El PP, Vox, Ciudadanos, JxCat y UPN han registrado en el Senado sendos vetos a la proposición de ley impulsada por la coalición de Gobierno que deroga la sedición, rebaja penas por malversación y reforma el sistema de renovación de magistrados del Constitucional, tribunal que sigue estudiando si paraliza este último punto.
En una tramitación exprés tras superar la votación del Congreso, el plazo para presentar vetos y enmiendas en la Cámara Alta ha concluido a las 14.00 horas. Mañana martes a las 9.00 está previsto que se reúnan la ponencia y la Comisión de Justicia para emitir su dictamen, con el fin de que la reforma llegue al pleno el jueves.
Si no se admite ninguna de las 55 enmiendas presentadas, la iniciativa quedaría lista para su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
En su veto, el PP alerta de que la proposición es "un intento por liquidar el Estado de derecho" y avisa de que lo recurrirá ante el Constitucional.
"Legislar reescribiendo las sentencias del Supremo y a favor de que el Gobierno ocupe el Poder Judicial es una ofensa inadmisible al pueblo español y al Pacto de la Transición", denuncia el grupo popular, que tacha de "fraude de ley" una tramitación urgente sin contar con informes de los órganos consultivos.
Considera "evidente" que se deroga la sedición para que "los delincuentes condenados por este delito y parcialmente indultados, puedan participar en los próximos procesos electorales" y estima que la rebaja de penas por malversación es "un incomprensible paso atrás en la lucha contra la corrupción". A su entender, las enmiendas introducidas para forzar la renovación del Constitucional son además "claramente inconstitucionales", con el único objetivo de atender al interés del partido en el Gobierno. Para Vox, esas enmiendas para reformar las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Constitucional son también "manifiestamente inconstitucionales" y suponen "uno de los atropellos más inadmisibles de los anales del parlamentarismo español".
En su veto, la formación que lidera Santiago Abascal afirma que la reforma penal de la sedición y la malversación "puede suponer un gravísimo riesgo en el futuro para España y para el Estado de Derecho", al margen de que aumentará la percepción de impunidad de los corruptos.
Ciudadanos no solo propone paralizar la reforma, sino ampliar el castigo a comportamientos sediciosos o rebeldes e incluso evitar su prescripción si el procesado huye.
Para UPN, resulta "inadmisible, injustificado e inaceptable" una modificación penal destinada a solventar situaciones de personas concretas.
Desde posiciones opuestas, Junts rechaza un reforma que no despenaliza lo ocurrido el 1-O y que, alerta, sigue criminalizando el ejercicio de libertades públicas y derechos fundamentales.