Reconocen como víctimas de violencia de motivación política a 4 miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas

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La Comisión de Valoración del Gobierno Vasco ha realizado un informe en el que pide que se incluya como víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política a Dionisio Aizpuru Arbelaiz, Pedro Mari Isart Badiola, Rafael Delas Aizkorbe y Jose María Izura Sanz, miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CCAA) muertos por disparos de la Policía Nacional en Pasaia (Gipuzkoa) el 22 de marzo de 1984, según ha informado el colectivo Pasaia Argitu.

En un comunicado, Argitu ha indicado que la Comisión de Valoración ha analizado el expediente tramitado a instancias de los familiares, para el reconocimiento y la reparación que pudiera corresponder por los hechos ocurridos a Dionisio Aizpuru Arbelaiz, Pedro Mari Isart Badiola, Rafael Delas Aizkorbe y Jose Maria Izura Sanz en Pasaia (Gipuzkoa) el 22 de marzo de 1984, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco y demás legislación concordante.

El informe que ha realizado la Comisión de valoración del Gobierno Vasco, según ha precisado Argitu, recoge que "las autopsias, la ausencia de pruebas que determinaran el uso de las armas por los cuatro jóvenes acribillados, las evidentes contradicciones en el relato oficial y los testimonios y datos periféricos que las ponen objetivamente en duda, junto a la constante negativa por parte de las autoridades policiales a revelar la identidad de los agentes responsable de ordenar y/o participar materialmente en los hechos, así como sus repetidas maniobras para demorar, obstaculizar y ocultar las informaciones requeridas en el proceso, son todos factores que acumulan un conjunto de presunciones de hecho que militan abrumadoramente a favor de una operación policial que escala a ejecución extrajudicial".

Además, indica que la propia pericial médica que acompaña el expediente "constata asimismo elementos que confirman y aumentan el estándar de probabilidades (tiros de gracia, número, 18 tipo y trayectoria de proyectiles, ausencia de investigación y de indicios de enfrentamiento), para determinar la existencia de una ejecución extrajudicial".

Por ello, apunta que "se desprende de los hechos que cuatro personas perdieron la vida como resultado de la acción deliberada/planificada con mucha antelación de la policía, y que la privación de la vida fue intencional". "La existencia de tres víctimas con tiro en la nuca características de los tiros de gracia ahonda la preocupación en este sentido", agrega.

El estudio continúa señalando que la investigación del caso es "deficiente" al no haberse practicado el examen de la escena, el acto de levantamiento de cadáver es "deficiente, ni se practica el examen de la ropa ni estudios criminalísticos ni de balística. Ni tampoco se practicó estudio de residuos de disparo en las manos de la víctima".

A su juicio, esta ausencia de actividad probatoria "pone muy en tela de juicio que las personas de la embarcación llegaran a usar sus armas de fuego". "La ausencia de una actitud proactiva en el impulso de la investigación judicial se infiere con claridad... Lejos de mantener una actitud proactiva para el esclarecimiento de los hechos, la Fiscalía se opone prácticamente siempre a la práctica de cualquier diligencia de investigación dirigida a la identificación de los agentes que participaron en el dispositivo y a la aclaración de los hechos acaecidos en Pasaia el 22 de marzo de 1984", añade.

Asimismo, la Comisión insta al Gobierno Vasco y al Parlamento Vasco a que, en consideración al deber público para con la memoria de estas víctimas, se incluyan a Dionisio Aizpuru Arbelaiz, Pedro Mari Isart Badiola, Rafael Delas Aizkorbe y Jose María Izura Sanz en todas aquellas actividades individuales o colectivas de reconocimiento de su condición de víctima, y de la "injusticia del sufrimiento padecido".

Igualmente, recomienda al Gobierno Vasco y al Parlamento Vasco que se dirijan a las instituciones del Estado para que actúen en idéntico sentido, "habida cuenta de la responsabilidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del mismo en los hechos analizados".