Es abogado en Ginebra en un despacho especializado en derecho internacional. Habla perfecto castellano. Este suizo, nacido en 1986, lleva años trabajando con organizaciones vascas de defensa de derechos humanos. “He llevado varios casos al Tribunal Europeo, al Comité contra la Tortura y al Comité de la ONU”, explica. “Unos se ganaron y otros están pendientes”, añade sin darle más realce. Dice que “la verdad” pasa por el reconocimiento de la sociedad” de que hubo “un problema muy grave de tortura”. Piensa que “en este país” la mayoría social está transitando ese camino. Un paso que valora “muy importante”, “consecuencia de un trabajo imprescindible que hacen las víctimas”. Pero además, recuerda, se requiere “voluntad política”: justicia y reparación por parte de un Estado responsable “de protegernos” y de no caer en la “barbarie”.
Estrasburgo ofrece garantías o contrapesos, pero en procesos largos.
–Son procedimientos muy largos, pero los mecanismos internacionales son muchos más. Hay órganos de Naciones Unidas que recogen las informaciones de la sociedad civil, y van interpelando al Estado español. La gran mayoría de críticas a la utilización de la tortura y la falta de protección han llegado así. Esos informes influencian las decisiones de Estrasburgo. Para que la comunidad internacional reconozca un problema, tendría que trabajar ante organizaciones de derechos humanos. Una vez ganas en Estrasburgo es un reconocimiento importante, no siempre lo haces, cuesta mucho llegar, pero ganar puede tener un impacto significativo.
El Estado tiene muchas armas para que el proceso no le vaya mal.
–Cuando tienes un Estado enfrente empieza por ser una relación de fuerza desfavorable, pero cuando ganas, esto le da más importancia a tu victoria y a su impacto. Para llegar a Estrasburgo se tienen que agotar las vías internas. Esto puede tardar muchos años. Y ahí, el Estado tiene mecanismos para retardar. En Estrasburgo, puedes tardar también muchos años para conseguir una decisión. Pero hay un proceso cuyo objetivo principal es que se reconozca la existencia de la tortura en este país. Que sea dentro de 8 años, de 10 o de 15, esta decisión será esencial para construir un futuro distinto y evitar la repetición.
“ Hay personas en el aparato del Estado con gran responsabilidad en la protección de los derechos y manchas muy importantes ”
¿Su idea de la justicia española?
–Hay gente con sensibilidades muy humanistas, jueces de la Audiencia Nacional que hacen opiniones disidentes muy progresistas en defensa de derechos humanos, pero muchos otros que toman decisiones ilegales fundadas en su posicionamiento político más que en la defensa de los derechos fundamentales. Nunca he leído decisiones tan políticas y tan poco jurídicas como en casos importantes de la justicia española. Por ejemplo, en el caso catalán del 1-O, cuando los jueces explican que los policías han pegado a los manifestantes, pero porque estaban defendiendo la Constitución. Para muchos jueces, la unidad territorial es lo más importante.
Háblenos de casos vascos.
–He colaborado con organizaciones de defensa de derechos humanos en el País Vasco y con presos y presas y familiares para llevar sus casos delante de una jurisdicción internacional. Siempre con colegas de aquí que hacen un trabajo increíble. Muchas veces se dice: ha venido el abogado suizo y ha ganado el caso. La mayoría de las veces di una pequeña contribución, pero el caso lo ganaron abogadas y abogados de aquí, que hacen un trabajo mucho más importante que el mío. Ganamos varios casos. El Tribunal Europeo reconoció, de manera casi sistemática, que no hubo una investigación efectiva sobre alegaciones de tortura. Uno de los argumentos del Estado y del Gobierno es que no admitieron las torturas. Pero es evidente que si no las investigan y hacen todo para encubrirla, ¿cómo vamos a poder conseguir las pruebas para que se reconozca?
Algunos de esos fallos apuntaban a Marlaska, hoy ministro del Interior.
–Es preocupante que una persona que fue juez de instrucción en situaciones donde a nivel internacional se ha reconocido que hubo una vulneración muy grave de derechos fundamentales, sea escogida como ministro. Y que no haya reconocido su responsabilidad de alguna manera o dado algún paso para participar en la reparación y en este proceso que, entiendo, es de reconocimiento de todas las vulneraciones y de todas las víctimas, es muy preocupante también. Hay una negación de unas situaciones objetivas reconocidas por instituciones internacionales. Y personas en el aparato del Estado que tienen gran responsabilidad en la protección de los derechos fundamentales de todos y todas, con unas manchas muy importantes en su carrera.