Bruselas – El Consejo Europeo aprobó ayer un acuerdo entre los Veintisiete y el Reino Unido sobre las posibilidades de pesca para 2022, lo que facilitará a la flota comunitaria continuar con sus capturas en el Atlántico y el Mar del Norte. El acuerdo establece los derechos de pesca de cerca de un centenar de poblaciones compartidas en aguas de la UE y el Reino Unido, incluido el límite de captura total permisible (TAC) para cada especie.
Así, este acuerdo supondrá una rebaja del 20% en el cupo de merluza del norte (Gran Sol) para España y de jurel cantábrico, pero incrementará los de rape y de gallo. Según este pacto, los barcos del Estado español verán reducida su cuota de merluza, especie de mayor valor comercial, en aguas del norte (francesas, irlandesas y británicas) y un 12,5% de contingente de captura de jurel (chicharro) del Cantábrico. Pero los buques se beneficiarán de un incremento del 8% en rape y del 7% en gallo en algunos caladeros del norte, como el Gran Sol, según informó este miércoles el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).
En el Consejo de Agricultura y Pesca de los días 12 y 13 de diciembre, los ministros establecieron TAC provisionales para los recursos compartidos, a la espera del resultado de las consultas entre las partes. Asimismo, los límites de captura fijados "se modificarán para tener en cuenta el nuevo acuerdo", indicó el Consejo, que no dio más detalles del acuerdo.
Según Joze Podgorsek, ministro de Agricultura de Eslovenia, país que ejerce la Presidencia semestral del Consejo de la UE, "la conclusión de las consultas de este año sobre las poblaciones de peces compartidas sienta un buen precedente para futuras negociaciones con el Reino Unido". El reglamento sobre posibilidades de pesca para 2022, incluida la enmienda que contiene las cuotas finales, deberá ser ultimado por los expertos jurídicos y traducido a todos los idiomas del bloque. Y entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2022.
Acuerdos anuales
Tras la retirada del Reino Unido de la UE, las poblaciones de peces gestionadas conjuntamente por la UE y el Reino Unido se consideran recursos compartidos según el derecho internacional. El Acuerdo de Comercio y Cooperación entre las dos partes establece los términos bajo los cuales la UE y el Reino Unido determinan sus respectivos derechos de pesca en el Atlántico y el Mar del Norte.
En el marco de ese pacto, ambas partes acuerdan mantener conversaciones anuales para fijar los TAC y las cuotas para el año siguiente. Las consultas, dirigidas por la Comisión, tienen en cuenta una serie de factores, entre ellos la necesidad de respetar el rendimiento máximo sostenible recomendado (RMS) para cada especie, para garantizar la sostenibilidad a largo plazo, tener en cuenta el mejor asesoramiento científico disponible y seguir un enfoque de precaución cuando dicho asesoramiento no esté disponible.
El pacto se alcanzó el mismo día en que Londres firmo un acuerdo pesquero separado con Noruega, que no es miembro de la UE y también negocia con Bruselas sobre los recursos pesqueros compartidos.
En tanto, organizaciones civiles criticaron el acuerdo por considerarlo insustentable. "Igual que antes del brexit, continúan priorizando intereses comerciales de corto plazo sobre la sustentabilidad de largo plazo para los pescados y los pescadores", reclamó la ONG ClientEarth en un comunicado.
Por otro lado, permanece sin solución la disputa entre Reino Unido y Francia por las licencias de pesca para barcos en aguas británicas. Londres ha otorgado a regañadientes muchas de las licencias exigidas por Francia y la Comisión Europea, pero los pescadores franceses se quejan de que hay decenas pendientes, por lo que París pidió a Bruselas abrir un litigio contra Reino Unido.
Contencioso. Francia ha obtenido algo más de 1.000 licencias para que sus pescadores puedan faenar en aguas británicas, pero reclama un centenar más a las que considera que tiene derecho en virtud de los acuerdos del Brexit. El Reino Unido y dependencias de la Corona británica como la isla de Jersey, en el canal de la Mancha, han denegado permisos a algunas embarcaciones francesas que no han podido demostrar que ya faenaban en esa zona antes de la salida británica de la UE.