El ex presidente catalán Carles Puigdemont ha recurrido el auto por el que el instructor del 'procés', Pablo Llarena, le procesó por presuntos delitos de desobediencia y malversación, instando al magistrado del Tribunal Supremo (TS) a que revoque su decisión y deje sin efecto la orden estatal de busca, detención e ingreso en prisión que dictó en su contra.
En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa del líder independentista --a cargo del letrado Gonzalo Boye-- ha reclamado que, en caso de que no se estime su recurso, se remita al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una batería de cuestiones prejudiciales. Entre otras cuestiones, insta a que se pregunte si el Tribunal Supremo es el órgano competente para llevar una causa contra un eurodiputado, como es el caso de Puigdemont, que goza de inmunidad como miembro del Parlamento Europeo.
Llarena se vio obligado a reformular el procesamiento y las órdenes de busca y captura contra Puigdemont y los demás prófugos del 1-O para ajustarse a la reforma penal que entró en vigor el pasado 12 de enero. Ese mismo día, el magistrado del TS acordó cambiar la desaparecida sedición por desobediencia, descartando que los hechos encajaran en el nuevo delito de desórdenes públicos agravados, y mantener la malversación agravada, desechando las nuevas versiones atenuadas.
Ahora, el expresidente catalán ha presentado su recurso en contra de la decisión adoptada por el magistrado y, entre las cuestiones prejudiciales que pide que se planteen al TJUE, ha solicitado que se consulte al tribunal europeo si la orden de detención estatal que dictó Llarena es "compatible" con la Decisión Marco 2002/584 del Consejo, de 13 de junio de 2002 relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros.
Al margen, la defensa también hace referencia a la sentencia del propio TJUE sobre el exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras --de diciembre de 2019-- y pide que se pregunte si el Tratado de Funcionamiento de la UE se opone al mantenimiento de una orden estatal de detención contra un diputado del Parlamento Europeo emitida luego de que fuese elegido eurodiputado y mientras se tramitaba el suplicatorio a la propia Eurocámara.
PIDE A LLARENA QUE SE APARTE
En el marco del recurso, Boye ha incidido en que Llarena debería apartarse del procedimiento que se sigue contra el presidente de la Generalitat, entre otras razones, porque en el propio auto que ahora se impugna el magistrado expone razonamientos en los que "refleja su falta absoluta de imparcialidad" y porque aceptó el Premio Villacisneros,"otorgado por una fundación que ha llegado a jalear el grito '¡Puigdemont a prisión!".
"Si bien es cierto que en anteriores ocasiones ya hemos cuestionado la falta de imparcialidad del magistrado instructor, no es menos cierto que en esta ocasión nos vemos obligados a volver a hacerlo porque, de una parte, persisten las causas antes alegadas y, de otra, el propio auto refleja nuevas causas tanto para cuestionar su falta de imparcialidad como para plantear que lo adecuado, a efectos de la garantía del derecho al juez imparcial, sería su abstención", ha subrayado la defensa.
CASCADA DE RECURSOS
El recurso de Puigdemont es el último que faltaba por presentarse por parte de las defensas. La ex consejera catalana y eurodiputada de Junts Clara Ponsatí fue la primera en combatir el auto de Llarena. Procesada inicialmente por sedición, alega que no puede ser imputada "de golpe" por desobediencia, a lo que anuda que, en cualquier caso, el delito estaría prescrito.
El también ex consejero Lluís Puig impugnó igualmente la resolución judicial para solicitar a Llarena que, de la sedición y malversación que le achaca, retire este último delito. Alega que la presunta malversación se basa en gastos de papeletas, censo electoral y citaciones a los miembros de las mesas electorales que la Generalitat no pagó, conforme al propio relato de la sentencia del 'procés'.
El auto de Llarena también ha sido recurrido por los fiscales del 'procés' y la Abogacía del Estado. En ambos casos, piden al instructor que persiga a Puigdemont por desórdenes públicos agravados, además de por desobediencia y malversación agravada.