La Ley de Amnistía pactada por el PSOE y los partidos independentista puede abarcar casi un centenar de causas penales con decenas de afectados, entre los que destacan los cuatro líderes independentistas catalanes fugados, con el expresident Carles Puigdemont a la cabeza, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, todavía inhabilitado.
A falta de que se conozca el contenido del texto, se sabe que afectará a los hechos ocurridos en relación con el proceso independentista catalán entre 2012 y 2023.
A continuación, las principales causas que podrían beneficiarse de una amnistía y sus afectados.
1- PUIGDEMONT Y LOS FUGADOS EN EL SUPREMO
Es el procedimiento de mayor trascendencia política, judicial y social porque afecta al expresident, fugado en octubre de 2017 junto a otros dos exconsellers, Lluís Puig y Toni Comín. Tras la última reforma penal, ahora están procesados por desobediencia y malversación, delito castigado con hasta 12 años de prisión. Tienen una orden de detención nacional en vigor.
El magistrado Pablo Llarena estaba pendiente de dictar una euroorden contra ellos tras la retirada de la inmunidad parlamentaria a los eurodiputados Puigdemont y Comín, a petición de la Fiscalía, si bien ambos han recurrido a la Justicia europea.
Clara Ponsatí en su despacho de Bruselas.
También están procesadas por desobediencia, que no acarrea penas de prisión, la exconsellera Clara Ponsatí -a la espera de que el Supremo le abra juicio-, y la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, además de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que está huida en Suiza.
El caso de la líder de ERC es distinto: en la causa del Supremo por el procés está procesada solo por desobediencia -una vez eliminado el delito de sedición por las reformas penales de la anterior legislatura-, pero la Audiencia Nacional acaba de imputarle un delito de terrorismo por su papel en la plataforma Tsunami Democràtic que organizó las protestas contra la sentencia del procés.
2- JUNQUERAS y LOS OCHO CONDENADOS POR EL JUICIO DEL PROCÉS
Su marco judicial cambió tras la reforma penal que derogó la sedición y modificó la malversación. Solo cuatro de ellos cumplen actualmente penas de inhabilitación. Junqueras y la exconsellera Dolors Bassa, hasta 2031, y los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull hasta 2030. Todos por desobediencia y malversación.
Los líderes independentistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart están condenados por el nuevo delito de desórdenes públicos agravados mientras que la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los exconsellers Joaquim Forn y Josep Rull por desobediencia.
El exconseller de la Generalitat Raül Romeva (ERC), el exconseller de la Presidencia Jordi Turull (JxCat), el exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
Pese a ello, la reforma penal extinguió totalmente sus condenas de inhabilitación, que iban de los 9 años a los 11 años y medio.
3.- TSUNAMI DEMOCRÀTIC
Tras cuatro años de investigaciones, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha dirigido la causa que abrió por terrorismo a raíz de las masivas movilizaciones convocadas por Tsunami Democràtic contra el propio Puigdemont, su asesor Josep Maria Alay, Marta Rovira y otras 9 personas del entorno independentista.
La Fiscalía discrepa de la calificación de terrorismo en las protesta post-sentencia que colapsaron el aeropuerto de El Prat y la autopista AP-7 y apuesta por rebajarlo a un delito de desórdenes públicos.
El delito atribuido ahora a los investigados en Tsunami amenaza con complicar la aplicación de la medida de gracia, porque permitiría al juez recurrir la Ley de Amnistía ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a través de una directiva que establece el compromiso de los Estados para luchar contra el terrorismo.
4.- CDR
Doce procesados por delito de pertenencia a organización terrorista y, en el caso de ocho de ellos, también por tenencia, depósito o fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista y estragos de carácter terrorista y en grado de tentativa.
Fueron detenidos en 2019 en el marco de la Operación Judas y se les acusa de pertenecer a una facción radicalizada de los Comités de Defensa de la República (CDR) que planeó supuestamente sabotajes o acciones violentas en sedes oficiales de Cataluña en 2019 de cara al aniversario del 1-O. Pendiente de apertura de juicio oral.
Acto de apoyo a los procesados en la Operación Judas en Barcelona.
5.- LA ORGANIZACIÓN DEL 1-O
La Fiscalía pide tres años de cárcel por desobediencia y malversación atenuada para el diputado de ERC Josep Maria Jové, uno de los dirigentes con más peso en el partido, pendiente de ser juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña junto al presidente del puerto de Barcelona, Lluís Salvadó, y la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, por la organización del 1-0.
También por la logística del referéndum están procesados una treintena de empresarios y cargos del Govern, algunos de los cuales -en su mayoría de ERC- se exponen a penas de cárcel.
Otros implicados son los miembros de la Sindicatura Electoral del 1-O, entre ellos la consellera de Feminismos, Tània Verge, y el exdiputado de Junts Josep Pagès. Fueron absueltos, pero se ha ordenado la repetición del juicio.
6.- LOS GASTOS DEL PROCÉS, EN EL TRIBUNAL DE CUENTAS
Una de las derivadas con una cita más inmediata es el juicio en el Tribunal de Cuentas, previsto para el viernes de la próxima semana, día 17, a 35 exaltos cargos de la Generalitat, entre ellos los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, por los gastos derivados del 1-O y de la promoción exterior del procés, por lo que se les exige en total hasta 5,3 millones de euros.
El expresidente de la Generalitat Artur Mas.
Este juicio también implica, además de a Puigdemont y Mas, al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, a varios exconsellers, como Toni Comín y Clara Ponsatí, y a numerosos ex altos cargos procesados en otras causas judiciales del procés.
La defensa de Puigdemont ha pedido la suspensión del juicio y de todo el procedimiento alegando que el Tribunal de Cuentas no puede pronunciarse sobre su supuesta responsabilidad contable cuando el procedimiento penal que dirige contra él el Supremo sigue abierto.
7.- LAS CARGAS CONTRA EL REFERÉNDUM
El alcance de la amnistía para los policías nacionales y guardias civiles investigados por las cargas del 1-O se antoja limitado si finalmente quedan fuera de la medida de gracia los agentes a quienes se imputan delitos de torturas o contra la integridad moral.
En Barcelona, 45 policías están imputados por su actuación "desproporcionada" para evitar el referéndum, sin que aún se hayan delimitado los delitos que se les atribuyen. El mismo juzgado tiene procesado al activista y excandidato de Junts al Senado Roger Español -quien perdió un ojo por el disparo de una pelota de goma-, acusado de lanzar una valla contra la línea policial.
Los que sí podrían beneficiarse son la treintena de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil imputados por las cargas en Girona y Aiguaviva, dado que irán a juicio solo por lesiones.
8.- OTRAS CAUSAS EN LOS LÍMITES DEL PROCÉS
Hay decenas de manifestantes imputados por los disturbios en las protestas tras la sentencia del procés, en algunos casos con penas que implican su ingreso en prisión.
En los límites del procés se sitúa además la causa contra el exconseller de Interior Miquel Buch, condenado a cuatro años y medio de cárcel por fichar de asesor a un sargento de los Mossos para que siguiera escoltando a Puigdemont tras su huida de España.
El exconseller de Interior de la Generalitat de Catalunya Miquel Buch.
Y Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Puigdemont, para quien la Fiscalía pide tres años de prisión por pagar con fondos públicos un viaje de 2018 como observador del referéndum de Nueva Caledonia.
Alay también está investigado por pedir información reservada a un mosso d'esquadra en el llamado "caso Volhov", causa que supuso uno de los últimos escollos en las negociaciones con Junts por la amnistía y en la que además se indagan los contactos de Puigdemont con Rusia y el desvío de fondos públicos para el procés.