Cuanto más tarde nos jubilemos, más riesgo tenemos de morir de forma temprana. Basta con retrasar la jubilación un año para que este riesgo se incremente, según concluye un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).
La edad de jubilación efectiva ha llegado a los 65,2 años en 2024 debido al aumento de trabajadores que se retiran a la edad ordinaria, tras la disminución de las jubilaciones anticipadas involuntarias que crecieron durante los años de la crisis financiera por los despidos.
Desde la reforma del sistema de pensiones en 2013, la edad legal de jubilación ordinaria se ha elevado un mes por cada año hasta 2018 y a partir de ese año dos meses. Un incremento progresivo hasta alcanzar el objetivo de que nos jubilemos a los 67 años desde 2027.
Experimento
El estudio de Fedea parte de una reforma de 1967 a modo de experimento que modificó la edad de jubilación anticipada en España en función de la fecha en la que se comenzó a cotizar al sistema, endureciendo el acceso a la misma para un grupo determinado de trabajadores. Aquellos que comenzaron a cotizar “antes del 1 de enero de 1967 podían jubilarse voluntariamente a partir de los 60, mientras que el resto (con algunas excepciones) tenían que esperar hasta los 65”, explica.
La base del estudio es un extenso archivo de datos administrativos sobre historiales laborales de individuos nacidos de 1935 a 1955 a los que tuvieron acceso los autores y del que se deduce que “retrasar un año la salida del mercado laboral aumenta significativamente el riesgo de morir entre los 60 y los 69 años”.
Este riesgo se concentra sobre todo en aquellas profesiones más exigentes físicamente y las sujetas a un mayor nivel de estrés emocional y mental, y se reduce en los trabajadores que tienen acceso a mecanismos de jubilación parcial que les permiten reducir sus horas de trabajo a partir de determinada edad.
En este contexto, la reforma en sí no es económicamente beneficiosa en el sentido más amplio del bienestar social en cuanto que los ahorros fiscales derivados del retraso en la jubilación y la reducción de la duración de los pagos de las pensiones “no compensan la pérdida social asociada a la reducción de la esperanza de vida”.
Por ello, Fedea advierte de la necesidad de diseñar políticas de jubilación que tengan en cuenta los efectos sobre la salud de los trabajadores.