Ni se retira, ni se aplaza su puesta en marcha. El decreto de la vicepresidenta Teresa Ribera con medidas para ahorrar energía y prepararse ante un posible corte del suministro del gas en Rusia va a entrar en vigor este miércoles. No hay marcha atrás. La ministra de Transición Ecológica ha evitado este lunes en su reunión con los consejeros autonómicos realizar cualquier movimiento que se interpretara como una señal de debilidad o rectificación ante la intensa campaña del PP y, en especial, de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Las comunidades de Madrid, Andalucía, Murcia, Galicia y Castilla y León pidieron la retirada tras una semana de cuchilladas de Ayuso a Ribera que ha embarrado un debate que debería haber sido técnico y lo ha politizado, hasta el extremo de complicar también la situación a gobiernos como el vasco o el catalán, que planteaban otro tipo de objeciones pero han tenido que medir sus discursos para que no se interpretara que forman parte de la misma estrategia y cuestionan la eficiencia energética. El Govern sí llegó a pedir una moratoria, pero tampoco se ha aceptado. La consejera vasca Arantxa Tapia terminó con mejor sabor de boca: su tesis de la flexibilidad por sectores gana enteros.
En la conferencia sectorial convocada sobre la bocina, Ribera abrió dos resquicios. Por un lado, quiso ofrecer otra vez "flexibilidad" para aplicar el decreto, sobre todo, en los pequeños comercios (no tanto en los centros comerciales). Se refería en esencia a la temperatura del aire acondicionado, y es una cuestión que le había pedido Arantxa Tapia. Planteó que sean las comunidades autónomas las que decidan dónde se dan las condiciones que puedan "permitir un termostato diferente", por ejemplo, como ya anunció la semana pasada, situando el aire en los bares y restaurantes en 25 grados y no 27 por seguridad laboral; flexibilizando la temperatura en lugares de trabajo no sedentarios; o "excepcionando" los hornos y comercios que deban estar refrigerados, como las pastelerías, por seguridad alimentaria. Los socialistas apuntan que la guía la marcan los planes de evaluación de riesgos laborales en las empresas, que existían de antemano y que el decreto en ningún momento ha querido anular porque ya establecía excepciones. La tesis de la flexibilidad por sectores la defendió la consejera Arantxa Tapia desde el Gobierno vasco desde el primer momento y ahora Ribera confluye en el mismo discurso.
Se mantienen en pie las multas de entre 60.000 y 100 millones de euros a pesar de las dudas sobre su seguridad jurídica, si bien Ribera trató de matizar que "no es una norma que persiga sancionar". Está por ver si insinúa que no se va a exigir un gran celo o fiscalizar activamente los termómetros y el alumbrado de los escaparates, que deberán apagarse a las 22.00 horas.
Pero, por otro lado, lo que sí ofreció Ribera, mirando ya al futuro, es la oportunidad de acordar el plan de contingencia que será enviado a la Unión Europea en septiembre. Este plan ofrece una segunda oportunidad para que el Gobierno español reconduzca la situación con las comunidades autónomas y, esta vez sí, exista un diálogo previo que evite las fricciones que han surgido con el decreto y corrija así su actuación unilateral. El Gobierno vasco ya tiene la mirada puesta en ese segundo hito y da por cerrada la carpeta del decreto, que tendrá que aplicarse. La vicepresidenta confirmó que quiere recibir aportaciones hasta el 31 de agosto, y que podrán plantearse medidas a más largo plazo en cuestiones como el cambio de combustibles.
Ribera se escuda en evitar males mayores a los hogares y cortes en la industria
El Gobierno de Sánchez sigue defendiendo que ha habido diálogo con las comunidades, aunque el PP sostiene que, antes de que presentara el decreto, solo habló de medidas para la administración pública y, de sopetón, unos días después, el Consejo de Ministros aprobaba un decreto con multas y medidas para el sector privado que debía aplicarse tan solo una semana después, sin margen para abordarlo con los sectores implicados.
Ribera, por su parte, descartó retirar el decreto, aprobar una moratoria en su aplicación o exonerar al sector privado. Se negó a la retirada con el argumento de que el decreto evitará males mayores, como restringir la calefacción o el aire en los domicilios de los ciudadanos, o aprobar cortes de energía en la industria. El PP de Feijóo había reconocido hace unas semanas que es necesaro aprobar planes de contingencia, pero finalmente se ha dejado arrastrar por Ayuso en su campaña de insumisión. Este lunes ha optado por dejar libertad a sus comunidades para que recurran o no el decreto, y Madrid fue la primera en anunciar que acudirá al Tribunal Constitucional. Pero Ribera afronta la situación con calma porque "ninguna comunidad ha dicho expresamente que no va a cumplir el decreto". También rechazó una moratoria con el argumento de que supondría aprobar un nuevo decreto ley, y aclaró que Catalunya no estaría preocupada por el fondo y los objetivos, sino por las dificultades para que pequeños comercios se ajusten a las nuevas obligaciones.
Sánchez pide unidad al PP: "Pero predico en el desierto"
La vicepresidenta defendió el "compromiso con la Unión Europea" para reducir el consumo energético un 7%. Desde Canarias, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, también pidió "unidad, responsabilidad y solidaridad con los pueblos que son mucho más vulnerables al chantaje energético", aunque dijo que está "predicando en el desierto con el PP", al que acusó de practicar la oposición "de siempre, destructiva, que bloquea, negacionista, que no piensa en que necesitamos unidad". "El Gobierno de España ha estado en contacto con las comunidades y el sector privado antes de la aprobación de este decreto ley. Yo le pediría al PP esto, unidad, responsabilidad y solidaridad", defendió, para añadir que "las leyes se cumplen". Pidió sumarse al esfuerzo que reclama la Unión Europea.