Puigdemont avisa a Llarena que llevar la amnistía al Constitucional es "una innecesaria pérdida de tiempo"

El expresidente catalán Carles Puigdemont ha advertido al juez del Supremo Pablo Llarena que llevar la ley de amnistía al Tribunal Constitucional supone "una pérdida de tiempo" que puede interpretarse como un intento de "dilatar" su aplicación, dado que considera que la norma no tiene tachas inconstitucionales.

En un escrito, al que ha tenido acceso EFE, Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont, se ha pronunciado así ante el juez Pablo Llarena, que ha preguntado a acusaciones y defensas si consideran que la ley de amnistía debe ser elevada al Tribunal Constitucional.

Boye se muestra convencido de que la ley de amnistía "no incurre en ninguna tacha de inconstitucionalidad", por lo que llevarla al TC "solo conllevaría una innecesaria pérdida de tiempo de cara a la propia aplicabilidad de la norma".

Además, añade el abogado, si el Supremo opta por plantear la inconstitucionalidad de la ley de amnistía ante el TC, "podría interpretarse como un intento de dilatar el proceso judicial de manera indebida".

La ley ha sido diseñada "dentro del marco constitucional"

Según Boye, desde una perspectiva jurídica la ley "ha sido diseñada y aprobada dentro del marco constitucional vigente, cumpliendo con los procedimientos legislativos y las garantías democráticas establecidas".

En ese sentido, considera que no hay elementos que contradigan los principios constitucionales, "tales como la separación de poderes, el derecho a un juicio justo, y la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas".

Puigdemont también replica a Llarena que desconoce cuáles son las "dudas sobre la validez constitucional" que han motivado que plantee elevar la ley al Supremo, por lo que "resulta complicado para las partes formular un pronunciamiento preciso y fundamentado" sobre esa cuestión.

"¿Se nos está pidiendo que indaguemos en la mente del magistrado?", se pregunta Boye en su escrito, en el que él mismo se responde: "Implícitamente, sí. La falta de claridad en la resolución (...) deja a las partes en una posición en la que se ven obligadas a especular sobre las posibles dudas de constitucionalidad que él podría tener".

Para el abogado, esa falta de concreción "también va en contra de los principios de transparencia y precisión que deben guiar todo proceso judicial".