Rafael Dueñas: "Hay clientes con deudas de entre 50.000 y 60.000 euros que lo han perdido todo"

Los bufetes de abogados especializados atienden todos los años a clientes que, ahogados por su situación de quiebra económica, relatan que se han querido quitar la vida. En los últimos meses ha sido una donostiarra cuyo negocio se fue al traste, y un joven de una localidad del interior del territorio con problemas de adicción al juego. “Porque tengo una niña pequeña, de lo contrario me habría suicidado”, confiesa abiertamente este joven.

Como en la vida, las segundas oportunidades también se pueden explorar en los tribunales. La norma que lo permite y que entró en vigor en julio de 2015 sigue siendo "una perfecta desconocida en Gipuzkoa", a pesar de que el sobreendeudamiento conduce a situaciones de quiebra económica desesperantes, que impactan de lleno en la vida de las personas afectadas.

La Ley de Segunda Oportunidad es una herramienta a disposición de particulares y autónomos que les puede ayudar a superar una situación económica complicada. La medida es el equivalente de los procesos concursales y de bancarrota en empresas, sólo que llevado al ámbito personal. La ley entró en vigor en medio de una fuerte campaña mediática contraria de la banca, que señalaba el “riesgo moral” que podía animar a acogerse sin medida a la norma. “Aquel posicionamiento provocó, de alguna manera, que mucha gente se retrajera de intentarlo”, subraya Rafael Dueñas, del despacho de abogados donostiarra Sekinin, quien ha podido conocer a lo largo de los últimos años muchas de esas situaciones tan complejas.

La espiral diabólica del endeudamiento

El actual contexto, con la subida de tipos de interés, está empujando a los consumidores a cubrir la diferencia entre sus ingresos y gastos con créditos personales. Y la bola crece hasta que, ante cualquier eventualidad, acaba estallando, como se ha conocido esta semana con el caso de un guipuzcoano que ha logrado cancelar una deuda de 27.620 euros mediante la denominada Ley de Segunda Oportunidad.

Este hombre había solicitado un préstamo mediante una tarjeta de crédito. Poco después perdió su empleo. Sin poder pagar la deuda, fue solicitando otros créditos para afrontar los anteriores y tuvo que dejar de abonar los préstamos “para poder hacer frente al pago de sus gastos más esenciales y necesarios”, según recoge el auto de un juzgado de Azpeitia, por el que se cancela la deuda.

En Gipuzkoa la casuística es muy variada. “Hemos tenido el caso de un antiguo escolta que ahora trabaja de repartidor. De ingresar unos 2.500 euros más dietas, a ganar al Salario Mínimo Interprofesional (actualmente está fijado en 1.000 euros). Estaba endeudado, y no podía hacer frente”, detalla este letrado, que refiere el caso de otros clientes afectados por retrasos en el pago de las nóminas que les obligan a pedir créditos, o pacientes con enfermedades raras que deben costearse tratamientos muy caros.

Los estragos de la ludopatía también llegan a los bufetes de abogados. “Hay clientes con deudas de entre 50.000 y 60.000 euros. Hoy en día acceder a un crédito puede ser muy fácil. Lo puedes hacer a un click en Internet, y para una persona con ludopatía eso ponerle una soga al cuello”, señala Dueñas. El comportamiento compulsivo que lleva a la persona a comprar de manera descontrolada objetos que no necesita -conocido como oniomanía- también se convierte en una compleja realidad.

El Estado, a contracorriente de Europa

A pesar de todas estas situaciones, el Estado nada a contracorriente con respecto al conocimiento que se tiene en Europa de la Ley de Segunda Oportunidad. Basta una comparativa con algunos países del entorno. En Italia, por ejemplo, unas 15.000 personas se acogen cada año a estos procedimientos, cifra que en Francia se sitúa en torno a las 25.000, y que escala hasta las 40.000 en Alemania. En el Estado, en cambio, apenas son 2.000 las personas sobreendeudadas que buscan cada año esa alternativa a través de la nueva ley, que nació precisamente del requerimiento europeo.

"Una vez aprobada, en 2015, se volvió bastante restrictiva ya que, entre otras cuestiones, obligaba al deudor a perder su vivienda habitual y liquidar todos sus bienes. De ahí que durante estos años se haya acogido a la ley quienes ya lo habían perdido todo, o no les importaba perderlo”, explica Dueñas.

Es el caso en Gipuzkoa de clientes que compraron durante la burbuja inmobiliaria viviendas con una hipoteca de, por ejemplo, 600.000 euros, cuando valen ahora 200.000. Al tener que seguir pagando toda la vida, dice este abogado especializado, no les importa correr el riesgo de perder la vivienda. Pero esa posibilidad ha sido un freno a la hora de acogerse a la ley.

El objetivo final es lo que en la jerga judicial se conoce como BEPI, el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho, como el que le han concedido al guipuzcoano que la logrado cancelar la deuda de 27.620 euros que se ha conocido esta semana.

El "riesgo moral"

Esta ley ha estado sujeta a modificaciones. Hasta hace unos meses, era preciso acudir primero al notario, que nombraba un mediador concursal. Se ofrecía un acuerdo a los acreedores, casi siempre con la negativa por respuesta de entidades bancarias que entienden “que existe un riesgo moral”. En el juzgado, el administrador concursal liquidaba los activos del deudor, y el juez se pronunciaba.

Éste ha sido el procedimiento hasta septiembre de este año, que traído buenas noticias para los deudores. Ahora, la vivienda habitual no se liquida, aunque es preciso entrar en un plan de pagos a cinco años. “Es decir, mantienes tu casa, pero durante ese periodo abonas la parte de la deuda que te puedes permitir económicamente”, precisa el abogado donostiarra.

Durante ese periodo, el juzgado puede revisar el caso sin los acreedores lo solicitan ante la sospecha, por ejemplo, de que el deudor no ha obrado de buena fe y ha percibido una herencia o cobrado un premio de la lotería sin comunicarlo.

En el caso contrario, una vez concluidos los cinco años, las deudas desaparecen para siempre. “Si no existe vivienda que se quiera proteger, el plan de pagos es a tres años, hasta donde se pueda abonar. Ua persona que cobre poco más que el Salario Mínimo Interprofesional, actualmente fijado en 1.000 euros, pagará de 100 a 200 euros al mes, y el resto desaparece, aunque no se haya pagada”, explica Dueñas.

La parte negativa de la reforma es que el crédito público, es decir, las deudas con Hacienda y con la Seguridad Social eran exonerables con la antigua ley, mientras que ahora solo se puede cancelar como máximo 10.000 euros para cada una de ellas y de forma independiente.