, advierte Ortiz, esa posibilidad desaparece”.