El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha reabierto por un delito de genocidio en grado de tentativa la causa sobre el atentado de ETA que acabó con la vida en 2000 de dos guardias civiles al estallar la bomba colocada bajo su vehículo oficial en Sallent de Gállego (Huesca).
El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 ha adoptado esta decisión en un auto, al que ha tenido acceso EFE, en el que admite una querella de la Asociación Española contra la Impunidad y para el avance de los Derechos Humanos (AECI) por dos asesinatos terroristas consumados en relación concursal y de conexidad con delito de genocidio en grado de tentativa referido al atentado mortal contra estos dos agentes: Irene Fernández Perera y José Ángel de Jesús Encinas.
El objetivo de la querella, según explica la asociación, es "acreditar el verdadero cariz de lo actuado por ETA como política de genocidio que hasta ahora no ha quedado debidamente reconocido ante los tribunales de justicia en España."
La querella se dirige contra diez dirigentes de ETA, miembros de su comité ejecutivo o ZUBA, y que presuntamente "integraban el vértice y la cadena de mando jerárquico de la organización terrorista al momento de los hechos".
Se trata de Ignacio Miguel Gracia Arregui, Iñaki de Rentería; Javier García Gaztelu, Txapote; Juan Antonio Olarra Guridi, Jon; Ainhoa Múgica Goñi, Olga; Asier Oyarzabal Chapartegui, Baltza: Juan Carlos Iglesias Chouzas, Gadafi; Mikel Albisu, Mikel Antza; Vicente Goicoechea Barandiaran, Willy; Ramón Sagarzazu y Soledad Iparraguirre, Anboto.
Gran parte de ellos están siendo ya investigados en otras causas de ETA que han sido reabiertas recientemente para determinar la responsabilidad de la dirección etarra en la comisión de ciertos asesinatos como los del los concejales del PP Gregorio Ordóñez y Miguel Ángel Blanco.
Sobre el delito de genocidio, la querella apunta a que desde el día 24 de Mayo de 1996 el delito de genocidio "fue el primer delito de todos los delitos reconocido como imprescriptible por nuestro Código penal (...), ello ya 15 años antes de la propia y posterior reforma de la imprescriptibilidad de 2010".
"Ello significa -señala el escrito- que al momento de entrada en vigor de la nueva imprescriptibilidad del delito de genocidio (...)cualquier acto de genocidio perpetrado desde el 24 de Mayo de 1976 (veinte años antes, su precedente plazo de prescripción) aún no se encontraba prescrito al momento de pasar a ser ya imprescriptible".
De este modo, la asociación considera que cualquier presunto acto de genocidio en concurso con asesinato terrorista perpetrado por ETA, "lisa y llanamente no ha podido prescribir por definición".
De hecho defiende que 327 "del total de los 379 asesinatos hoy impunes de ETA no habrían prescrito en realidad, y podrían reabrirse y seguir siendo investigados en cualquier momento de ser correctamente entendida la prescripción de tales cientos de asesinatos y su relación concursal y de conexidad como parte de una política en grado de tentativa de genocidio".
Sostiene en este sentido que los asesinatos "eran un medio para llevar a cabo una más amplia política de genocidio" dirigida, entre otros, a "miembros del 'law enforcement', singularmente y como primer objetivo de la Guardia Civil, como forma de debilitar la protección del grupo perseguido -es aquí donde se insertan los hechos de Sallent de Gállego-", puntualiza.
"ETA -prosigue- atenta en Sallent de Gállego como parte de una larguísima cadena anterior, y que continuaría posteriormente como queda de manifiesto con el siguiente listado de asesinatos consumados, asesinatos selectivos y masacres, contra los hombres y mujeres de la Guardia Civil y hasta respecto de sus propias familias". En ese listado figuran 200 víctimas entre las que también hay quince niños asesinados en atentados contra la Guardia Civil.