La progresividad fiscal busca construir sociedades más igualitarias. Tiempo atrás, se hizo evidente que el progreso personal no es siempre fruto del mérito ni del esfuerzo ni del compromiso y que la paz social tiene un coste porque, incluso a los más favorecidos, les conviene disfrutar de la estabilidad que aporta un mínimo bienestar ajeno. Sonará cínico, pero mejor un vecino con su supervivencia asegurada; nadie disfruta del privilegio propio rodeado de hambrientos porque siempre temerá que se lo coman.
Sobre esa base, se han articulado multitud de fórmulas: en los extremos, las que promueven el fin de la propiedad privada y las que abogan blindar a los ricos en su riqueza, que siempre se les caerá algo para repartir. La primera se enuncia como solidaridad para fracasar socializando la carencia y la segunda como meritocracia y se desfonda consolidando la desigualdad. Ese viejo relato es siempre burdo cuando nos reclama elegir entre millonarios y pobres de solemnidad a esa mayoría que no somos una cosa ni queremos ser la otra.
Ahora toca la tasa a las empresas energéticas y financieras para estabilizarla como impuesto. Es fácil: que pasen por caja los ricos y paguen. Nadie empatiza con los ricos, ni lo pretenden. Pero una empresa, por grande que sea, no es un magnate sino un actor de la economía y la Comisión Europea recela de que se tribute por la actividad en lugar de por el beneficio. Se pagará más por más negocio, pero si se come el margen se reduce el empleo y la inversión. El resultado es que el caudal público acaba pagando con prestaciones el coste social del experimento. Para los beneficios millonarios ya se tributa en Sociedades. Mejórese el impuesto porque un sistema tributario progresivo da más estabilidad a la recaudación, a la actividad y a la sociedad que una incautación extraordinaria, por bien titulada que esté.