La decisión de la justicia europea de retirar la inmunidad parlamentaria al expresidente catalán Carles Puigdemont da vía libre al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, para cursar una nueva euroorden, si bien eso no implica una entrega inmediata porque Bélgica puede esperar a que el fallo se firme.
Porque nada más conocerse el fallo el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), lo primero que ha hecho el abogado de Carles Puigdemont ha sido anunciar que la decisión les "obliga a recurrir en casación" como han hecho "en todas las ocasiones anteriores", lo que puede dilatar y entorpecer aun más un proceso que lleva abierto desde que huyó de España en octubre de 2017.
Ahora corresponde al juez del Supremo dar el siguiente paso para lo cual tendrá que leer la sentencia antes de tomar un decisión contra Puigdemont y los otros dos eurodiputados de JxCAT, Toni Comín y Clara Ponsatí, a quienes también se les ha retirado la inmunidad, por lo que la situación vuelve a su origen, al momento previo a que los tres adquirieran su condición de europarlamentarios.
CURSAR UNA NUEVA EUROORDEN O ESPERAR A QUE EL FALLO SEA FIRME
Hay dos escenarios abiertos. El más probable es que emita una nueva orden de detención europea (ODE) por los delitos de malversación y desobediencia, sin esperar a impugnaciones ni recursos ante la instancia superior, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
El menos plausible es que espere a que la sentencia del TGUE sea firme para poder cursar la ODE, un proceso que si la defensa del expresident apura los plazos de dos meses y diez días para interponer el recurso, como es de esperar, dilataría la resolución definitiva hasta, al menos, marzo de 2024.
Pero ocurre que en cualquiera de los dos escenarios hay un tercer actor con mucho que decir, Bélgica, cuyas autoridades judiciales han dado más de un revés a los jueces españoles, por lo que aun con la decisión acordada hoy nada invita a pensar en un cambio de actitud por su parte.
LA VARIABLE DE BÉLGICA
Mirando el histórico, es improbable que los jueces belgas accedieran a ejecutar una euroorden sin esperar a que el fallo sea firme e incluso, en tal caso, no existe una seguridad plena de que entregaran al expresident tras el resquicio que dejó abierto el TJUE cuando resolvió las cuestiones prejudiciales en enero.
Entonces dijo que ningún país de la UE puede cuestionar la competencia del Tribunal Supremo para emitir las euroórdenes contra los líderes independentistas, pero sí puede negarse a entregarles si considera que en España existen "deficiencias sistémicas" para garantizar sus derechos fundamentales. A eso se aferra Puigdemont.
Otra cosa, es que con una nueva euroorden, el expresident vería limitados sus movimientos a Bélgica, puesto que si abandona este país por cualquier motivo, se expone a ser detenido -como ya sucedió en Alemania e Italia- y a que, esta vez sí, su entrega se acelere.
LA ESTRATEGIA DE LA DEFENSA, RECURRIR Y GANAR TIEMPO
Y en cuanto a la defensa, el abogado Gonzalo Boye seguirá firme con su estrategia de recursos que lo ralentizará todo y probablemente pedirá medidas cautelares, como ya hizo el pasado año, para que devuelvan a los tres eurodiputados provisionalmente esa inmunidad hasta que se resuelva el recurso.
Además, Boye sostiene que Llarena está obligado a pedir un nuevo suplicatorio a Bruselas por los nuevos delitos de malversación y desobediencia porque la anterior euroorden, que incluía la sedición y sobre la que se basó el suplicatorio, se retiró el 12 de enero, de manera que entiende que aquel suplicatorio ha perdido su validez.
No obstante, fuentes jurídicas indican que ni el Parlamento Europeo piensa así ni mucho menos el Tribunal Supremo que defiende que el suplicatorio se cursó por unos hechos que no han variado y que en nada afecta la calificación jurídica que se de a los mismos.