El pasado 13 de diciembre, la madre de Raúl Fuentes salió temprano de casa para cumplir con su rutina habitual. Tenía 80 años y, prácticamente, todos los días cogía el tren en Orduña, su ciudad de residencia, para bajar a Llodio y hacer recados. “Yo me había ofrecido muchas veces a llevarla en coche o a hacer yo la compra y acercársela hasta casa. Pero ella estaba bien y esas cosas la mantenían activa”, explica con la voz entrecortada. Y es que, ese fatídico día, su ama no regresó a su domicilio. A las 10.30 horas, mientras cruzaba, una vez más como tantas otras, el paso peatonal entre andenes del apeadero de Santa Cruz de Gardea, en Laudio, fue arrollada por un tren de cercanías de la línea C-3 de Renfe que une Orduña con Bilbao.
Más de un mes después de la tragedia, la sensación de Raúl y de su familia es “de abandono”. Ni siquiera “hemos recibido una triste llamada por parte de Renfe, una empresa para la que mi aita trabajó durante 44 años y que, estoy seguro, sabe quiénes somos”, denuncia. Al margen de esa relación, el Real Decreto del 18 de julio de 2014 de asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios recoge el derecho a tener atención psicológica al establecer, en uno de sus artículos, que “las empresas ferroviarias facilitarán a los heridos graves y a los familiares de éstos y de los fallecidos el apoyo psicológico objetivamente necesario para hacer frente y ayudar a superar el accidente”. Raúl lo tiene claro. “Mi madre sufrió un accidente y se tiene que aplicar ese Real Decreto y la ayuda psicológica, en estos casos, es fundamental”, pero insiste en que “a día de hoy, nadie se ha puesto en contacto con nosotros, nadie se ha dignado a llamar. Es inhumano. Y mi aita, que tiene 87 años, está destrozado”.
Donde sí han encontrado apoyo es en la Asociación de Víctimas de Arrollamientos Ferroviarios a la que también pertenece Gonzalo Faustman, el padre de la joven de 19 años, y residente en Arrigorriaga, que en 2016 fue arrollada por un tren de mercancías mientras cruzaba un paso de peatones entre andenes en la cercana estación de Areta, también en Laudio. “Nos están haciendo sentir que no estamos solos. Nos están ayudando mucho”, afirma con agradecimiento.
Mayor seguridad
Precisamente, a raíz de esa desgracia, Faustman impulsó a través de la plataforma change.org una recogida de firmas solicitando al Ministerio de Fomento el soterramiento de los, entonces, 433 pasos sobre las vías de tren que los usuarios deben utilizar para cruzar los andenes. En esa campaña, consiguió 317.600 firmas que entregó el 26 de septiembre de 2017 ante esa administración estatal, el mismo día en el que también mantuvo una reunión con el entonces titular de ese ministerio, Iñigo Gómez de la Serna, en la que le trasladó su preocupación por la falta de seguridad de estos pasos ferroviarios y pidió medidas provisionales para reducir la peligrosidad de esos puntos negros.
Ahora, Raúl Fuentes se ha unido a la causa “para que accidentes como el sufrido por mi madre no vuelvan a ocurrir”. En esa línea, la C-3 que conecta Orduña con Bilbao, “hay muchos, demasiados. En Amurrio, una localidad de 12.000 habitantes, se está eliminando ahora y en Areta se pusieron pasos subterráneos unos años después del accidente de la hija de Gonzalo, pero aún existen en Iñarratxu, Salbio, Luiaondo, Santa Cruz de Gardea, Bakiola, el apeadero de Basauri...”, enumera de memoria sabiendo que se deja más de uno en el tintero.
A su juicio, el riesgo que corren los usuarios de Renfe en estos pasos peatonales sobre las vías “es intolerable en el siglo XXI” y aunque es consciente de que no se pueden construir “pasos soterrados de la noche a la mañana” tiene claro que “hay que reducir los riesgos con medidas efectivas, aunque sean provisionales como barreras o semáforos”. Raúl echa también de menos la figura del Jefe de Estación, “una persona que salvaba vidas, pero a la que están sustituyendo por carteles amarillos pidiendo extremar la precaución al cruzar las vías o por megafonía”.