Rechazo frontal a la última reforma de la PAC

Cree que acelerará la "uberización" del campo

La Unión Agroganadera de Álava, UAGA, ha dado a conocer la postura de las asociaciones que integran la Coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos (COAG) sobre la reforma de la Política Agraria Común (PAC) ratificada por el consejo de ministros de Agricultura de la UE, destacando que no es justa ni social y acelerará el "proceso de uberización del campo español y europeo".

Señalan que el texto aprobado no responde a "las verdaderas necesidades" del modelo social y profesional agrario, mayoritario en Europa, al abandonar aún más los mecanismos de regulación de mercado. Esto agravará el impacto de la volatilidad de los precios y la espiral alcista de los costes en las rentas de las pequeñas y medianas explotaciones, por lo que "el cierre de explotaciones es un hecho. Un 7% de macroempresas agrarias acapara ya la mitad del valor productivo, según datos del propio Ministerio de Agricultura del año 2020. Y esta nueva PAC acelerará el inquietante proceso de concentración de la producción. Nos jugamos dejar en manos de un puñado de multinacionales y fondos de inversión la soberanía alimentaria de Europa", apuntaba el Secretario General de COAG, Miguel Blanco.

En el capítulo de ayudas, se califica como "galimatías sin sentido" lo que atañe a la definición de "agricultor genuino", que finalmente se aleja del agricultor profesional, que no tendrá prioridad a la hora de acceder a las ayudas redistributivas de la PAC. De hecho consideran que las ayudas pasarán del verdadero profesional, que trabaja directamente en su explotación, a aquellos falsos activos y absentistas que viven fundamentalmente de otras actividades no agrarias.

Respecto a la arquitectura verde, los 28 han acordado destinar un 25% del primer pilar (pagos directos) a los denominados "ecoesquemas", con una flexibilidad en su aplicación muy limitada. COAG opina que "para recuperar ese 25% el agricultor tendrá que afrontar nuevos gastos que el mercado no remunera, con la consiguiente caída de rentas". Además, con el acuerdo entre las instituciones, el 40% de los fondos agrarios iría destinado a medidas medioambientales y climáticas.

Rígido proceso A esto se suma el rígido proceso que se quiere implementar para el desarrollo del Pacto Verde Europeo y la estrategia De la granja a la mesa, sin que paralelamente se hayan impuesto exigencias equivalentes para importaciones de terceros países. Para el sindicato agrario, la UE legitima de esta manera la competencia desleal y el fraude al consumidor que supone esta grave injusticia.

Para COAG, la sostenibilidad medioambiental de la producción agraria, debe estar vinculada siempre a la sostenibilidad económica y social. Es decir, la producción de alimentos en cantidad y calidad suficiente debe ser a precios asequibles para los consumidores y remuneradores para los productores.

En un contexto presente y futuro de aumento de la demanda de alimentos, cree que "resulta suicida" destruir las pequeñas y medianas explotaciones y con ellas a los agricultores profesionales que son las garantes de la seguridad alimentaria.