El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunirá de urgencia el próximo lunes para abordar la maniobra con la que el PSOE pretende forzar un vuelco progresista en el Tribunal Constitucional (TC) con la renovación de los cuatro magistrados cuyo mandato caducó el 12 de junio. Sucede en un contexto de parálisis institucional sin precedentes en la democracia y que afecta a la Justicia, con el Supremo al borde del colapso, el Constitucional sin poder renovarse y el CGPJ en funciones y bloqueado desde hace tres años y medio. Todo, por la falta de un acuerdo político PSOE-PP. Son varias las claves que resumen una situación enquistada desde 2018 que se ha ido agravando en las últimas semanas.
El origen de todo parte del bloqueo del CGPJ, en funciones desde el 4 de diciembre de 2018. Todo un récord en la historia del órgano, cuya composición actual data de la arquitectura parlamentaria de 2013, es decir, de la primera legislatura de Mariano Rajoy. La “falta de voluntad” por alcanzar un acuerdo entre las dos principales fuerzas mantiene el problema enquistado. PSOE y PP arremeten el uno contra el otro para descargar toda la responsabilidad en una cuestión que levanta ampollas en Europa. La “lucha partidista”, como dice el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, gana terreno ya al cumplimiento de la legalidad. Desde el origen, el CGPJ insiste, sin éxito, en poner fin a este “incumplimiento de la legalidad”. Ya nadie tira balones fuera, todos los actores reconocen que están incumpliendo la normativa, el último de ellos el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Otra cosa es el grado de responsabilidad que admitan. Porque la Constitución fija un mandato de cinco años y la Ley Orgánica recoge que el CGPJ se renueva en su totalidad, una vez transcurridos los cinco años de mandato.
El Gobierno de Sánchez ha barajado mil formulas para desbloquear la renovación. Cambiar el sistema de elección para que fuera por mayoría absoluta, descartado por los recelos de Bruselas y como “gesto” al PP. Luego, la reforma para prohibir los nombramientos del Consejo en funciones. Y ahora pretende revocar en parte esa misma ley para conseguir su mayoría en el Constitucional. Ha optado por las vías del acuerdo y del diálogo pero también por la amenaza y la presión al PP. Sin éxito.
las condiciones del pp
Como en toda negociación, el PP puso sus condiciones sobre la mesa. En un principio se negó abordar la renovación si un partido “radical” como Podemos tenía “cualquier papel” en ella. Los indultos del procés y los acuerdos con ERC o Bildu pusieron más piedras en el camino. Después, exigió una reforma de la ley para que sean los jueces quienes elijan a la mayoría de los vocales. Hoy, cuando todo parecía despejado tras las elecciones andaluzas, los puentes están rotos tras la última maniobra de Sánchez. Por eso, el PP suma dos nuevas condiciones para retomar el diálogo: que el PSOE retire la reforma para que el CGPJ sí nombre en funciones a los dos magistrados que le corresponden para el Constitucional o que la amplíe para extender los nombramientos al Supremo.
La reforma impulsada por PSOE y UP para impedir los nombramientos cuando el CGPJ esté en funciones levanta ampollas en la carrera y el veto lo sufre como nadie el Supremo. Si hace meses advertía del “colapso” del tribunal, ahora la Sala de Gobierno ha alertado al Senado y al Congreso por carta de que la situación es “insostenible” y de las “dificultades extraordinarias para su funcionamiento” por ser imposible cubrir las vacantes.
Estas parálisis institucional tiene su eco en Europa, que no mira de reojo lo que ocurre en el Estado español. Son constantes los requerimientos para renovar y reformar el CGPJ. El último hace dos semanas, cuando la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, alentó una solución que sea “lo más neutral e independiente posible, no politizada”. La comisaria recordó que en casi todos los Estado miembros son los jueces quienes eligen a ese órgano y no los partidos políticos, que es precisamente la estrategia que predica el PP.
la autoenmienda del psoe
El pasado 12 de junio venció el mandato de cuatro magistrados del TC, dos de los cuales deben ser nombrados por el Gobierno y otros dos por el CGPJ, que no puede al estar en funciones. El PSOE echó un pulso al Constitucional lanzando la idea de que podía nombrar a sus magistrados y que tomaran posesión, pero desde el tribunal de garantías no hay debate posible, se renueva por tercios. La amenaza de una crisis institucional entre Gobierno y TC llevó al Ejecutivo a maniobrar con una proposición de ley para sortear el bloqueo del Consejo para así nombrar a dos magistrados del TC y garantizarse la ansiada mayoría progresista en el tribunal de garantías en una etapa clave del Constitucional, que deberá fiscalizar a corto plazo la agenda social de Pedro Sánchez. Un último capítulo que amenaza con implosionarlo absolutamente todo. l
cruce de reproches
resquebrajado el puente con feijóo
l Ambiente caldeado. El enquistamiento va camino de la implosión. Porque el puente con Feijóo se ha roto. Porque Podemos reprocha a Sánchez su unilateralidad. Porque el Supremo ve como la renovación del Consejo quedará en el aire y sus vacantes sin cubrir. Porque el ambiente se ha caldeado en el CGPJ con un grupo liderado por nueve vocales conservadores que se ha movilizado contra la reforma de Sánchez. Porque las asociaciones miran nuevamente a Europa en busca de amparo y vuelven a la carga con su enésima petición para reformar el sistema de elección. Porque la Comisión Europa previsiblemente volverá a tirar de las orejas al Estado en su inminente informe sobre el Estado de Derecho en España. Y en este contexto, desde el martes 12 y hasta el jueves 14, y siete años después, se celebra el Debate sobre el Estado de la Nación.