No ha sido la primera vez que se monta un operativo de esta naturaleza. El anterior, en el otoño de 2019, Bizkaia también fue un punto caliente. Esta vez han sido unos sesenta los establecimientos de hostelería investigados por piratear la señal de partidos de fútbol; en la otra fueron algunos más, entre ochenta y un centenar, según acertaban a recordar fuentes conocedoras de aquel suceso. El resultado en ambos casos se resuelve con la toma de declaración de los responsables del bar en cuestión en sede policial y con la presencia de un abogado porque se trata de una causa penal.
La imputación es por un delito contra la propiedad intelectual que en la mayoría de las ocasiones se zanja con una multa económica de entre 300 y 600 euros, aunque en los supuestos más graves esa cantidad puede ser mucho mayor. Eso sí, también se abren antecedentes en la biografía de esa persona, con lo que eso supone por ejemplo cuando se quiere optar a un empleo público.
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Esta vez se han visto envueltos alrededor de 60 locales de hostelería. Todos ellos atraídos por el deseo de contentar a la clientela los días de partido y, claro está, hacer caja. Y no han sido los únicos involucrados. La redada en cuestión no se ha circunscrito al Territorio Histórico. De hecho, la mayoría de las grandes ciudades españolas también se han visto salpicadas por este suceso. Los casos en Sevilla, Málaga, Córdoba, Zaragoza, Valladolid, Murcia, Gijón, Madrid, Barcelona, Vigo, Palma de Mallorca y Las Palmas se suman a los vizcainos.
Los hechos ahora investigados se remontan a este pasado mes de enero. En concreto, se actuó en respuesta a una denuncia interpuesta por La Liga en la que se alegaba que esos establecimientos estarían distribuyendo de forma ilícita la señal de partidos de fútbol de equipos que toman parte en esa competición. Es decir, sin la pertinente autorización de los propietarios de ese contenido audiovisual y la pertinente licencia.
En el transcurso de la investigación, los agentes de la Policía Nacional llevaron a cabo las comprobaciones oportunas de los establecimientos comerciales que emitían partidos de fútbol de las competiciones La Liga Santander y UEFA Champions League. ¿Cómo? De la forma más sencilla e inocente. Tal y como apuntan fuentes conocedoras del procedimiento, la persona que asume esas labores detectivescas acude un día de partido al bar sobre el que se tienen sospechas, pide una consumición y el ticket correspondiente para dejar constancia del nombre del establecimiento, la fecha y la hora y -esto es lo más complicado en esa investigación de campo- saca una fotografía del televisor en el que se está emitiendo el encuentro deportivo para tener una prueba gráfica de cómo en la pantalla no aparece el código que debería.
Tecnología antipirateo
Este sería un eslabón más -formado por algo más de medio centenar de personas que viajan constantemente de un lugar a otro en busca de pícaros del fútbol- de la cadena tecnológica antipirateo que tiene desplegada ese gran ente que todo lo controla. Porque La Liga, efectivamente, dispone de herramientas tecnológicas de última generación y de avanzados softwares para perseguir esta práctica. Los últimos datos publicados confirman que su efectividad es alta: las visualizaciones ilegales se redujeron casi un 20% en la temporada 2020/2021 con respecto a la competición de 2019/2020.
Esos antivirus de La Liga no tienen solo a los bares en su punto de mira. De hecho, las plataformas de mensajería instantánea y las redes sociales no escapan al bloqueo de vídeos de La Liga y de la UEFA Champions League. Estos dos grandes reclamos futbolísticos disparan los aforos de los bares -y más si el Athletic es uno de los equipos sobre el terreno de juego- y ahora, con el fin de las restricciones motivadas por la crisis sanitaria de la covid-19, han vuelto a la palestra pública. Aunque el deporte rey no ha parado en este tiempo, las inspecciones y actuaciones policiales sí que parece que se congelaron durante la pandemia y se han vuelto a reactivar a instancias de La Liga.
En esta ocasión, con los casos detectados en Bizkaia y en otras comunidades se estima que el perjuicio económico ocasionado a los titulares del contenido audiovisual distribuido ilegalmente asciende a 1.066.386 euros según indicaban fuentes de la Policía Nacional. El contenido de la denuncia deja claro que con esta forma de proceder ilícita -que en cualquier caso ha ido disminuyendo con el paso de los años- los locales de hostelería investigados "obtenían un beneficio económico fraudulento ya que ofrecían la posibilidad de ver eventos deportivos, únicamente emitidos a través de canales codificados que les hacía poseedores de un servicio extra que otros establecimientos no ofrecían". Algunos estudios señalan que pueden hasta doblar la recaudación habitual; claro está en función del partido y de otros factores. Así las cosas, a los titulares de esos alrededor de sesenta establecimientos de hostelería vizcainos investigados, se les imputa un delito contra la propiedad intelectual como presuntos responsables de distribuir el contenido audiovisual de manera fraudulenta.