Carles Puigdemont tiene entre sus manos la llave de la legislatura española y la pretende hacer valer. El líder de Junts, a quien la Justicia se niega a aplicarle la ley de amnistía, demanda al Gobierno de Pedro Sánchez el traspaso “integral” de la competencia de inmigración para seguir manteniendo su respaldo al Ejecutivo, tal y como certifica para salir al paso de informaciones periodísticas que aludían a avances en esta materia. “Alguien se ha pasado de listo, porque eso no es así. Solo avanzaremos si Catalunya recibe la delegación integral de las competencias en inmigración, que es lo que acordamos”, ha advertido en su cuenta personal de la red X, donde el ex Jefe del Govern lanza un serio aviso a Moncloa. “Si alguien piensa que dejando pasar el tiempo nos vendremos a una solución a medias –a el estilo de la financiación– va bien confundido. Si alguien tenía planificado empaquetar los incumplimientos acumulados para resolverlos a su favor en una negociación presupuestaria, también se equivoca”, manifiesta.
Sus palabras llegan tras los recientes contactos mantenidos entre el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, despues de que el Gobierno de Sánchez llegara a este pacto con Junts el pasado enero para poder convalidar tres reales decretos –al final uno se tumbó por el voto en contra de Podemos–. Socialistas e independentistas discrepan sobre el contenido real del acuerdo. A juicio de los posconvergentes, el consenso atañe a la delegación “integral” de las competencias de inmigración a la Generalitat, que se hará por la vía del artículo 150.2 de la Constitución mediante una ley orgánica específica para Catalunya, “para que sean el Govern y el Parlament los que determinen una política propia, adecuada a las necesidades y a la realidad de nuestro país”, y se incluía, también, la publicación “inmediata” de las balanzas fiscales –que todavía no se ha hecho– y “la supresión” del artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que se llevó a cabo después.
Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha apuntado en un desayuno informativo que las competencias sobre seguridad y entrada en fronteras españolas son del Estado “y no son traspasables”, algo que también suscribe Sánchez. La política en materia de fronteras y la expulsión de inmigrantes “está en manos de la Administración General del Estado”, afirmó en una entrevista radiofónica, delimitando así lo que se puede traspasar y lo que no. Está por ver qué se delega porque el Ejecutivo nunca lo ha aclarado fehacientemente pero sí ha dicho que es intransferible. Junts aspira a que el Govern pueda decidir sobre la expulsión de inmigrantes en situación irregular que sean reincidentes y a influir en el reparto de extranjeros por todo el Estado español. En este contexto, Puigdemont añade que “si alguien piensa que haciendo filtraciones interesadas nos dejaremos engañar, todavía se equivoca más. Los hemos avisado una y otra vez y no parece que escuchen. O peor: parece que eso les refuerza. En todo caso, pronto sabremos los entresijos”, matiza, en velada alusión a su disposición de no propiciar que haya Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Marlaska justifica a los Mossos
Por otra parte, Marlaska se ha referido a la escapada de Puigdemont tras su fugaz paso por Barcelona el pasado 8 de agosto el día de la investidura de Salvador Illa, justificando el fracaso del operativo policial de los Mossos. “A veces hay fallos, pero estoy convencido que eso no se repetirá. Evidentemente a todos nos hubiera encantado que hubiera sido detenido como procedía”, ha zanjado.